Gobierno niega acuerdo por nombramiento en la Corte Suprema e insiste en Aránguiz

Fue durante un diálogo entre el ministro Cristián Larroulet y el presidente del Senado, Jorge Pizarro, que el gobierno asumió, la semana pasada, que en la oposición existían resistencias a la postulación del juez Carlos Aránguiz para integrar la Corte Suprema.

En esa oportunidad se debía votar en la Cámara Alta la nominación del Presidente Sebastián Piñera en favor del actual titular de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en base a una quina entregada por el máximo tribunal. Así, alertado de la postura en contra de la Concertación, el Ejecutivo retiró la urgencia, postergando la votación para evitar una derrota.

En la oposición aseguran que existe un compromiso del gobierno para que los nombramientos en el Poder Judicial sean consensuados con los partidos de la Nueva Mayoría. Y acusan que ese acuerdo fue roto a fines de octubre, cuando el Mandatario propuso el nombre de Aránguiz sin consultarlo con anterioridad y en contraposición al interés del bloque opositor por el nombre del juez Carlos Cerda, quien ha indagado, entre otras causas, las cuentas de Augusto Pinochet en el Banco Riggs y una serie de casos sobre DD.HH.

En conversación con La Tercera, sin embargo, la ministra de Justicia, Patricia Pérez, negó ayer la existencia de un compromiso. "Hubo un planteamiento de las bancadas, en el sentido de que se pudiera considerar el nombre del ministro Cerda para una futura nominación. Ese planteamiento se señaló que se iba a analizar en conformidad a la quina presentada, pero no existió un compromiso del gobierno en orden a que iba a ser esa la nominación", sostuvo.

La secretaria de Estado defendió, además, la candidatura de Aránguiz, juez que tuvo a su cargo en 2002 el denominado "caso coimas", proceso en el que se terminó desaforando a cinco diputados de la entonces Concertación y en el que se condenó al ex subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini, quien luego fue absuelto por la Corte Suprema.

"Me llama mucho la atención que se diga que no se tiene nada en contra del ministro Aránguiz. Lo que corresponde es un análisis serio basado en sus méritos y trayectoria. Ha impulsado fuertemente la modernización del Poder Judicial y cumple sobradamente con todos los requisitos", dijo Pérez, junto con señalar que "ha sido un anhelo posibilitar que los ministros que están en regiones puedan acceder a la Corte Suprema".

La titular de Justicia buscará destrabar el asunto hoy, en una reunión que sostendrá en la sede del ex Congreso en Santiago con Pizarro y los jefes de comités de la oposición.

ORIGEN DE LA DISPUTA

Pese a la postura manifestada por la ministra, en la oposición reafirmaron ayer la existencia de un compromiso y mantuvieron a firme el rechazo a la postulación de Aránguiz.

El acuerdo esgrimido por la oposición aseguran tiene su origen en enero, cuando el gobierno postuló al juez Juan Manuel Muñoz para integrar la Corte Suprema. Si bien existían los 25 votos que se requieren en el Senado para su aprobación, la oposición modificó su postura tras el debate que se reabrió por el rol del magistrado en la investigación por la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva -donde se habría manifestado a favor de la libertad de dos de los imputados- y por sus votos en línea con la prescripción en causas de DD.HH.

En ese momento, los senadores DC se reunieron e informaron a Piñera del rechazo de Muñoz, junto con señalarle que respaldarían a un reemplazante si su nombre era consensuado. Pero la postulación de la jueza Gloria Ana Chevesich, quien dirigió el caso MOP-Gate provocó molestia en la oposición por no haber sido consultados.

Si bien un sector de la DC aprobó su nombre, en el bloque se transmitió la molestia al gobierno, ocasión en la que -según afirman desde la oposición- se terminaron por definir los pasos a seguir en casos futuros.

En dos reuniones con la secretaria de Estado, los representantes de la oposición -entre ellos Pizarro, Fulvio Rossi y Ximena Rincón- notificaron que el juez Cerda generaba el respaldo opositor y que su nombre era garantía para que la oposición no vetara la nominación del Presidente.