La aprobación del ruso como lengua regional en Ucrania desata crisis política

Una verdadera crisis política se vive en Ucrania luego que el Parlamento aprobara una nueva ley que otorga estatus de lengua oficial regional al ruso. Dicha decisión indignó a la oposición y a los movimientos nacionalistas, generando violencia en las calles.

La polémica normativa fue aprobada en la Rada Suprema a espaldas del presidente del Parlamento, Vladimir Litvin, quien denunció una maniobra de los promotores de la misma para apartarlo de la votación.

Desde entonces, cientos de personas protestan en las principales ciudades del país en contra de una norma que oficializa al ruso en las regiones donde es hablado por al menos el 10% de la población.

La maniobra ha ahondado, además, la división existente entre las fuerzas que sostienen al presidente del país, Victor Yanukovich, promotor de la norma, y los grupos de oposición, en particular los nacionalistas, férreos defensores del ucraniano como única lengua que guía la identidad nacional. Entre ellos se encuentra el propio Litvin, quien ha dimitido después de denunciar que fue apartado "con malas artes" de la votación.

Según el presidente de la Rada, que tiene su propio grupo en el Parlamento, fue invitado a una reunión con Yanukovich, que se prolongó hasta muy tarde, ausencia que fue aprovechada para votar la ley de idiomas. "Me parece que, en primer lugar, me engañaron a mí, al pueblo ucraniano. Los resultados de esa votación tendrán graves consecuencias", dijo Litvin.

Sin embargo, un total de 19 diputados del Bloque de Litvin votaron, en ausencia de su líder, a favor de la ley de idiomas respaldada por el oficialismo.

La decisión de la mayoría parlamentaria no tardó en indignar a miles de ucranianos, y desde Kiev, donde ayer se produjeron las primeras protestas, las manifestaciones y piquetes se han extendido a toda Ucrania.

Agentes antidisturbios y algunos exaltados se enfrentaron hoy en la capital, a las puertas de la Casa Ucrania, donde medio millar de manifestantes siguen concentrados para expresar su rechazo a la ley.

La policía reconoció haber usado gas lacrimógeno para aplacar los ánimos de algunos opositores, aunque aseguró que sus efectivos también fueron atacados con el mismo gas desde la multitud.

Algunos líderes de la oposición, entre ellos el también dimisionario vicepresidente de la Rada, Nikolai Tomenko, miembro de Batkivschina, partido presidido por la encarcelada ex primera ministra Yulia Timoshenko, se han acercado a la Casa Ucrania para instar a los manifestantes a una protesta indefinida. Alrededor de 200 personas han desplegado un campamento en el centro de la ciudad de Poltava, en el este del país, para protestar contra la ley.

En dos de las regiones más occidentales del país -Lviv e Ivano-Frankivsk- la protesta tomaron un cariz oficial al sumarse a ésta las asambleas locales.

Los diputados de la asamblea municipal de Ivano-Frankivsk iniciaron una campaña de "Movilización nacional en defensa del ucraniano", que prevé organizar viajes de ciudadanos a la capital para sumarse a las protestas.

En el vecino Lviv, la asamblea regional lidera una protesta indefinida que pretende enviar igualmente manifestantes a Kiev y montar una acampada frente a la administración del Gobierno central de la ciudad.

Según la oposición, la ley de "idiomas oficiales regionales" promovida por el Partido de la Regiones se contradice con la Constitución de Ucrania que señala que la única lengua oficial del Estado es el ucraniano.

Yanukovich llegó al poder en 2010 con el compromiso de convertir el ruso en el segundo idioma oficial de Ucrania, pero para ello se requiere reformar la Constitución y no cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria para hacerlo.

El momento de la aprobación de la ley idiomas, que supone el cumplimiento, aunque parcial, de esa promesa, no parece casual: Ucrania celebra comicios legislativos en octubre próximo y, sin duda, el nuevo cuerpo legal le dará réditos electorales a Yanukóvich en las zonas ruso parlantes del país.

En un intento por aplacar la crisis, el jefe del Estado declaró que decidirá sobre la promulgación de la ley una vez que sea sometida a un peritaje jurídico.