Honduras: militares preparan su defensa
La cúpula militar defendió la legalidad de expulsión de Zelaya. La Resistencia denuncia planes para una amnistía.
La Junta de Comandantes de Honduras, contra la que el fiscal general pidió que se dictara una orden de captura, defendió este jueves que se actuó "en el marco de la Constitución y las leyes" cuando expulsaron a Manuel Zelaya del país el pasado 28 de junio, en un golpe de Estado que le apartó de la Presidencia.
El portavoz de las Fuerzas Armadas, Ramiro Archaga, dijo que los seis altos mandos acusados "se presentarán ante la autoridad para responder ante el requerimiento y proceder a la defensa, como corresponde a todo ciudadano".
En declaraciones a los medios locales, el general Romeo Vásquez también indicó su disposición a someterse a la ley en caso de que la Corte Suprema pida su detención.
"Nos pueden acusar de muchas cosas, pero nosotros sabemos que somos inocentes y que al final la verdad siempre sale a relucir", dijo el general.
El Ministerio Público solicita que Vásquez y los otros miembros de la Junta respondan por "abuso de autoridad y por emitir una orden de expatriación" contra Zelaya, explicaron a BBC Mundo voceros de la Fiscalía.
Este jueves, la Corte Suprema —que deberá anunciar si acepta este requerimiento en los próximos días— decidió en pleno que fuera el presidente de la institución, Jorge Rivera, quien delibere sobre la conveniencia de la captura de los militares.
LA "RESISTENCIA", EN CONTRA
Del lado de la llamada "resistencia", que apoya al presidente derrocado, muchos denunciaron que con esta orden de captura, el Ministerio Público sólo pretendería obviar supuestas violaciones de derechos humanos, como había expresado anteriormente el propio Zelaya, ya que el requerimiento se refiere sólo a los hechos del 28 de junio.
En un comunicado enviado desde la embajada de Brasil, donde se encuentra desde hace meses, Zelaya acusó al fiscal de utilizar "una nueva estratagema (...) para lograr la impunidad de los militares al acusarlos de delitos menores y no por los delitos graves que han cometido".
En este sentido, cientos de simpatizantes del Frente Nacional de Resistencia Popular realizaron este jueves una marcha en Tegucigalpa en contra de la firma de una amnistía que el Congreso de Honduras podría decidir la semana próxima.
Según advirtió a los medios el secretario general del Frente, Juan Barahona, esta norma tendría como objetivo favorecer a los militares que expulsaron a Zelaya del país.
SALIDA DEL ALBA
Los manifestantes también criticaron que el parlamento nacional tenga además previsto discutir la derogación del acuerdo mediante el cual Honduras se adhirió en 2008 a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
El ALBA "solo le ha traído al pueblo hondureño beneficios sociales", dijo Barahona a la agencia de información EFE.
El gobierno interino de Roberto Micheletti criticó en varias ocasiones a la organización, que según el ejecutivo tiene "la intención del presidente (venezolano Hugo) Chávez de llevar a Honduras hacia su hegemonía y al socialismo del siglo XXI".
Aunque formalmente Honduras sigue siendo miembro del organismo, los presidentes del ALBA, que sólo reconocen a Zelaya como presidente legítimo de Honduras, aprobaron en octubre una declaración para imponer "sanciones económicas y comerciales contra el régimen golpista".
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