Instructivo de Contraloría regula presencia de candidatos en actos oficiales

Esta semana y en la antesala de Fiestas Patrias, la Contraloría dará a conocer el nuevo instructivo que busca regular la prescindencia de autoridades gubernamentales, regionales y municipales, de cara a las próximas elecciones del 17 de noviembre.

Días atrás, el mismo contralor, Ramiro Mendoza, había adelantado que el nuevo dictamen reiterará normas de probidad y algunas restricciones y obligaciones que ya han sido detalladas en otros documentos similares en años eleccionarios. Entre estas medidas figura la prohibición en el uso de bienes, vehículos y recursos públicos en actividades políticas y el cumplimiento de la jornada de trabajo, además de evitar participar en encuentros proselitistas en horarios laborales.

Sin embargo, el nuevo instructivo -según fuentes de Contraloría- también incluirá algunas novedades, como profundizar el criterio ecuánime que deben tener las autoridades a la hora de invitar a candidatos a ceremonias oficiales, inauguraciones o entrega de beneficios. Si bien este tema ha sido esbozado en dictámenes anteriores, la apuesta de la Contraloría es hacer más claro este principio.

Dada la abundancia de ceremonias públicas de septiembre, generalmente, en este mes se habían concentrado los reclamos durante años electorales.

CASOS ANTERIORES

En las elecciones de 2009, el comando presidencial de Sebastián Piñera se quejó por la exclusión del entonces candidato en la Parada Militar. La medida afectó también al abanderado de la izquierda, Jorge Arrate, por lo que el PC y el PH se sumaron a los reclamos.

En respuesta, el gobierno de Michelle Bachelet argumentó que, por protocolo, sólo correspondía invitar a parlamentarios y ex presidentes de la República, por lo que sólo se incluyó a Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami, entonces diputado, en la convocatoria. Al final, Frei, molesto por la polémica, optó por restarse y sólo asistió Enríquez-Ominami, quien solidarizó con los excluidos.

Por entonces, la Contraloría en su dictamen con motivo de las elecciones del 2009 ya había señalado que "los funcionarios no pueden discriminar en la convocatoria a ceremonias públicas… en desmedro o con favoritismo de candidatos legalmente inscritos".

Pero el gobierno de la época se escudó en el reglamento de ceremonial y protocolo, que no considera a los aspirantes a cargos de elección popular.

En las elecciones de 2005, el gobierno de Ricardo Lagos enfrentó un dilema similar. Pero la polémica estuvo en la campaña parlamentaria. Así, para evitar acusaciones de intervencionismo, Lagos ordenó incorporar en sus giras a postulantes al Congreso de la Concertación y la Alianza. Incluso, hubo postulantes de la entonces oposición que fueron sumados a la comitiva del avión presidencial.

En el actual gobierno dicen estar conscientes de que este tema será una de las novedades del instructivo, pero que están dispuestos a adaptar el protocolo de invitaciones.

USO DE CALLES

Otra de las innovaciones del nuevo instructivo será el tema de autorizaciones para ocupar bienes nacionales de uso público, es decir, calles, plazas, caminos o incluso playas. Habitualmente, estos espacios son empleados para encuentros políticos y, eventualmente, una autoridad podría tener criterios distintos para autorizar el uso de estas áreas.

Aunque fuentes de la Contraloría dicen que el documento ya está listo y redactado, la publicación del nuevo dictamen, que debe ser firmado por el contralor, Ramiro Mendoza, se ha ido postergando por diversas razones. Incluso, Mendoza se había comprometido públicamente a entregar el instructivo a inicios de la semana pasada.

La demora ha causado molestia en la oposición, que fue la que pidió a Mendoza actualizar las disposiciones de prescindencia ante una seguidilla de casos de presunta intervención electoral que le reprochan al gobierno.

Estos episodios llevaron incluso al comando de Michelle Bachelet a presentar una querella ante tribunales por situaciones acontecidas en la Región del Biobío.