Justicia militar peruana abre proceso contra supuesto espía
A juicio del presidente del tribunal castrense, contraalmirante Carlos Meza Angosto, la justicia civil debe inhibirse de actuar en este caso.
El Tribunal Supremo Militar Policial de Perú abrió un proceso por traición a la Patria contra el agente de inteligencia Víctor Ariza Mendoza, detenido por presunto espionaje a favor de Chile, después de que el fuero común iniciase otro proceso por el mismo delito, se informó hoy en Lima.
El presidente del tribunal castrense, contraalmirante Carlos Meza Angosto, declaró a la agencia estatal Andina que fue designado un juez de la Fuerza Aérea Peruana (FAP, a la que pertenece Ariza) para que reciba las pruebas y las manifestaciones de los testigos.
La denuncia por traición a la patria, delito que es sancionado en el fuero militar con entre 20 a 35 años de prisión, es formulada por un fiscal de la FAP ante el juez de la misma institución, que es el encargado de tomar las manifestaciones, y en un plazo de 90 días se espera que emita un informe final sobre el proceso, informó Meza Angosto.
A continuación, el informe pasa al Consejo de Guerra de la FAP, que tienen 60 días para pronunciar la sentencia.
"Finalmente, esa sentencia sería revisada o apelada ante la sala de revisión del Tribunal Supremo Militar Policial", agregó.
El ministro peruano de Justicia, Aurelio Pastor, había confirmado horas antes que el agente Ariza estaba recluido en el penal de máxima seguridad de Piedras Gordas por orden del juez Luis Garzón, que tiene a su cargo el caso por los presuntos delitos de revelación de secretos nacionales, traición a la patria y lavado de activos en agravio del Estado.
Sin embargo, Meza justificó la apertura del juicio en el fuero militar porque, en su opinión, "es mucho más drástico y mucho más rápido", y porque todos los casos previos por este delito han sido procesados en este fuero.
Según Meza, ambos fueros pueden avanzar en forma paralela en sus respectivos procesos, pero ninguno podría pronunciar sentencia hasta que el Tribunal Constitucional emita un fallo sobre cuál tiene la competencia.
En opinión de Meza, la justicia civil debe inhibirse de actuar en este caso.
De otro lado, el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, se reunió hoy con la fiscal de la nación, Gladys Echaíz, para recabar información sobre la investigación que lleva a cabo el ministerio Público.
García Belaúnde declaró al portal electrónico del diario El Comercio que después de recoger la información necesaria se la remitirá, en unas horas, a Santiago "para que no quede la menor duda de que esto fue un espionaje y fue financiado desde Chile".
El presidente peruano, Alan García, había anunciado esa reunión del canciller con la fiscal Echaíz para entregar a Chile toda la información necesaria que les permita hacer su propia investigación y dar una explicación a su país.
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