La arriesgada jugada del fiscal Gajardo que vinculó a empresa de Piñera con el caso Penta
Fiscal aludió sorpresivamente a un contrato de 2009 entre el grupo Cruzat y una sociedad ligada al ex Mandatario. Abogado de Penta denunció razones extra legales y firma de Piñera dijo que operaciones son "reales y legítimas".
La inesperada arremetida del fiscal Carlos Gajardo sorprendió a defensores, querellantes e imputados del caso Penta. La tercera jornada de formalización, que terminó con el juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago anunciando que hoy resolverá las medidas cautelares solicitadas, fue de defensas y réplicas. Pasado el mediodía, Gajardo acusó la escasa colaboración de los empresarios Carlos Lavín y Carlos Délano para reconocer nuevos delitos; mencionó 102 contratos irregulares que fueron descubiertos a través de terceros y remató con una alusión inesperada: la investigación a una de las empresas del ex Presidente Sebastián Piñera.
Sin nombrarlo, Gajardo comentó que el 25 de febrero incautó un contrato de una sociedad ligada al ex Mandatario. "Lo tengo en mi poder, está e n la carpeta y es de público conocimiento. Fecha de este forward: 7 de noviembre de 2009 y el pago se realiza los primeros días de enero de 2010. ¿Quiénes intervienen en este forward? Inversiones Penta III por un lado, que deposita $ 50 millones en Inversiones CB -forward de entrada- y $ 50 millones de salida. ¿Para qué empresa? Para administradora Bancorp S.A, domiciliado en avenida Apoquindo 3000, piso 16. Saquemos nuestras propias conclusiones de qué significa este forward", dijo Gajardo. La dirección corresponde a las oficinas de Bancard, holding de Piñera. Bancorp es otro de sus vehículos de inversión.
Horas antes, The Clinic había informado que la fiscalía indagaba esa operación. Y minutos después de su intervención, el twitter oficial de la Fiscalía de Chile, comunicaba lo siguiente: "Fiscal Gajardo: incautamos la semana pasada un forward con empresa Bancorp. ¿Desconocían los imputados Délano y Lavín su existencia?".
Según fuentes judiciales, la Fiscalía buscaría determinar si los dineros obtenidos en enero de 2010 se desviaron de forma irregular a la campaña del ex Presidente para solventar gastos previos, ampliando de esta manera la arista política que ya involucra a numerosos personeros de la UDI.
La mención de Gajardo ocasionó reacciones diversas. La Alianza acusó una maniobra política (ver nota secundaria), los abogados defensores hablaron de razones extra legales y el propio Fiscal Nacional, Sabás Chahuán, tomó distancia de la nueva arista. "No he aludido a ni un Apoquindo 3000, yo no dije esa palabra", dijo Chahuán. "Para qué aventurarnos a decir que está éste o está otro, ahora no está nadie, están los que están", agregó.
Juan Ignacio Piña, presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) dijo que los antecedentes relacionados a la empresa de Piñera están "dentro de las piezas recabadas de la investigación (...) Los contratos de forwards son contratos legítimos, eso no hay que perderlo de vista y, por lo tanto, el mérito que tenga uno de estos 102, o los 102, es algo que hay que resolver caso a caso".
Más duro fueron los abogados defensores, Jorge Bofill (ver página 6) y Julián López, representante de Délano y Lavín. "La alusión que se hizo hoy en la audiencia a inversiones Bancorp, apoyado por un twitter enviado por la Fiscalía durante el desarrollo de la audiencia, muestra hasta qué punto se ha instrumentalizado una audiencia judicial con afanes absolutamente extra legales".
El contrato mencionado
El hallazgo de esta presunta operación irregular quedó en evidencia el 12 de febrero, luego de la declaración como imputado de Iván Rojas, ejecutivo del grupo Cruzat. Ese día y junto a su testimonio, el ingeniero entregó a los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena una lista con 102 supuestos contratos simulados, de los cuales 42 son documentos en los cuales Penta perdió dinero y 60 en los cuales CB era el perjudicado. La mecánica fue explicada por Rojas así: "al momento de celebrar la operación, CB tenía una ganancia con empresas Penta y por otra parte una pérdida con una sociedad que asumía pertenecía a algún ejecutivo de Penta". Y agregó, en su declaración del 12 de febrero: "Ninguna empresa del grupo Cruzat hizo operaciones de forwards con otras empresas, solo se hizo con empresas del grupo Penta o empresas que ellos señalaron".
Esta declaración desató una serie de deligencias. Una de las más importantes tuvo lugar el 24 de febrero en el piso 16 de avenida Apoquindo 3000, en Las Condes. La pesquisa apuntaba a recabar toda la información contable relacionada al contrato celebrado entre la Administradora Bancorp S.A., para Mediterráneo Fondo de Inversión Privado, vinculado al ex presidente, y la firma CB Consultorías y Proyectos S.A., del empresario Manuel Cruzat. Con esa diligencia, el entorno de Piñera se enteró de su inclusión en las pesquisas.
El contrato, contenido en el expediente, se firmó el 7 de diciembre de 2009; Bancorp vendía US$ 5 millones a un precio de $ 507 y la fecha de vencimiento o pago era el 7 de enero de 2010. Según los antecedentes entregados por Rojas, Bancorp ganó $ 49.950.000. Según Rojas, ese convenio estaba calzado con otro en el que Penta perdía, el mismo 7 de enero, unos $ 51.550.000.
También reaccionaron ayer desde Bancard. A través de una declaración pública firmada por el fondo de inversión Mediterráneo, el grupo indicó que todas las operaciones realizadas "son reales y legítimas, corresponden a su giro de inversiones y se realizan de acuerdo a la legislación vigente". Agregaron que "con el propósito de colaborar con la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, Mediterráneo en forma voluntaria ha facilitado a éste último la totalidad de la información referida a la operación cambiaria". También informaron que en 2009 realizaron más de 50 operaciones de derivados de divisas.
El fiscal Pablo Norambuena envió la información sobre los 102 contratos al Servicio de Impuestos Internos. En esa lista también se incluyen dos transacciones entre CB Consultoría y Proyectos y las sociedades de inversiones Nyrvana y Sydarta en 2008. Ambas empresas pertenecían entonces a Ernesto Silva Bafalluy, padre del actual presidente de la UDI, Ernesto Silva Méndez. Cercanos al parlamentario UDI aseveraron a La Tercera que Silva "no tiene conocimiento ni vínculo alguno con esa operación porque no tenía participación en Sydarta y tenía participación formal de sólo 0,1% en Nyrvana en 2008 y en ambas no tenía poder ni administración".
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