Gobierno convoca a 80 expertos y fija para abril proyecto de transmisión

El proceso participativo con el que la Comisión Nacional de Energía (CNE) pretende determinar los cambios regulatorios que incluirá la nueva ley de transmisión-enmarcada en los planes de la Agenda Energética- registró un importante hito esta semana.

El secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero, comentó que se conformaron cuatro mesas de trabajo  que serán las encargadas de  hacer recomendaciones y solicitar estudios técnicos que den sustento y encaminen a la nueva normativa, cuya redacción se espera que esté concluida en abril o mayo  del próximo año.

El titular de la CNE especificó que estas mesas contarán con la participación de 80 expertos, quienes debatirán ideas sobre cuatro temas ya definidos: expansión de la red, libre acceso y remuneración (25 personas); seguridad, tecnologías, continuidad y calidad del servicio (16); operación del sistema interconectado (CDEC) (17), y emplazamiento de las redes y territorios (22). Asimismo, detalló que todas las instancias contarán con la participación de los profesores de la Pontificia Universidad Católica (PUC) Hugh Rudnick y David Watts.

Romero explicó que la elaboración del proyecto de ley sobre transmisión eléctrica se construye de esta forma, pues "quisimos rescatar una práctica positiva que se hizo cuando se discutió la Reforma Procesal Penal, que terminó en un trámite parlamentario menos complejo".

Estas nuevas mesas de trabajo se sumarán a las que ya conformó el gobierno frente a la nueva regulación de las tarifas del gas de redes.

¿QUÉ SE HA HECHO?

Las mesas de trabajo fueron conformadas entre el lunes y martes de esta semana. Entre sus integrantes destacan nombres como los de Sara Larraín, de Chile Sustentable; Rodrigo Palma, de la Universidad de Chile; Renato Agurto, de Synex; Rodrigo Quinteros, presidente del CDEC Sing; Ramón Galaz, de Valgesta: Claudio Inglesis, presidente del CDEC-SIC, y el de la ex secretaria ejecutiva de la CNE Vivianne Blanlot.

Todos ellos trabajarán -durante cuatro sesiones- en base a la actas de un taller que se realizó hace pocas semanas en el ex Congreso, en el que participaron agrupaciones transversales que al final de la sesión entregaron al gobierno recomendaciones y líneas de acción en la materia. Ese material será usado como el insumo base para los cuatro grupos que acaba de establecer la CNE.

"Estos grupos van a  derivar en aspectos en donde se visualice un grado de consenso y de maduración de ideas que deberían definir un cambio regulatorio. También mostrarán otras en las que no hay tanta claridad y que van a requerir los estudios que los expertos de la Católica deberán desarrollar", explicó Romero.

La PUC contará con un plazo de cuatro meses, a contar de fines de agosto, para hacer las investigaciones, cuyas determinaciones se esperan para diciembre. Tras ello, la idea es aunar en un nuevo congreso las conclusiones de las mesas de trabajo y de los estudios técnicos, para luego redactar la ley y tener el proyecto listo entre abril y mayo.

EVENTUALES CAMBIOS

De acuerdo a lo planteado en la Agenda Energética frente a los cambios en  la red de transmisión, se evaluarán  -entre otros puntos- modificaciones en criterios de planificación de largo plazo y tarificación, tanto en lo referido al mecanismo de remuneración como de asignación de costos.

En esa línea, Romero comentó que uno de los focos tendrá que ver con el modelo de remuneración de la transmisión. Explicó que si bien podría haber un consenso en términos generales, se requerirán estudios que simulen qué pasaría si se aplican modificaciones.

"Hay que repensar el sistema de remuneración, hay algunos que proponen una división de los costos por  todos los consumidores del país. Otros dicen que eso no es positivo", dijo Romero. En ese sentido, añadió que la idea es permitir que futuras planificaciones del troncal cuenten con las holguras que el país requiere.

El titular de la CNE dijo también que se revisará la organización de los Centros de Despacho Económico de Cargas (CDEC). Frente a ello, indicó que  se requiere discutir la naturaleza jurídica de los organismos y evaluar si la mejor opción es contar sólo con uno (hoy existe uno para el SIC y otro para el Sing). También señaló que frente al tema del ordenamiento territorial, deberá definirse hasta dónde llegará el rol del Estado.