Grecia prepara más recortes en una semana decisiva para continuar en el euro

El gobierno griego trata de cuadrar un recorte de 11.500 millones de euros en vísperas de la reunión en Atenas del primer ministro heleno, Andonis Samarás, con el jefe del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, y su posterior viaje a Berlín y París.

Samarás trata de demostrar con estas medidas la seriedad de su Gobierno en la aplicación de los recortes pactados, en una semana crucial en la que se reunirá por vez primera, el viernes en Berlín, con la canciller alemana Angela Merkel y, el sábado en París, con el presidente francés François Hollande.

La situación de Samarás no es fácil: desde el exterior recibe la presión de la "troika" -Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central Europeo (BCE) y Comisión Europea (CE)- mientras en Grecia se acrecienta el descontento popular, con un paro en el 23 %, y en su Gobierno ya existen claras fisuras por los nuevos recortes.

Sin embargo, los nuevos recortes se tienen como la condición inexcusable para lo que el jefe del Gobierno heleno realmente quiere, que según la prensa es negociar una prórroga de dos años en los objetivos de déficit del endeudado país, o alguna fórmula alternativa que permita suavizar el impacto de los nuevos recortes que se deben aplicar hasta 2014.

Esta prórroga aliviaría el impacto económico y el descontento social del nuevo ajuste, que ya ha llevado a Grecia a una espiral de cinco años de recesión y que este año va a hundir la economía un 7 %, cuando las previsiones iniciales del Gobierno eran de una contracción del 4,5 %.

Los recortes son también imprescindibles para que Atenas obtenga 31.500 millones de euros de la troika, congelados desde hace meses por la falta de avances del Gobierno en anunciar los nuevos ajustes.

El lado negativo de aplazar la aplicación de los recortes, como desea Samarás, es que no cuadrarían los planes iniciales ni sería suficiente el crédito otorgado por la eurozona a Grecia, lo que llevaría a aumentar los recursos del segundo plan de rescate por encima de los iniciales 130.000 millones de euros.

De ahí la importancia crucial del viaje del primer ministro griego a Berlín, dado que el Gobierno alemán se ha negado de plano a cualquier cambio de lo ya comprometido con Atenas.

Además, Samarás cuenta con el hándicap de que como líder opositor rechazó todas las reformas previstas por el primer plan de rescate que desgastó al Gobierno socialdemócrata, lo que provocó la ira de sus socios del Partido Popular Europeo, y especialmente, de Merkel.

Los analistas griegos consideran que Hollande sería más flexible ante los argumentos de Samarás y la explosiva situación social en Grecia.

El ministro de Exteriores alemán, Guido Westerwelle, advirtió ya el lunes, en su conferencia de prensa en Berlín con su homólogo griego Dimitris Avramópulos, de que "no pueden darse cambios significativos al plan de rescate".

"La clave para el éxito del programa de reformas está en Atenas", destacó el jefe de la diplomacia alemana.

Pero antes de viajar a Berlín y París, Samarás quiere mostrar un boceto avanzado del nuevo plan de recortes a Juncker, que visita mañana Atenas.

Las medidas más espinosas son la reducción de las pensiones de jubilación, la eliminación de las ayudas sociales y el recorte drástico de las que queden, así como la supresión de 150.000 puestos de trabajo público hasta el año 2015.

También se prevé el cierre de compañías públicas y la privatización completa de las empresas estatales de electricidad, gas, telecomunicaciones y gestión de agua.

El Gobierno busca fórmulas para que las pensiones de menos de 700 euros mensuales no resulten afectadas por los recortes y para que la reducción de funcionarios se haga limitando el número de despidos.

Para evitar esto, Samarás y su equipo económico están elaborando un plan que pondría en la reserva durante tres años a alrededor de 40.000 funcionarios, quienes percibirían el 65 % de su salario base.

El plan ya ha sido rechazado por Fotis Kuvelis, líder del socio gubernamental Izquierda Democrática, quien en declaraciones a los medios ha subrayado que "esta medida ya ha fracasado una vez, así que el Gobierno no debe adoptarla".

Desde el inicio de los programas de austeridad en 2009, los funcionarios y los pensionistas han perdido alrededor del 40 % de su poder adquisitivo en tres oleadas de recortes, mientras que en el sector privado las cifras son similares debido al efecto sobre los salarios de la liberalización de los convenios colectivos.