Juez español acepta demanda de Repsol sobre YPF por competencia desleal

Un juzgado de Madrid se ha declarado competente para juzgar una demanda interpuesta por Repsol contra YPF por competencia desleal con la que la petrolera española intenta evitar acuerdos de su antigua filial argentina con empresas internacionales para invertir en un megayacimiento en Argentina.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Reuters, el juzgado mercantil número 1 de Madrid desestimó la alegación formulada en febrero por YPF, que argumentaba que los tribunales españoles no tenían jurisdicción para tratar el caso, en el que Repsol demanda a su expropiada filial por competencia desleal por ofrecer los activos del yacimiento Vaca Muerta a terceros.

"Debo desestimar y desestimo la declinatoria deducida por el procurador de los tribunales Victorio Venturini Medina obrando en representación de YPF S.A. con expresa imposición a dicha demandada de las costas devengadas", señala el juez Carlos Nieto en su auto, fechado el pasado 5 de julio.

Además, el juez afirma que va a proceder a iniciar los trámites para acumular también en este procedimiento las demandas presentadas por Repsol contra Bridas y Chevron por preacuerdos con YPF para invertir US$1.500 millones con los que adquirir derechos de explotación de Vaca Muerta.

Un portavoz de Repsol no hizo comentarios a la información y no fue posible contactar inmediatamente con portavoces de YPF.

Aunque las consecuencias del auto no están claras todavía y la resolución del caso podría demorarse años, se trata de un pequeño paso que podría entorpecer la inversión de empresas internacionales en Vaca Muerta.

En Buenos Aires, un portavoz de YPF restó relevancia a la decisión judicial. "La misma no resuelve el fondo de la cuestión. A partir de ahora comenzará la discusión judicial sobre el fondo de la cuestión, cuyos efectos se circunscriben exclusivamente al mercado español", explicó.

La petrolera española ha desplegado una intensa actividad en los tribunales, tanto en España como en Estados Unidos y Reino Unido, para intentar bloquear las negociaciones de YPF con petroleras internacionales para que inviertan en el megayacimiento de Vaca Muerta, en el marco del frente abierto tras la expropiación de la filial por el Gobierno argentino.

Repsol ha presentado una demanda en el tribunal de arbitraje internacional del CIADI en la que reclama una compensación de US$10.500 millones por la nacionalización.

El yacimiento de gas y petróleo no convencional de Vaca Muerta posee, según estimaciones, 23.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, pero para su explotación son necesarias inversiones que rondarían los US$25.000 millones anuales, un desembolso que Argentina no puede costear actualmente.

Tras desestimar la petición de YPF, el juez deberá pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, la solicitud de Repsol de paralizar los acuerdos de Bridas y Chevron con la petrolera argentina para explotar Vaca Muerta.

La estrategia litigiosa de Repsol está encaminada a presionar a los competidores de la petrolera argentina para evitar que inviertan en Vaca Muerta y forzar al Gobierno sudamericano a pagar una compensación que satisfaga los intereses de la española.

Recientemente Repsol rechazó una oferta de Argentina -aunque el Gobierno de Cristina Fernández negó que hubiera hecho propuesta alguna- en la que ofrecía a la española una participación minoritaria en un consorcio que tendría la propiedad de una parte del yacimiento Vaca Muerta.

La oferta fue trasladada a Repsol por parte de uno de sus accionistas de referencia, la petrolera mexicana Pemex, apenas dos meses después de que otro de los accionistas de referencia, CaixaBank, hiciera llegar al órgano de administración otra oferta de compensación por YPF.

Los activos ofrecidos (bonos soberanos argentinos y la participación en Vaca Muerta) estaban valorados en US$5.000 millones, aunque no eran líquidos y tenían que ser reinvertidos en el país.

Tras rechazar ambas ofertas de plano por insuficientes y calificarlas como sobrevaloradas, Repsol mostró su disposición a negociar una indemnización en activos fácilmente convertibles en efectivo y que no deban ser reinvertidos en un país que hace menos de un año expropió más de un tercio de la producción de Repsol al nacionalizar YPF.