Iniciativa de La Moneda convierte en delito las tomas de colegios y universidades

Una pena de cárcel de hasta tres años podrían arriesgar manifestantes que participen en tomas ilegales de establecimientos educacionales, como colegios, liceos o universidades.

La disposición es parte de una reforma, firmada ayer por el Presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en un acto en La Moneda, junto a alcaldes y parlamentarios del oficialismo, que busca endurecer las medidas frente a desórdenes públicos.

El proyecto modifica el artículo 269 del Código Penal e incorpora nuevas figuras delictuales, como el saqueo, el impedimento al libre tránsito y la interrupción de servicios públicos, como transportes, salud o agua potable. Además, castiga falta de respeto a policías, regula sanciones por bombas incendiarias, facilita la obtención de medios de prueba y establece como agravante el actuar "encapuchado".

Sin embargo, uno de los cambios más controversiales -según prevén en el oficialismo- será la norma que transforma en delito la "ocupación o invasión ilegal de inmuebles", como viviendas y recintos comerciales, industriales, religiosos o educacionales, ya sean fiscales, municipales o privados.

La reforma apunta a una de las principales medidas de presión que ha tenido el movimiento estudiantil en los últimos meses y que ha puesto en jaque el cierre del año escolar y académico.

Al firmar la nueva reforma, Piñera lanzó una dura advertencia. "El que pretende atentar contra la tranquilidad y la vida normal de los ciudadanos o contra la propiedad pública o privada se va a encontrar con una legislación dura y firme que va a establecer los castigos que correspondan a actos criminales", dijo.

A su turno, Hinzpeter dijo que cuando este proyecto se apruebe, quienes cometan "desórdenes públicos, saqueando establecimientos de comercio, tomándose propiedades fiscales o particulares, interrumpiendo servicios públicos o interrumpiendo el tránsito por caminos, van a estar cometiendo un delito".

Hoy, el Código Penal sólo contiene una vaga definición de desorden público, por lo que las tomas no estaban tipificadas, a juicio del gobierno.

Según juristas, lo más cercano es la figura de "usurpación". Pero, por definición, ese es un delito contra la propiedad y sólo fija multas cuando no hay violencia a personas. A diferencia, la iniciativa de La Moneda aplica la pena de cárcel entre 541 días y tres años para los autores de desórdenes.

En la redacción del proyecto colaboraron los abogados Miguel Otero, Juan Domingo Acosta y el senador Alberto Espina (RN), quien fue mandatado para seguir la iniciativa. A juicio del parlamentario, esta norma es "similar" a una propuesta de la comisión de expertos, creada por el gobierno de Michelle Bachelet, que recomendó cambios al Código Penal. "Va a haber normas que sabemos que van a generar polémica, pero apuntan a distinguir con claridad el derecho a manifestarse de alteraciones graves con violencia", dijo el senador.

La noticia sorprendió a dirigentes estudiantiles. La dirigenta de la Confech Laura Palma lo definió como "impactante" y "complejo".

En la oposición hubo reacciones diversas. "Criminaliza el movimiento", dijo el PC Hugo Gutiérrez, mientras que el PPD Marco Núñez anunció su rechazo. En tanto, en la DC, el senador Patricio Walker y el diputado Jorge Burgos optaron por la cautela.

La decisión de apelar a toda libertad provisional cuando existan antecedentes graves anunció ayer Sebastián Piñera. El Mandatario -quien reverdeció su antigua bandera de campaña en contra de la puerta giratoria de la delincuencia- emplazó a jueces y fiscales a revisar sus criterios. "Piensen en la responsabilidad que asumen si un presunto delincuente vuelve a cometer delitos", dijo.

Si bien sostuvo que la puerta giratoria obedece a un vacío legal, también tiene -a su juicio- "otra variante, que es el criterio con que aplican la ley los jueces de garantía y la eficacia con la que persiguen la delincuencia los fiscales de nuestro país".

La arremetida de Piñera venía preparándose hace semanas. Ultimos sondeos, como la encuesta Adimark, mostraban una caída en la aprobación en el ítem del combate de la delincuencia. Y, además, se produce en momentos en que la Corte de Apelaciones excluyó del mediático caso bombas pruebas fundamentales que había recopilado el Ministerio Público para inculpar a los imputados.