Jaime Rojas, director nacional de Gendarmería: "No hay una decisión institucional de ampliar el penal Punta Peuco"

El director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas, llegó a la entidad penitenciaria en 2016, cuando se cuestionaba la transparencia de la institución encargada de custodiar a los reos del país. Esto, porque la opinión pública puso en tela de juicio las altas jubilaciones que recibían algunos ex funcionarios. Entre ellos estaba Myriam Olate, quien tenía una pensión superior a los $ 5 millones mensuales. Hoy, transcurridos los meses y con una resolución de Dipreca que revirtió esta millonaria jubilación, las aguas parecen estar más quietas.

¿Ya no hay crisis al interior de Gendarmería?

Se han superado todas las situaciones cuestionables. Podemos decir que es un servicio que está funcionando bien y que gracias a todos los funcionarios que están acá, hemos logrado recuperar la imagen institucional. Por tanto, podemos decir que esta es una entidad que puede mirar su gestión como corresponde.

En esa gestión cabe también lo que ocurre con Punta Peuco. En este sentido, en las últimas semanas se dispuso que 30 condenados por causas de derechos humanos (DD.HH.) ingresaran a cumplir la pena en Colina I. ¿Cómo se han ido materializando esas decisiones judiciales?

Se nos pone a disposición personas que los tribunales ordenan y, por lo tanto, Gendarmería asume la responsabilidad de destinación y albergue. En otros casos, hay sentencias en que los tribunales establecen el lugar donde se cumple la determinada pena. En este caso estamos frente a una sentencia, donde el ministro instructor ha ordenado que el cúmplase de sentencia de estos internos se haga en un determinado lugar, que es Colina I. El juez (Mario Carroza) ha evaluado y hecho varias visitas a este lugar, solicitado los informes que corresponden, y nosotros hemos colaborado activamente con los requerimientos.

¿Cuál es la condición del módulo de Colina I?

Está construido para poder albergar a poco más de 100 personas y se encuentra en muy buenas condiciones. Habilitado íntegramente para cumplir las sentencias con todos los resguardos, custodia y vigilancia. Es un módulo separado, como todos, no es que haya privilegios, pues en ninguna cárcel los reos están mezclados.

¿En qué condición está Punta Peuco actualmente, tomando en cuenta que ya se están trasladando reos al otro penal?

En estos momentos Punta Peuco es un penal que está completo en su capacidad.

¿Sin posibilidad de ampliarse?

No hay una política institucional, y no hay una decisión institucional de ampliar Punta Peuco.

¿Eso, entonces, da pie para cerrarlo?

Gendarmería es una institución que depende del Ministerio de Justicia y todas aquellas materias que tienen que ver con apertura o cierre de recintos penales son materia de decreto supremo. Por lo tanto, una cosa es decir que no vamos ampliar, pero no puedo decir que hay planes de cierre de ningún penal. Lo que sí corresponde decir es que si hay una decisión, se sabrá oportunamente.

Está por salir el nuevo reglamento penitenciario. ¿Cuáles son los puntos centrales de este plan?

Es un instrumento que se está actualizando y que tiene modificaciones en dos líneas: primero, una actualización en derechos humanos, donde hay un trabajo que va orientado a reconocer un fortalecimiento de derechos de las personas privadas de libertad, y lo segundo es el mejoramiento en trato de género. Esto último lo trabajamos con el Ministerio de la Mujer y se busca incorporar un mejor entendimiento entre los funcionarios y las internas, específicamente en los traslados. Todo lo que tiene que ver con el uso adecuado de la fuerza.

¿En qué cambia este reglamento la relación del reo con el gendarme, específicamente?

Regula que las medidas de custodia extremas sean aplicadas cuando haya un sentido explícito de protección y, si no es necesario, faculta a que las personas que están a cargo del procedimiento puedan operar con mayor flexibilidad y puedan evaluar con más claridad las condiciones para los cuales se está requiriendo a la persona.

Un tema que es permanente son las estafas telefónicas desde las cárceles. ¿Se está trabajando para eliminar esta práctica?

Estamos haciendo una revisión de los mecanismos de control y una consulta al mercado para la compra de instrumentos inhibidores de señales telefónicas, por lo que estamos consultando a la Subsecretaría de Telecomunicaciones respecto de la normativa y el apoyo técnico que nos pueden dar al respecto.

¿También para regular el uso de drones?

Estamos trabajando con la Dirección de Aeronáutica Civil para buscar la regulación de drones sobre las cárceles. Hay que declarar zonas restringidas para que quede estrictamente prohibido sobrevolar en los recintos penitenciarios, ya que tuvimos unos episodios de intento de intromisión de droga por esta vía, hecho que denunciamos al Ministerio Público.