La difícil rutina de las comunas rezagadas de la RM

Sólo hay cajeros automáticos, no tiene notaría, sedes de Fonasa ni isapre, centro comercial ni menos una sala de cine. Debido a este escenario, La Pintana es uno de los mejores ejemplos de una comuna ubicada en la Región Metropolitana, pero que registra las mayores carencias en cuanto a comercio a mayor escala y servicios públicos clave. Todo lleva a que sus habitantes deban trasladarse a otras zonas para acceder a ellas, que no haya empleo ni desarrollo urbano.

Este tipo de déficit se repite en, al menos, una decena de comunas capitalinas, en las que los alcaldes exigen que se implementen servicios claves.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), dice que la ausencia de todo tipo de servicios para 220 mil habitantes se debe a que el sector privado "no quiere invertir por temor a la delincuencia". Agrega que podría haber un cambio progresivo si el Estado se atreviera a invertir en mejorar aspectos como el transporte. "El metro se requiere con urgencia", añade. La edil plantea que debido a estos problemas "los jóvenes emigran a otros lugares. Todo se complica el doble".

Otro lugar donde se presenta un escenario similar es Cerro Navia. Ignacio Guerrero, vecino del sector, plantea que debido a la ausencia de centros comerciales de envergadura o de industrias, "debemos salir a buscar empleo afuera. Esta es una comuna 'dormitorio', que no tiene vocación de desarrollo para su gente". Relata que tampoco cuentan con un hospital para tratar enfermedades complejas, aunque está en construcción el nuevo Félix Bulnes. Por ahora, deben resolver las urgencias en centros de salud de privados a un alto costo para el usuario.

El alcalde Mauro Tamayo (independiente) añade que no cuentan con notaría, lo que lleva a que todos los trámites deban realizarse fuera. "Debe haber facilidades para realizar transferencias de automóviles o de propiedades, considerados trámites básicos", dice.

El alcalde de Lo Espejo, Miguel Ángel Bruna (PPD), cuenta que no tienen sedes bancarias en un área donde residen 120 mil habitantes. "Las personas requieren créditos, hacer depósitos o retiro de dinero de manera urgente", señala. Añade que esto ocurre porque la zona está "estigmatizada por la delincuencia. Esto lleva a que la comuna tenga sólo un cajero automático, dentro de la municipalidad, que funciona hasta las 17 horas ".

Los vecinos señalan que la activación económica podría producirse a través de la instalación de un mall para que haya oferta de empleos. Así, sostienen que también tendrían instalaciones para el esparcimiento, como un cine. Álvaro González, dirigente de la población Las Turbinas, afirma que se sienten discriminados por no tener el mismo equipamiento que el resto de la ciudad. "Somos de cuarta clase", dice.

Algunas compañías no instalan internet en hogares de esos sectores, pues son consideradas "zonas rojas". Es el caso del sector Bajos de Mena, en Puente Alto, donde habitan 140 mil personas. Los residentes plantean que solo disponen de redes inalámbricas, porque no les venden planes. La misma situación se da en la población El Castillo (La Pintana), La Legua (San Joaquín), la calles Gil de Castro (Lo Espejo), donde se evita acudir por robos a los cables y a los vehículos de las compañías.

En el caso de Bajos de Mena, también hay quejas porque aún no tienen funcionando un cuartel de Bomberos, aunque la municipalidad ya emplazó uno. Aún no tienen un carro de Bomberos para realizar las labores.

Helén Rosso, dirigenta vecinal del sector, añade otro problema: también requieren tener cajeros automáticos. "Tenemos 'cajas vecinas' o locales donde se hacen trámites, pero dependemos de los horarios de los almacenes", señala. Remarca que sólo desde este año se emplazó una comisaría de Carabineros, por lo que -dice- junto a ella podrían instalarse otras oficinas públicas.

Los alcaldes rurales también realizan duros reclamos. Tiltil, al norte de Santiago, no cuenta con ningún tipo de comercio a mayor escala o servicios públicos para realizar trámites. En Lampa, Pirque, Curacaví, Lampa y San Pedro, los residentes denuncian que no hay centros médicos privados ni laboratorios, pues no hay interés de los especialistas para trabajar en localidades rurales. "Para hacer cualquier tipo de trámite se debe viajar al centro y pagar un pasaje de $ 2.800, pues no hay una tarifa subsidiada", señala Juan Pablo Barros, alcalde de Curacaví.