La apuesta legal de Juan Bilbao: un juicio corto, pero caro, en Estados Unidos

El martes recién pasado llegaron hasta las oficinas de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) los abogados penalistas Carlos Balbontín y Hugo Rivera para reunirse con el superintendente Carlos Pavez.  No iban solos, sino acompañados de parte del equipo de abogados de Claro y Cía. que lideran José María y Cristóbal Eyzaguirre, y que tienen a cargo la defensa de Juan Bilbao y Tomás Hurtado.

Ambos ejecutivos enfrentan un complicado panorama ante la justicia norteamericana, luego que el 22 de diciembre la Securities & Exchange Commission (SEC) acusara a Bilbao de usar información privilegiada en la compra de acciones de CFR luego de haber conocido información confidencial sobre la oferta de compra de parte de Laboratorios Abbott.

La irrupción de los penalistas dejó en evidencia que la arista penal puede estar a la vuelta de la esquina. De hecho, la reunión con la SVS tenía la finalidad de conversar sobre los alcances y así poder inferir las figuras legales que se estarían considerando en la investigación en Chile.

El hecho de que Juan Bilbao esté acusado por la SEC de haber usado información privilegiada en su calidad de director de una compañía chilena obligó a la SVS a iniciar investigaciones para detectar si en el país ocurrieron hechos similares y si se configuró la misma infracción en las operaciones efectuadas en la plaza local. La SVS no tiene jurisdicción sobre los hechos demandados por la SEC, pero debe esclarecer si en Chile se dieron situaciones irregulares de uso de información privilegiada.

ARISTA PENAL

La arista penal está por definirse aún. El Ministerio Público ha estado viendo el tema. Fuentes cercanas al caso señalaron que José Morales, fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, analizó las implicancias del caso, pero postergó cualquier decisión a la espera de un pronunciamiento de la SVS.

En este sentido, una de las figuras delictivas que analizó la fiscalía es lavado de activos, aunque la desechó luego que la defensa de Bilbao y Hurtado llegara a un acuerdo para congelar cuentas de ambos en Estados Unidos. El camino penal podría abrirse si la SVS reprocha el uso de información privilegiada o si un accionista se querella.

LA ESTRATEGIA ANTE LA SEC

La demanda de la SEC pedía a la justicia norteamericana el congelamiento de activos. La defensa de Juan Bilbao en Chile y Estados Unidos actuó con velocidad. La primera semana de enero acordaron proporcionar una cuenta con los activos por el monto de la ganancia más la multa máxima que arriesgan los demandados, es decir, cerca de US$ 40 millones en el caso de Bilbao y cerca de US$ 2 millones en el de Hurtado.

Cerrado ese tema, ahora se abre la discusión del tema de fondo: las razones por las cuales se hicieron las compras en el período en que existía información privilegiada.

La defensa ya está trabajando en Chile y Estados Unidos en la presentación que harán a los tribunales.  De hecho, en la misma resolución en que el juez Richard Sullivan aprobó la precautoria acordada para congelar activos se fijó un plazo dentro del cual la defensa tiene que hacer valer sus descargos. Así, el próximo evento ocurrirá el 6 de marzo.

¿Cuál será la estrategia de Juan Bilbao? Toda la defensa va a pasar por tratar de ver si hay elementos que permitan entender -y no justificar- por qué se generaron los hechos y a intentar que el tribunal llegue a la conclusión de que fue una falta de diligencia. Con esto pretenden mostrar que no hubo intención ni alevosía, sino una sucesión de errores. En eso pueden ser económicamente responsables, pero penalmente no.

La defensa lo que buscaría es un juicio rápido, que ojalá se defina en marzo, ya que mientras más tiempo pase, el costo de imagen y reputación será más alto. Asimismo, se tratará de negociar lo que se pueda para rebajar la multa y, lo principal, trabajar para que no arriesguen su libertad. Esos son los tres frentes en que se trabaja, en una causa extremadamente compleja. De hecho, cercanos a Bilbao indican que al leer el relato completo sólo se puede llegar a la conclusión de que si la mitad de lo que dice la SEC es verdad, Juan Bilbao enfrenta un grave problema.

Y es que la demanda de la SEC es demoledora, no deja espacio para interpretaciones, por lo cual lo primero que se hará es no admitir que lo que ha ocurrido fue tan brutal como lo define la entidad regulatoria.

Así, la defensa está recopilando la información para ver cuándo dio las órdenes, si estaba o no en el directorio y cuánto sabía de la operación. Otro de los temas que deberá probar la defensa es qué tanto conocimiento tenía Juan Bilbao del manejo de su cuenta de Somerton, firma que él utilizó para comprar los ADR.

En el caso de Tomás Hurtado, se deberá determinar si sabía o no de la OPA -ya que no era director-, cuánto sigue a Bilbao en materia de inversiones y si lo había seguido antes. Consorcio ya entregó la información sobre el registro de inversiones del ejecutivo a la SVS. Según cercanos a Hurtado, esta hoja de vida mostraría una estrategia conservadora en sus inversiones personales: tenía fondos mutuos, pactos y renta fija en Estados Unidos y mostraba un historial cauteloso en materia accionaria.

SVS Y OPERACIONES EN CHILE

En cuanto a la investigación en Chile, lo primero a lo que se abocará la defensa de Juan Bilbao en Chile es definir qué tanto puede investigar la SVS. Al no haber ocurrido la transacción en Chile podrían apelar a que no tiene jurisdicción. Sin embargo, quienes conocen el caso señalan que la SVS podría acusarlo de incumplir el artículo 12 de la Ley de Mercado de Valores, que obligaba a Bilbao a informar la compra de acciones por ser director de CFR.

La SVS ya ha hecho varias diligencias, según fuentes consultadas. Desde el 23 de diciembre comenzó a solicitar información a las compañías y luego a todas las corredoras, fondos de inversión y a Consorcio. Asimismo, ha hecho ya intentos por citar a Bilbao y Hurtado a declarar, quienes aconsejados por sus abogados no han concurrido. Tampoco han ido ni irán a Estados Unidos por temor a quedar bajo arraigo.

Lo claro es que se abrió un caso complejo que puede derivar en varias aristas. En el mercado se comenta que la SVS está en la etapa de recopilación de la información desde el momento en que se hizo público el anuncio de las negociaciones de  venta de CFR a Abbott. Esto implicaría pedir a la firma antecedentes sobre el momento preciso en que el directorio y otras personas -asesores legales y comunicacionales- se enteraron de las conversaciones.

En el mercado comentan que ante eso, el tema que puede salir a flote es el de la apertura a Bolsa de CFR, ya que se podrían investigar el historial de operaciones en CFR de los involucrados. Ese episodio no estuvo ajeno a la polémica.