Huelga en Escondida acelera discusión laboral en minería

Los 40 días que hoy cumple el conflicto entre Minera Escondida y el Sindicato N° 1, que agrupa a 2.500 trabajadores de la mayor faena de cobre privada del mundo, tiene expectante a la industria minera. Pero no sólo por la extensión del conflicto, sino también porque Escondida será el último proceso de negociación colectiva que se realizará baja la antigua normativa laboral.

Pero si la huelga legal se extiende más allá del 1 de abril, el nuevo contrato colectivo de la minera tendría que regirse por los parámetros de la nueva ley laboral, norma que ha sido fuertemente criticada por la minería privada y que también preocupa a la estatal Codelco.

Para la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), uno de los principales aspectos que preocupa es la extensión del contrato colectivo. Hasta ahora, la comisión negociadora de la minera operada por BHP Billiton y que preside Marcos Lagos, está apuntando a cerrar un contrato colectivo a cuatro años, para lo que se considera la entrega de un bono -propuesta inicial de la compañía- de $ 11,5 millones. Sin embargo, la nueva norma establece un plazo máximo de tres años y mínimo de dos para los contratos colectivos. "Con la reforma laboral, los contratos colectivos no podrán extender los tres años de duración, situación que no se da en minería, donde, en general, los contratos colectivos son a cuatro años", señala el presidente del gremio y ex presidente ejecutivo de BHP Billiton, Diego Hernández.

"Por eso, a Escondida le convendría cerrar el conflicto antes de abril, porque después tendrá menos flexibilidad para negociar", indica Hernández.

Recalca que "los mayores bonos que se han visto en la minería chilena han sido otorgados bajo la modalidad de contratos a 48 meses", por lo que bajo la nueva normativa también se producirá un impacto a la baja de estos beneficios, que en la minería han sido millonarios.

Para este proceso colectivo, los trabajadores de la minera privada solicitaron inicialmente un bono de $ 25 millones, el más alto que se haya solicitado en la industria nacional. "Ahora, los bonos no solo serán menores por las circunstancias que está viviendo la industria minera, sino que también por la extensión que tendrán los nuevos contratos. Por este concepto habrá una rebaja de 25% en los bonos mineros", señala Hernández.

Servicios mínimos

Pero no sólo este punto preocupa al sector. También la definición de los servicios mínimos, concepto que la nueva norma laboral incorpora como obligatorio para que las operaciones mantengan aquellos servicios que son esenciales y que evitan que se produzca un caos administrativo o daño ambiental, entre otros temas. La norma establece que 180 días antes del inicio del proceso de negociación colectiva las partes -empresa y sindicato- deben informar a la Dirección del Trabajo (DT) cuáles serán sus servicios mínimos.

En Escondida, pese a no estar bajo el alero de la nueva norma, se pactó, con la ayuda de la DT que 80 personas eran las necesarias para mantener las operaciones esenciales de la faena ubicada en pleno Desierto de Atacama. Sin embargo, la totalidad de los trabajadores no pudieron ingresar a la faena debido a la toma de la ruta por parte de los huelguistas.

Este punto causó que las mineras decidieran adelantar los procesos de negociación con sus sindicatos, para establecer los servicios mínimos. Una de las más avanzadas en este proceso es Zaldívar, de Antofagasta Minerals y Barrick. Esto, porque en agosto, la minera de grupo Luksic tendrá que renovar el contrato colectivo de cerca de 700 trabajadores del rol B.

Codelco también está trabajando para avanzar en este punto. En enero, el vicepresidente de Recursos Humanos de la estatal, Daniel Sierra, se reunió con el director del Trabajo, Christian Melis, para pedir capacitación para enfrentar las futuras negociaciones colectivas bajo la nueva ley.

La empresa está diseñando una propuesta para establecer con la DT una jornada de capacitación, cuenta Melis. "Estamos en proceso de planificar las capacitaciones con Codelco", señala.

La estatal está tranquila y enfatiza que este año no enfrentarán procesos colectivos que involucren un alto número de trabajadores. "De todas formas, la capacidad de diálogo y disposición que han demostrado los trabajadores nos permiten prever que los próximos procesos se desarrollarán de manera fluida y colaborativa", señala Daniel Sierra.