Gobierno y CUT dan inicio a mesa de trabajo para negociar reajuste del salario mínimo
La presidenta de la CUT Bárbara Figueroa señaló que más allá del reajuste puntual de este año se debe avanzar en una reforma laboral sustantiva.
El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, junto a su par del Trabajo, Javiera Blanco se reunieron este viernes con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa para constituir oficialmente la mesa de trabajo para negociar el reajuste del salario mínimo para este año.
A la salida del encuentro que duró cerca de una hora, Figueroa destacó, más allá de la cifra de salario mínimo, la disposición del gobierno es debatir políticas laborales.
"Nuestro país no debiera depender como depende hoy día del debate de salario mínimo si tuvieramos una negociación colectiva efectiva y un fortalecimiento sindical",dijo Figueroa
La presidenta de la CUT añadió que "no siendo menos significativo para nosotros el debate de cifras, entendemos que también ese debate debe complementarse con una reforma laboral sustantiva que permita darle garantías plenas a los trabajadores de poder avanzar en salarios mínimos correspondientes a la labor que desarrollan en sus empresas, pero también a las utilidades que éstas reciben", acotó
En ese sentido la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, sostuvo que "lo que tenemos hoy día por delante es una agenda laboral que nos va a permitir en el futuro seguramente poner el acento en el fortalecimiento de los derechos colectivos. Hoy día el acento en temas como el salario mínimo se dan justamente porque tenemos que avanzar en fortalecer mas nuestra agenda laboral".
Figueroa no quiso confirmar la cifra de reajuste que solicitarán argumentando que el tema más detallado y técnico será abordado en la próxima reunión que se realizaría a fines de la próxima semana.
Sin embargo, a mediados de mayo el secretario general de la entidad, Arturo Martínez, había adelantado que pedírían un reajuste del salario mínimo desde $210 mil a $250 mil -equivalente a un 19%- y un incremento adicional de entre 15% y 25% para las zonas extremas.
La propuesta apunta a beneficiar a los trabajadores de las regiones de Arica y Parinacota, y de Tarapacá, en el extremo norte, y las regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica chilena, en el extremo sur, además de las provincias de Chiloé y Palena.
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