Humala respaldó investigación a cuestionado vicepresidente de Perú

El Presidente del Perú, Ollanta Humala, respaldó hoy las investigaciones que la Fiscalía y el Congreso realizarán al segundo vicepresidente, Omar Chehade, denunciado por la prensa por supuesto tráfico de influencias.

Humala dijo que no pedirá la renuncia de Chehade mientras no se demuestre su culpabilidad en el caso. "Al terminar la investigación cada uno asumirá su responsabilidad", señaló en conferencia de prensa.

El vicepresidente está inmerso en un escándalo por supuestamente haberse reunido con altos mandos policiales para pedirles que desalojen a trabajadores de la azucarera Andahuasi y favorecer así al poderoso conglomerado economico Grupo Wong.

El caso, manejado inicialmente por la prensa, ya está en manos de la fiscalía y de la Comisión de Ética del Congreso. El principal denunciante es el ahora general en retiro Guillermo Arteta, quien asegura que la intención de Chehade era impulsar el desalojo y que él, al negarse, fue castigado con la baja.

Chehade, que además es parlamentario, asegura que no tiene ninguna responsabilidad y que la reunión con los generales fue para agradecerles la protección que recibió en la campaña electoral, durante la cual recibió amenazas de muerte, y para discutir temas de inteligencia. Además se dice víctima de un complot político.

Humala saludó la actitud de Chehade de facilitar las investigaciones, así como la del Congreso y la Fiscalía de desarrollar pesquisas. Sin embargo, recordó que el vicepresidente, como cualquier ciudadano, tiene derecho a la presunción de inocencia.

El caso es hasta ahora el más grave que por presunta corrupción enfrenta el gobierno de Humala en casi tres meses de gestión. Incluso líderes oficialistas y personas influyentes en el gobierno como la esposa de Humala, Nadine Heredia, han hecho público su disgusto con la actitud del vicemandatario, quien podría haber incurrido en el delito de tráfico de influencias.

Andahuasi, una de las mayores azucareras del país, está en litigio judicial entre sus trabajadores y el Grupo Wong, propiedad de la familia de ese apellido. En la actualidad, la administración está en manos de los obreros.