La violencia golpea a La Araucanía a horas del juicio del caso Luchsinger

Dieciocho camiones destruidos y envueltos en llamas. Esa fue la escena que este sábado, pasadas las 2.00, enfrentó Bomberos tras concurrir al aparcadero de una empresa de transportes ubicada en el sector de Quepe, en la Región de La Araucanía.

La magnitud del ataque llevó al gobierno a querellarse invocando la Ley Antiterrorista, por lo que las indagatorias que llevará adelante el Ministerio Público serán en base a esta figura legal.

La fecha y objetivo del atentado no fue coincidencia. Ocurrió a casi 48 horas de que en Temuco se inicie el juicio oral contra los 11 acusados por la muerte del matrimonio compuesto por Werner Luchsinger y Vivian Mackay, ocurrido el 4 de enero de 2013 en la zona.

Pocas horas antes del atentado, Jorge Luchsinger Mackay, hijo del matrimonio asesinado en Vilcún, en una entrevista publicada por La Tercera sostuvo que "vamos a exigir que se ubique hasta los últimos participantes del crimen".

Ramón Aranzasti, propietario de la empresa de transportes Calafquén, y dueño de las máquinas siniestradas, avaluó en más de $ 2.500 millones la pérdida de 18 tractocamiones del 2016, de los cuales 16 estaban cargados con mercaderías.

"Son equipos caros y la carga de mercadería también es cara, por lo menos no se murió nadie ni se quemó nadie, aquí en la región nos conformamos con eso, porque más no podemos hacer", agregó.

Luis Arroyo, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, confirmó durante la jornada que el caso será investigado bajo la Ley Antiterrorista.

"Esta decisión se adoptó luego de analizar los antecedentes y las evidencia levantadas hasta el momento en el sitio del suceso, lo que nos permite sostener que la motivación de los autores de este delito ha tenido por objeto causar temor, en parte de la población", sostuvo el persecutor.

Agregó que otra de las posibles motivaciones del ataque podría ser el "arrancar decisiones en favor de quienes hoy permanecen privados de libertad por delito de esta misma naturaleza, ya que uno de los panfletos encontrados reza: 'Ningún juicio ni condena quedará sin respuesta'. Lo que claramente es un mensaje a los Tribunales de Justicia", sostuvo el persecutor (ver recuadro).

Según la policía, el hecho ocurrió pasada las 2.00 del sábado, en el sector de Quepe. En lugar del ataque había cuatro personas, quienes estaban a cargo de la seguridad de los camiones.

Según el jefe de la IX Zona de Carabineros, general Christian Franzani, desconocidos "habrían ingresado por la parte posterior de esta empresa, aproximadamente cuatro individuos, sumándose después otros siete sujetos más, y ahí con líquidos acelerantes procedieron a rociar los camiones". El alto oficial agregó que los cuidadores fueron intimidados con "armas cortas" y descartó que hayan resultado heridos o fallecidos producto del ataque.

Conocido el hecho, diversos grupos políticos, sociales y económicos de La Araucanía reaccionaron ante este nuevo atentado en la zona, y que tendría directa relación con el juicio por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay.

Edwald Luchsinger, dirigente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural y sobrino del matrimonio asesinado, fue categórico sobre el ataque: "Lo tomamos como una señal inequívoca de la presión que se ha venido ejerciendo en torno a este proceso desde sus inicios. Este es un botón de muestra de lo que está sucediendo".

El senador por la zona, Alberto Espina (RN), criticó al gobierno, ya que aseguró que el ataque "demuestra una negligencia inexcusable, imperdonable de parte de las autoridades que tienen el deber de garantizar el orden público, la paz social y la seguridad de los vecinos de la región". En tanto, el senador José García Ruminot (RN) dijo tener "la impresión de que este atentado incendiario está directamente relacionado conque el lunes se inicia el juicio oral por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay".

Para Aucán Huilcamán, vocero del Consejo de Todas las Tierras, "el senador García Ruminot, es un irresponsable, porque está torcidamente relacionando un hecho absolutamente distinto entre sí".

Richard Caifal, secretario de la Corporación de Empresarios Mapuches, Enama, sostuvo que el ataque "no afectará jurídicamente el desarrollo del juicio (Luchsinger-Mackay), ya que como abogado conozco a los magistrados y a los abogados que intervienen en el litigio y el profesionalismo de ellos es incuestionable".

Para Juan Carlos Reinao, presidente de la Asociación de Alcaldes Mapuches, "estos son hechos sintomáticos del conflicto histórico del Estado chileno con el pueblo mapuche. Estos actos son evidencia de que algo se ha hecho mal a lo largo de la historia".

Gloria Naveillán secretaria ejecutiva de agricultores Victoria-Malleco, declaró que "este atentado es a las claras un amedrentamiento al juicio que se viene mañana (lunes); fue muy organizado, incluso había árboles cortados para evitar que los siguieran".

Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, anunció movilizaciones para la próxima semana a raíz del ataque. "Nos vamos a manifestar el miércoles en la V Región, junto con los colegas autobuseros, el comercio, contra los robos, la delincuencia y los actos terroristas y lo hacemos en el Parlamento para que se cambien las malas leyes y la falta de estado de derecho".