Gobierno y cooperativa Financoop se enfrentan por futuro de entidad crediticia

Como un remezón califica la subsecretaria de Economía, Natalia Piergentilli, el caso Financoop. Lo que más le impactó, dice, fue darse cuenta que no han sido "capaces de instalar en lenguaje fácil el por qué estábamos haciendo esto", dijo. Se refiere a la medida precautoria y la petición de disolución de la cooperativa que mantiene en un corralito los depósitos de tres mil ahorrantes, sin certezas sobre su recuperación. Hoy admite que hay una necesidad de modernizar la norma y evaluar si esta industria debe o no estar bajo la tutela de Economía.

¿Era necesario pedir la disolución? 

Cuando constatamos un daño patrimonial de $ 13 mil millones, podíamos presumir que personas que ya tuvieran información retiraran dineros en desmedro de los pequeños ahorrantes.

Entiendo la preocupación legítima de los ahorrantes, pero cuando tengo 75% de los créditos vencidos, tengo cada día menos liquidez para responder. Siempre pensamos que entre la medida precautoria y los plazos que da la ley para pedir la disolución, iba a haber alguna gestión de la cooperativa para llegar con un plan viable y eso no ha ocurrido.

Pero ellos presentaron un plan... 

No en el proceso judicial. Antes hubo un esbozo de plan que no era viable porque no incorporaba dinero suficiente para hacer una inyección de capital robusta y porque el organismo que iba a comprar la cartera vencida sería una fundación que se iba a crear. Como fiscalizador, no puedo aprobar algo que no existe.

¿Pueden garantizar devolución de los ahorros? 

Uno de los temas que se debe instalar en la conversación, es que en las cooperativas no hay garantía estatal de los depósitos. Hoy lo que podemos garantizar es que en el más corto plazo todos vamos a tener la magnitud del problema. Resguardar el patrimonio permite saber con cuánto contamos y, si no es suficiente, se reparta de modo más justo y equitativo.

¿En qué fallaron como regulador? 

Si tengo suficiente capital humano para instalarme un mes en una cooperativa, la respuesta es no. Pero si recibes información parcializada y no existe buena fe, no hay robustez que pueda combatir una práctica antiética. La cooperativa fijó una fórmula de hacer sus provisiones que al inicio no fue de mala fe, pero se transformó en una mala práctica.

¿Y la Decoop no advirtió eso? 

El 2013 y 2014 se les dijo que habían ciertas formas de provisionar que no eran las adecuadas, y se les pidió rectificar. La intensidad de las fiscalizaciones entre 2010 y 2014, fue poco prioritaria para la Subsecretaría. Esto nos invita a preguntarnos si no sería pertinente que las cooperativas de ahorro y crédito fueran todas fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos; si debemos actualizar la RAE 1321 que nos da el abanico para fiscalizar, y cómo robustecemos nuestro capital humano para fiscalización.

Desde la vereda de Financoop, el presidente Daniel Albarrán descarta haber entregado información parcial y, asegura que los balances se han hecho con estricto apego a la normativa vigente. Está convencido de que la mejor salida para la firma y los ahorrantes no es la disolución, sino la reorganización y acusa a la subsecretaria de Economía de "faltar a la verdad" respecto del plan, que asegura fue entregado en detalle.

Asimismo, cuestiona la capacidad fiscalizadora de la Decoop y califica su normativa de "obsoleta" para medir riesgos. Si bien reconoce que se hicieron reprogramaciones con concesiones de prórroga largas, en que no se aplicaron provisiones adecuadas, asegura que fue por la falta de un modelo predictivo de acuerdo con la regla vigente.

¿Hubo maquillaje de cifras?

No. Planteamos a la autoridad que creíamos que con criterios más estrictos, algunas carteras de la cooperativa necesitaban provisiones y ellos tenían que autorizarnos. Si las hacíamos se iba a producir un ajuste necesario en los balances de los próximos años, no de 2016.

¿Cuánto de esa cartera es incobrable?

Parte importante no había sido cobrada, pero es una cartera vigente. La cartera vencida esta expresada en los balances y no es del 75%, es del 8%. El interventor que fue puesto hizo un informe falso, equivocado.

¿Por qué no corrigieron antes las provisiones?

El Decoop obliga a las cooperativas a provisionar sólo por los créditos morosos, desde los 16 días en 1% hasta más de 181 días por 90%. La cooperativa cumplió estrictamente con tales exigencias en 11 años y no ha maquillado ninguna cifra. Eso fuimos a decir a la autoridad, que su norma está obsoleta, su manera de supervisar y fiscalizar está mala, y que no son el órgano que debería regular, porque no saben del negocio financiero.

¿Es viable la compañía con este ajuste?

Estamos seguros que por sus propios medios puede resolver este problema y les planteamos un aumento de capital efectivo en el día cero de $1.500 millones, con un plan de amortización de provisiones en 10 años y en que los depositantes no habrían tenido ningún problema. Nos piden rechazar el balance, porque de acuerdo con los nuevos criterios impartidos este balance necesitaría ajustes. Y cuando lo hacemos, la autoridad toma una decisión mal informada, políticamente incorrecta y técnicamente imposible.

¿Por qué insisten en la reorganización?

Porque dura menos. La disolución puede durar años y cada día que pasa esta empresa pierde más liquidez.

No hay razones para esto. Quizás políticas, que no logro entender, o una incapacidad, o una inhabilidad de los funcionarios que decidieron esto. El Decoop ha demostrado que no es el órgano capaz de hacer una fiscalización que pueda impartir normas adecuadas para las cooperativas.