Grupo de médicos inicia ofensiva para evitar aprobación de ley de aborto

Cerca de 500 delantales blancos estirados en el piso fueron instalados a las 10.00 de este jueves en plena Plaza de la Constitución, frente a La Moneda. Mientras, unos 20 médicos, principalmente ginecoobstetras, sostenían la misma cantidad de tomos encuadernados con las firmas de casi 46 mil personas que se oponen al proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales, que actualmente se discute en la Comisión de Constitución del Senado.

Se trató de la primera manifestación de la agrupación Médicos por la Vida, una entidad que, según sus organizadores, cuenta con 1.369 médicos de diversas especialidades, profesionales de la salud y estudiantes de Medicina de distintas casas de estudios y clínicas vinculadas a las universidades Católica, De los Andes y Del Desarrollo, que buscan impedir la aprobación del proyecto.

“Estamos convencidos de que la solución es decir sí a la vida y no al aborto”, explica el ginecoobstetra de la U. Católica Luis Jensen, uno de los voceros del organismo.

El especialista cuenta que “pedimos audiencias en las comisiones de Salud de la Cámara, en la del Senado y con la Presidenta, pero nadie nos recibió. Así que decidimos salir a la luz pública, entregando un certificado notarial en La Moneda que acredita que más de 45 mil personas se oponen como nosotros al aborto”.

El proyecto que despenaliza el aborto ante riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación fue ingresado al Parlamento en enero de 2015, y establece la objeción de conciencia para médicos que prefieran abstenerse de realizar el procedimiento. A juicio de Jensen, esta figura “no es suficiente, porque lo único que conseguirá es dividir a los equipos médicos entre objetores y no objetores”. Agrega que “puede suceder que los servicios de salud no quieran contratar a personas que no hacen ese trabajo y que los especialistas opten por no trabajar en lugares que no coinciden con sus creencias”.

Asimismo, no descarta que algunos especialistas, que hoy se desempeñan en el sector público, renuncien a sus puestos de trabajo si se aprueba el proyecto. “Es algo que ha salido en el debate y es entendible si se les hace difícil ejercer”, opina.

La ministra de Salud, Carmen Castillo, afirma que “este proyecto de ley no obliga a ningún profesional médico a actuar en contra de sus principios, ya que sigue conteniendo la objeción de conciencia individual”. Agregó que no han recibido antecedentes desde el gremio médico que alerten sobre renuncias de especialistas y, a la vez, resalta “el compromiso de los médicos de esta red con sus comunidades”, por lo que “estimamos que no es posible esta alternativa”.

La presidenta del Colegio Médico Regional Metropolitano, Izkia Siches, si bien opina que “cada médico tiene la libertad de manifestarse”, critica este acto. “Los que estamos a favor del aborto también podríamos ir a La Moneda a dar testimonios, pero no lo hacemos, porque entendemos que nuestro rol es técnico”. Asimismo, asegura que sus pares que adhieren a dicha organización son “menos del 5% de los médicos del país”.

La diputada Karla Rubilar (ind.), miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, afirma que “a ningún médico se le va a obligar a realizar la interrupción de un embarazo”. Además, opina que si algún profesional está pensando en renunciar a su trabajo, “es una situación que raya en la ética, porque todos sabemos que existe déficit de especialistas en el sector público. Esto afectaría directamente al paciente que está en la lista de espera y puede, incluso, redundar en su muerte por falta de atención”, sostiene.

Por su parte, la integrante de la Comisión de Salud del Senado Jacqueline van Rysselberghe (UDI), cree que “es razonable que los médicos den públicamente su opinión, porque el aborto no es un tratamiento, sino un acto en que se busca el fallecimiento del feto”. Además, enfatiza que la “objeción de conciencia es sólo para los médicos, no para los equipos de salud, como matronas y enfermeras, y creo que es razonable que los médicos no quieran ser cómplices de esta obligación”.