Gobierno retira acusación terrorista contra comuneros

"Hacerle presente a su señoría que, en este acto, esta parte querellante viene a eliminar de la acusación particular toda calificación terrorista de los hechos materia del presente proceso penal (...) desde este momento y hasta que esta causa se encuentre completa y totalmente tramitada".

Mediante estas palabras, el abogado de la Intendencia de La Araucanía, Javier Ruiz, hizo oficial ante el Juzgado de Garantía de Temuco lo que ya había anunciado el ministro del Interior, Mario Fernández: el retiro de la invocación de delito terrorista de la acusación del gobierno en contra de Alfredo Tralcal y los hermanos Pablo, Ariel y Benito Trangol, imputados por la quema de una iglesia evangélica en la IX Región.

La medida fue adoptada tras una huelga de hambre de más de 100 días de los cuatro comuneros, que terminó con la Presidenta Bachelet reuniéndose con la madre de los hermanos Trangol y que, además, significó una crisis en el gabinete, producto de la supuesta molestia del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.

El fiscal César Schibar indicó que "no nos entorpecen las actividades desarrolladas por otros intervinientes. Tenemos la convicción, en base a los elementos de prueba, que este hecho, por el cual han sido acusados los imputados, tiene carácter terrorista".

Pablo Ortega abogado de Benito Trangol, sostuvo que la modificación de la calificación terrorista "trata de adecuar los hechos a lo que realmente son. Es decir, es un delito grave, pero de la legislación común. Creemos que no sólo el gobierno ha escuchado el llamado dramático de la familia de los huelguistas, sino también de los organismos internacionales".

Cristián Tralcal, vocero de los comuneros, recordó que la decisión de deponer la huelga se dio con el compromiso de recalificar el delito por el que se les investiga. "Esperamos que sea así, estamos un poco más conformes. Pero está latente que puedan retomar la huelga si el gobierno no cumple con lo que se comprometió", sentenció.

Por la mañana, el ministro de Justicia, Jaime Campos, se refirió a la huelga de hambre: "No es una forma racional para tratar de inducir o presionar a los tribunales de justicia. Es lamentable que ese tipo de situaciones ocurra".

En relación a la preparación del juicio, el tribunal determinó este martes que la fiscalía entregue algunos antecedentes solicitados por las defensas, y para ello ordenó postergar las audiencias hasta el 23 de octubre.

En el Ministerio Público ratificaron que esta nueva "dilación" en el proceso se debió a solicitudes de las defensas. "En la práctica, lo que vemos en ellos es que el discurso público es desarrollar la audiencia, pero las acciones demuestran todo lo contrario", dijo el fiscal.

Agregó que "con más demoras, los imputados se ven más beneficiados. Y desconocemos en qué sentido, porque está en riesgo su integridad física y, también, la integridad sicológica y física de las víctimas".

Las defensas, en tanto, hicieron ver la falta de antecedentes de la investigación, aduciendo la existencia de declaraciones con nombres tachados y pericias faltantes, entre otras.

La fiscalía tiene hasta este viernes 13 para entregar al tribunal la información requerida. En esa misma fecha se discutirá una nueva revisión de medidas cautelares para los imputados.