Las desconocidas tratativas para frenar el rol del TC

Fue la primera vez que algunos de ellos visitaban el edificio de Huérfanos 1234 diseñado hace más de cien años. El 6 de marzo, cuando los miembros de la Comisión de Constitución del Senado llegaron hasta la sede del Tribunal Constitucional (TC), la mayoría de ellos quedaron admirados por la arquitectura del recinto, los vitrales y su historia: alberga uno de los ascensores más arcaicos de Chile.

Felipe Harboe (PPD), Pedro Araya (ind.), Hernán Larraín (UDI) y Alfonso de Urresti (PS) -Alberto Espina (RN) no pudo asistir- habían sido invitados por el entonces presidente del TC, Carlos Carmona, para almorzar con el pleno, en una cita considerada por algunos como bastante inusual.

El encuentro, que buscaba ser una cita protocolar, fue la ocasión para que ambas partes abordaran una tensión latente por esos meses.

En las semanas previas, y en un fallo considerado como inédito, el TC declaró la inaplicabilidad por inconstitucional del artículo de la Ley Emilia referido a la obligación de cumplir un año de la pena dictada en la cárcel. Esto, bajo el argumento de que la pena era "desproporcionada" respecto de delitos más graves. En paralelo, el TC manifestaba reparos por la ley de control de armas, que eliminaba la posibilidad de cumplir la pena en libertad.

Con ese telón de fondo, aunque el diálogo inicial entre los senadores y los ministros tuvo un tono cordial, a poco andar de la cita esas últimas decisiones que había adoptado el TC tensionaron el ambiente, transformándose en un frente a frente entre ambas partes desconocido hasta ahora.

Los primeros en abrir fuego fueron Araya y Harboe. "Siempre hemos entendido que la política criminal la fija el Congreso y el Ejecutivo, no le compete al TC", lanzó Araya, quien también hizo presente su inquietud por las implicancias de los lineamientos fijados por el TC, considerando que el borrador que recibió la Presidenta Michelle Bachelet para modificar el Código Penal "está construido, precisamente, con criterios similares a los establecidos para la Ley Emilia en cuanto a la aplicación de penas. Harboe, por su parte, acusó un exceso de atribuciones del TC.

Tras las intervenciones, el ministro José Ignacio Vásquez -reconocido por su sensibilidad conservadora- respondió a los cuestionamientos de los senadores defendiendo la facultad del TC en el control constitucional de los proyectos de ley. Además, dicen algunos de los presentes, el ministro habría manifestado reparos con el texto final de la Ley Emilia. Lo anterior provocó el disgusto de Harboe, quien argumentó que los ministros podían "controlar la constitucionalidad", pero no tenían "derecho a cuestionar la legislación cuando es constitucional".

El senador PPD incluso emplazó a Vásquez a postularse al Congreso para ver si desde ahí podía "ayudar" en esa dirección, en lo que fue uno de los momentos más tensos del almuerzo.

"Tuvimos una reunión de trabajo con el pleno para abordar los últimos fallos que se habían dictado en la Ley Emilia y de control de armas. En esa lógica defendí que la fijación de la política criminal, es decir, qué delito y con qué pena se sanciona, es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo y Legislativo y que, a mi juicio, no le corresponde al TC pronunciarse en ese tema", explicó Araya a La Tercera.

Harboe agregó que "no me parece que el tribunal se arrogue facultades legislativas; eso genera un daño a la institucionalidad. La verdad es que el almuerzo, que partió distendido, luego derivó en una conversación franca, donde cada uno tomó su posición. Hubo un momento de mayor tensión, pero siempre con mucho respeto".

En la comisión dicen que la postura del TC ese día fue leída por los legisladores como un intento por "rayarle la cancha" a este Parlamento. Esto, considerando que el almuerzo se produjo en momentos en que la Comisión de Constitución se había acordado transversalmente -según algunos miembros- la redacción de un borrador para delimitar las atribuciones del TC al alero de los fallos ya descritos.

"La idea era presentar un proyecto de reforma constitucional que delimitara las facultades del TC. Se buscaba limitar el control constitucional al ámbito preventivo y devolver la facultad de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad a la Corte Suprema", explica en privado un senador. Las mismas fuentes dicen que la iniciativa naufragó cuando sectores de Chile Vamos se percataron del rol que le cabría luego al TC en la batalla por el aborto, iniciativa emblema de Bachelet.

Pero la versión oficialista es refutada por otros integrantes de la comisión, quienes aseguran que las conversaciones al interior de Constitución apuntaban solo a defender las atribuciones del Parlamento.

"Hay una tendencia mundial de los tribunales constitucionales en los últimos años de aplicar principios más que preceptos, lo que les permite actuar con mayor generalidad más que someterse al texto constitucional. Esa no es la forma en que fue concebido este tribunal y no comparto este camino de interpretación, porque es una forma elegante de no aplicar la Constitución", dijo el senador Larraín.

El riesgo que advirtieron en marzo privadamente algunos senadores sobre la actuación del TC como una suerte de "tercera Cámara" volvió a instalarse, aunque esta vez públicamente, con el fallo del aborto a fines de agosto.

En el texto que difundió el TC sobre el requerimiento presentado por senadores de oposición para declarar inconstitucional el proyecto, los ministros suprimieron las palabras "en ningún caso" del artículo 119 ter que aludía a la objeción de conciencia institucional. Esto, para los parlamentarios, cambió el sentido de la legislación. Por eso, Araya, Harboe y De Urresti anunciaron el envío de un proyecto para "delimitar con mayor precisión" las facultades del TC.

La determinación de los legisladores tiene "inquietos" a los ministros del TC, según quienes han dialogado con integrantes del pleno.

El fallo del aborto, estiman, terminó por exponer un debate hasta entonces interno sobre el rol del TC, a lo que se suma la incertidumbre sobre el equilibrio que tendrá el próximo Congreso tras la primera elección con un sistema proporcional, y la posibilidad de que una mayoría busque limitar dicho rol.

Bajo ese cuadro de tensiones, aún se mantiene sin fecha el almuerzo que los senadores prometieron a los ministros para retribuir su invitación, y que nadie sabe con certeza si finalmente se llevará a cabo.