Gobierno alista ofensiva por seguridad y se enfrenta a Fiscalía

Una fuerte ofensiva para incrementar la incautación de armas ilegales e incentivar la entrega de éstas por parte de la ciudadanía prepara por estos días el gobierno, según dijo ayer el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

El jefe de gabinete explicó a La Tercera que "el gobierno pondrá énfasis en este tema, investigando posibles fuentes a través de cómo llegan a la ciudadanía, sin descartar el tráfico ilegal dentro del país, la venta ilegal o ingreso a través de pasos fronterizos al país". "Estamos empeñados en conseguir una disminución efectiva de estas armas, para lo cual vamos a plantear también iniciativas no legislativas que incentiven la entrega de las armas por parte de la ciudadanía", agregó el secretario de Estado.

El nuevo plan del Ejecutivo se produce en medio de una fuerte polémica entre el propio Hinzpeter y el fiscal nacional, Sabas Chahuán.

El martes, el ministro del Interior había pedido a Chahuán "dar una explicación al país" por la decisión del Ministerio Público de calificar como "testigos" a tres personas detenidas el lunes tras la muerte de un menor por un balazo en Quilicura, sin pedir su detención preventiva (ver página 3).

Ayer, Chahuán defendió el rol de la Fiscalía Centro Norte en este caso, destacando la autonomía del Ministerio Público.

Ante esto, un par de horas después, Hinzpeter reiteró sus cuestionamientos. "¿Có-mo van a ser testigos personas que se juntaron con el formalizado por homicidio, se concertaron para una determinada actividad, que terminó con la muerte de una persona, luego tomaron el cuerpo de la persona que falleció y la fueron a dejar tirada a un hospital, tomaron un auto y todos juntos intentaron escapar de Carabineros de Chile", señaló el jefe de gabinete en La Moneda.

Más allá del crimen específico en Quilicura, la arremetida de Hinzpeter se produjo tres días después de que La Moneda comenzara a recibir fuertes cuestionamientos tras haber revelado el lunes un informe que establece que la delincuencia aumentó en 10% durante el tercer trimestre del año, con un alza de 17,9% de los robos con intimidación.

Las críticas por estas cifras tensionaron aún más un debate que venía desde varias semanas atrás: el gobierno había lanzado cuestionamientos a los jueces, por el bajo número de detenciones tras los daños y destrozos por las protestas estudiantiles.

Así, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, se había enfrascado en una dura polémica con la Corte Suprema, luego de decir que el gobierno consideraría los fallos de los magistrados para decidir sus ascensos. Esto, luego de que el ministro Andrés Chadwick (Segegob) criticara que los jueves dejaban en libertad a la mayor parte de los detenidos en las marchas (ver recuadros).

En ese contexto, ayer, Hinzpeter señaló también que "cuando hablamos de delincuencia no corresponde que todos los dedos apunten simplemente al gobierno, hay otros actores que también deben cumplir con su responsabilidad".

El alza en las cifras de delincuencia ha complicado al gobierno de Sebastián Piñera, quien durante la campaña presidencial definió la lucha en esta área como una de sus prioridades.

Así, el lunes, en la reunión de comité político en Palacio, hubo cuestionamientos desde el propio oficialismo. En dicha cita, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, pidió explicaciones a Hinzpeter por el alza de los delitos.

Ante esto, el ministro señaló que este aumento estaba directamente relacionado con las protestas estudiantiles. En esa línea, indicó que Carabineros debe asignar uno de cada tres funcionarios policiales a las marchas. Y que los delitos aumentan en un 25% en días de protesta.

Además, la polémica con la Fiscalía está cruzada por otra disputa, ligada al presupuesto de esta última institución. Desde hace meses, Chahuán ha pedido públicamente un aumento de los recursos y señalado que el Ministerio Público está funcionando al límite de su capacidad.

Los reclamos de Chahuán se intensificaron luego de que el gobierno entregara un incremento de 0,04% al Ministerio Público en la Ley de Presupuesto 2012.

El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, señaló, el 21 de octubre, que el gobierno evaluaría los fallos de los magistrados a la hora de establecer sus promociones. Siete días después, el ministro aseguró que no se arrepentía de sus dichos.

El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, replicó que los jueces están para respetar el Estado de Derecho. El pleno de la Corte Suprema emitió un acta el viernes 28, que envió al Presidente, para manifestar su molestia con el titular de Justicia.

Tras inaugurar un centro de justicia en Rancagua, el viernes 4, Ribera señaló que no existe ningún tema que divida o genere diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El ministro aseguró que los une una agenda de futuro.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, replicó que "el ministro ha indicado que su intención no ha sido en lo más mínimo quebrantar la independencia. Dimos por superado eso, yo ya me olvidé del tema y hay que mirar para adelante".

Ayer, el ministro Hinzpeter criticó el desempeño del Ministerio Público, argumentando que "la pega no es sólo nuestra, los jueces y los fiscales también son parte del sistema y muchas veces vemos errores que no comprendo". Las palabras del titular de Interior generaron la inmediata réplica del fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien dijo que "la prevención del delito y el orden público son responsabilidad del gobierno que está en el poder".