Hasbún dice que "no existe ningún fundamento" para acusar a Van Rysselberghe

El diputado UDI Gustavo Hasbún se refirió esta mañana a la acusación constitucional contra la Intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe. Esto, luego que un grupo de abogados entregaran su apoyo a los argumentos jurídicos estudiados por parlamentarios de la Concertación.

Según el diputado, "no existe ningún fundamento jurídico ni menos constitucional para acusar a la intendenta Van Rysselberghe, pero sí existe una persecución política. Ellos van insistir porque quieren mantener el doblaje en la Octava Región, y saben que la intendenta es una potencial candidata y quieren sacarla del camino", dijo Hasbún, en una entrevista en Radio Agricultura.

Respecto a los argumentos jurídicos entregados por el equipo encabezado por el abogado constitucionalista Humberto Nogueira, Hasbún sostuvo que "a la Concertación poco le interesa si existen o no argumentos jurídicos, sino que van a hacer la presentación igual, pensando en cómo poder crucificar políticamente la carrera de Van Rysselberghe y no entienden que se están haciendo un daño como Concertación".

"Todos sabemos que aquí hubo un montaje para desprestigiar y descalificar en la popularidad a la intendenta y el mejor ejemplo es que el senador Navarro jamás presentó ningún antecedente o prueba contundente que demostrar alguna irregularidad, sino que fueron opiniones al voleo", agregó Hasbún.

El diputado UDI llamó a los parlamentarios de la Concertación a "tener los pantalones bien puestos" y renunciar a su fuero parlamentario antes de llevar a cabo la acusación. "No es mucho lo que vamos a poder esperar de la Concertación, están desorientados y no saben qué hacer", agregó.

Para el legislador gremialista, la acusación constitucional es parte de una campaña para "sacar a la intendenta del camino", pensando en su futuro político como candidata a senadora.

El texto de 22 páginas, preparado por los abogados constitucionalistas Humberto Nogueira y el ex subsecretario de la Segpres Edgardo Riveros, y apoyado por otros 10 abogados, argumenta que la Intendenta del Biobío habría infringido el artículo ocho, inciso primero de la Constitución, que hace referencia al resguardo del Principio de Probidad.

El documento será evaluado por las bancadas de la Concertación y parlamentarios independientes y del PRI durante esta semana.