Gobierno recalifica querellas y quita Ley Antiterrorista de cuatro casos en La Araucanía

Una semana después de que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, anunciara que el gobierno no invocará la Ley Antiterrorista por el conflicto mapuche en La Araucanía, la intendencia de la misma región modificó cuatro querellas emblemáticas, quitándoles el carácter de terroristas y dejándolas como delitos comunes.

Uno de estos procesos judiciales es el caso en que desconocidos colocaron un artefacto explosivo en la casa del agricultor Jorge Pooley, en un sector residencial de Temuco, el 1 de enero. Otro de los casos en que el gobierno tomó la misma decisión fue en la investigación por la muerte de siete brigadistas en Carahue, ocurrida en 2012. Los otras dos modificaciones de querellas fueron el atentado a un helicóptero en Forestal Mininco y el descarrilamiento de un tren, ambos hechos ocurridos en 2013.

El 4 de abril, el abogado de la Intendencia de la IX Región, Alexander Schneider, pidió las recalificaciones ante los juzgados. "La intendencia viene a modificar su querella presentada, en cuanto deja expresamente sin efecto toda aplicación y referencia a delitos y procedimientos de la Ley 18.314, llamada Ley Antiterrorista", indican los escritos, a los que accedió La Tercera.

"Nos parece que es una exigencia de la coherencia con el compromiso presidencial de no invocar la Ley Antiterrorista, tampoco hacer uso de ella en aquellas causas en las cuales ya fue invocada por el ministerio (del Interior)", dijo el encargado de la asesoría jurídica de la Intendencia de La Araucanía, Luis Rizzo. Agregó que "el total de las causas donde se invocó esta norma es del orden de siete y en aquellas se ha solicitado la recalificación". Sin embargo, señaló que en los casos que están avanzados y no es posible la modificación, se indicó que no se utilice la prueba obtenida bajo esta norma en el juicio.

Consultado el fiscal nacional, Sabas Chahuán, por la decisión del gobierno, sostuvo que esto no afecta en la persecución penal de la fiscalía. "No tiene por qué afectar la actuación del Ministerio Público, y es una facultad del gobierno utilizar la invocación de la Ley Antiterrorista o no", indicó.

El fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, manifestó que es "un ejercicio válido en las facultades de todo interviniente y que en ningún caso tiene un impacto en las investigaciones".

El werkén de la Comunidad Autónoma Temucuicui, Jorge Huenchullán, dijo que "está bien la medida que ha tomado el gobierno. Se han dado cuenta de que se han equivocado al aplicar una ley que es cuestionada en todo el mundo". Para Emilio Taladriz, presidente de la multigremial de La Araucanía, la medida es "una mala señal (...) la autoridad no debe dar ventajas a quienes cometen estos delitos. Desproteger a las víctimas no es lo óptimo".

Situación de Llaitul

El Juzgado de Garantía de Cañete decidió ayer abonar el plazo de un año y ocho meses -tiempo en que estuvieron en prisión preventiva- a la condena que los comuneros mapuches Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo cumplen por atentados incendiarios registrados en la zona. Ambos cumplen una pena de 10 y cinco años, respectivamente.