Gobierno analizará casos de uniformados con condenas

"Vamos a revisar caso a caso las situaciones", dijo ayer el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, en relación con los uniformados activos, pertenecientes a alguna rama de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, que han sido condenados por un tribunal de Justicia y que actualmente permanecen en sus funciones.

A través de la Ley de Transparencia, La Tercera accedió a informes elaborados por cuatro de las seis instituciones uniformadas del país. Según estos documentos, entre los años 2000 y 2013, un total de 408 funcionarios han recibido sentencia por diferentes delitos, que van desde conducción en estado de ebriedad e infracciones por drogas, hasta robos y cuasidelitos de homicidio.

De las entidades que entregaron los antecedentes, la que agrupa la mayor cantidad de casos es Gendarmería, dependiente del Ministerio de Justicia, con 148 personas condenadas. A ellos se refería específicamente el titular de la cartera, José Antonio Gómez.

"La ley establece que cuando hay penas de un cierto carácter, los funcionarios no pueden continuar en el servicio activo, pero en otras circunstancias no ocurre eso. Hay que revisar la ley, los criterios aplicados y las situaciones caso a caso".

Fuentes de La Moneda indicaron que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, "solicitó ayer todos los antecedentes" a los actores involucrados, y que dentro de las próximas horas se entregaría una versión oficial respecto de los pasos a seguir.

Los uniformados que siguen trabajando, sin embargo, no cometen una ilegalidad, sino que se han acogido a la Ley 18.216, la cual establece que éstos no se encuentran obligados a cesar en sus funciones cuando su condena no supera los cinco años de cárcel y el delito no es considerado de carácter "violento".

Ricardo Rincón, diputado (DC) y presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, subraya que "se debe revisar el tema, porque no sólo tiene una arista legal, sino también un ángulo ético. Hay que uniformar criterios sobre los funcionarios públicos. Existen personas que no pudieron asumir cargos en el gobierno producto no de condenas, sino de indagatorias y situaciones personales".

El diputado (RN) Cristián Monckeberg dijo a radio Cooperativa que pedirá los antecedentes, ya que "es cuestionable cuando se trata de uniformados que manejan armas y tienen interacción con la comunidad".