Las fechas claves del caso Bombas

Desde los ataques en distintos puntos de la capital y la muerte del joven anarquista que trasladaba una bomba en su mochila cerca de la Escuela de Gendarmería el año 2009, han ocurrido una serie de sucesos, entre ellos allanamientos a casas okupa, querellas por ley Antiterrorista, acusaciones de montaje, decretos de medidas cautelares, revocaciones de prisión preventiva y cambios de fiscales a cargo de la investigación. A continuación la cronología del caso Bombas, una investigación de mecha larga.

16 de enero de 2009: Un supuesto grupo anarquista instaló cuatro artefactos explosivos en distintos puntos de la capital, de los cuales dos detonaron. El fiscal metropolitano oriente, Xavier Armendáriz, es designado para liderar las diligencias. El gobierno pidió al Ministerio Público realizar las pesquisas para dar con los responsables.

23  de enero de 2009: El gobierno, a través del ministro del Interior (s) Patricio Rosende, se querelló por el delito de "daños simples" y daños a la propiedad en contra de quienes resulten responsables de los 32 ataques ocurridos entre agosto de 2007 y diciembre del 2008. En el escrito, se mencionan bombazos que han afectado a sucursales bancarias, comisarías, centros de pago, sedes de partidos políticos, un canal de televisión, una universidad y embajadas, hechos por los cuales aún no hay detenidos. La acción legal no invocó la ley Antiterrorista.

27 de marzo de 2009: Un artefacto explosivo con pólvora negra, que finalmente no estalló, fue instalado en una farmacia de Las Condes.

22 de mayo de 2009: Muere Mauricio Morales luego de que le estallara una bomba hechiza en las inmediaciones de la Escuela de Gendarmería en el barrio Matta de Santiago. El artefacto explosivo era similar a los empleados en bombazos anteriores. El joven estaba acompañado de otro individuo captado por la cámara de seguridad de una empresa.

28 de mayo de 2009: Detienen a Cristián Rodrigo Cancino Carrasco, sindicado por la Fiscalía Oriente como el dueño de los 800 gramos de pólvora encontrados en una de las casas okupa allanadas tras la muerte del anarquista Mauricio Morales. Cancino fue formalizado por infracción a la Ley de Armas, quedó con arraigo nacional y firma periódica en el Ministerio Público.

2 de junio de 2009: Con la detención de un joven okupa identificado como Rodrigo Vega Morales, culminó un amplio operativo del Gope de Carabineros en un domicilio ubicado calle Santo Domingo 2409, en Santiago.

9 de junio de 2009: La  Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, recapturó a Cristián Rodrigo Cancino Carrasco, 31 años,  luego que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara su libertad dictada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

24 de junio de 2009: El ministro del Interior (s), Patricio Rosende, presentó una querella ante el Octavo Juzgado de Garantía bajo la Ley Antiterrorista,  contra Cristián Cancino Carrasco, quien está imputado por instalar, el pasado 27 de marzo, un artefacto explosivo con pólvora negra en una farmacia de Las Condes. Durante la formalización, el fiscal Francisco Jacir invocó la Ley Antiterrorista, que contempla una pena mínima de cinco años para quienes instalen bombas.

13 de agosto de 2009: Gracias a una denuncia de un familiar, encuentran un kilo y medio de pólvora negra, mecha y otros elementos para fabricar bombas en un departamento donde Diego Alejandro Ríos González (22) habitó un tiempo. El entonces sospechoso de los atentados explosivos era buscado reservadamente desde julio de ese año.

06 de noviembre de 2009: Trasladan la búsqueda de Diego Ríos González a la Octava Región, el entonces único sospechoso con orden de detención en la indagación por la serie de ataques explosivos.

11 de diciembre de 2009: "Gracias a Dios los fiscales, finalmente, nos dieron las órdenes para poder hacerlo y vienen en un muy buen momento", expresó el ministro del Interior, Edmudo Pérez Yoma, luego de que trece personas fueran detenidas  tras operativos realizados por Carabineros y la PDI,  por oponerse a los registros y agredir a los funcionarios policiales. La acción se realizó como parte del plan de seguridad antibombas, con miras a las elecciones presidenciales y parlamentarias que se realizarían el 13 de ese mes. Ninguno de los arrestados fue vinculado con la colocación de artefactos explosivos.

Los allanamientos autorizados por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que se centraron en las casas okupa Sacco y Vanzzetti, La Idea, La Crota y El Hogar, además de dos domicilios particulares, también habrían tenido por objetivo recoger "rastros biológicos" y obtener fotografías.
En el operativo se incautaron computadores, literatura, manuales para fabricar explosivos, además de decenas de bicicletas.

13 de enero de 2010: El fiscal que encabeza la investigación por la serie de atentados explosivos que han afectado al país, Xavier Armendáriz pidió a las autoridades modificar la llamada Ley Antiterrorista y dar mayores herramientas para la persecución penal. "Las deficiencias de mi trabajo las asumo yo, no se las endoso a terceros, lo que estamos tratando de decir es que eso es un factor que contribuiría a hacer más efectivas las investigaciones de esta naturaleza", dijo.

15 de enero de 2010: El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, aseguró que se debe hacer un estudio acabado sobre las modificaciones a la ley Antiterrorista y emplazó al Ministerio Público a que se obtengan resultados rápidos y eficaces en la investigación en el caso Bombas.

05 de abril de 2010: Efectivos de la Brigada Investigaciones Policiales Especiales de la PDI detuvieron Sebastián Soto (27), quien mantenía órdenes de arresto pendiente por maltrato de obra a Carabineros y que además vivía en la casa Okupa donde vivía el anarquista Mauricio Morales, fallecido luego que le explotara una bomba.

30 de mayo de 2010: El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, aseguró que esperaba que en menos de un año se aclararan los bombazos que han afectado al país.

31 de mayo de 2010: "Concordamos con el gobierno en que hay que ponerle celeridad a la investigación, pero no se pueden poner plazos, eso no corresponde. El único plazo lo fija el tribunal después de la audiencia de formalización", manifestó el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán.

14 de junio de 2010: El fiscal nacional, Sabas Chahuán, decidió nombrar a un nuevo fiscal para que se haga cargo de la investigación por los más de 100 atentados explosivos registrados en Santiago. El entonces fiscal metropolitano sur, Alejandro Peña, fue designado "para encabezar las indagatorias que buscan determinar a los responsables".

A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que "Alejandro Peña desarrollará la investigación con el apoyo de los fiscales adjuntos a su cargo, con plena coordinación con el equipo encabezado por el fiscal regional Metropolitano Oriente, Xavier Armendáriz, quien hasta hoy dirigió la investigación y que tiene su cargo otras causas complejas que obligan a una adecuada distribución de las tareas de persecución".

16 de junio de 2010: Una lista de 25 nombres era manejada por fiscalía como sospechosos.  Al menos cinco integrantes de la nómina pertenecen al círculo de amistades de Diego Ríos (23), buscado desde el año pasado como posible "cocinero", es decir, fabricante de pólvora para la realización de atentados.

6 de julio de 2010: Primer detenido por caso bombas. Roberto Gajardo Rubilar fue detenido al interior de la población Nocedal, en la comuna de Puente Alto, luego de ser sorprendido con dos extintores con pólvora negra.

07 de julio de 2010: El Ministerio Público amplió la detención de Roberto Gajardo Rubilar. La Fiscalía Sur pidió la ampliación para esperar los informes periciales respecto de la participación del imputado en el caso y perpetró atentados en el último tiempo. Además el gobierno presentó una querella por ley Antiterrorista contra Gajardo, invocando a la colocación de explosivos de forma tentativa.

09 de julio de 2010: El Juzgado de Garantía de Puente Alto resolvió ampliar en cuatro meses la detención del único imputado en el llamado caso bombas, Roberto Gajardo Rubilar, bajo la Ley Antiterrorista, formalizado por el delito de colocación de artefactos explosivos.

30 de julio de 2010: La Octava Sala de la Corte de Apelaciones decidió acoger el recurso presentado por el fiscal Alejandro Peña, que pidió recusar a los jueces por no levantar el secreto bancario en el caso bombas. Con esto, la Fiscalía Metropolitana Sur tendrá acceso a una cuenta bancaria donde personas, presuntamente vinculadas a los ataques terroristas, recibirían recursos desde el extranjero.

14 de  agosto de 2010:  El fiscal Alejandro Peña confirmó que son 14 los detenidos tras los allanamientos realizados esa mañana, a tres casas okupa, entre ellas "La Crota", ubicada en Santa Isabel 380 y "Jhonny Cariqueo", en El Cobre, comuna de Pudahuel, además de operativos realizados en Valparaíso.

"Comienza una nueva etapa judicial que es la de formalizar a las personas que han sido detenidas", dijo Peña esa oportunidad y agregó que "este ha sido el esfuerzo de dos meses de investigación, desde que se asumió en esta fiscalía con los equipos especializados de las policías realizando los peritajes científicos estrictamente indispensables, para poder imputar de manera seria y estricta la infracción por sus conductas a la Ley Antiterrorista", dijo Peña.

El fiscal precisó que "las órdenes de detención son por el delito de asociación ilícita terrorista y de colocación de artefactos explosivos con la finalidad de producir temor en la población".

Entre los detenidos estaban el ex lautaristas Pablo Morales Fuhriman y Rodolfo Retamales Leiva. Además, fue detenida Andrea Urzúa, quien fuera ayudista de los ex lautaristas, Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla, sindicados como responsables de la muerte del cabo Luis Moyano tras un asalto al Banco Security en el centro de Santiago el 2007.

16 de agosto de 2010: Los abogados de los 14 detenidos visitaron en la cárcel a sus defendidos y acusaron presiones para lograr que sean juzgados. Alberto Espinoza, defensor de Rodolfo Retamales, dijo a La Tercera que "hay desproporción de cómo están actuando las instituciones en el caso" y que esto queda demostrado al verse "debilitada la independencia del Ministerio Público por influencia del Ministerio del Interior".

17 de agosto de 2010: En la audiencia de formalización de los imputados, la fiscalía entregó como pruebas escuchas telefónicas realizadas durante la investigación, 17 videos que probarían la realización de los atentados y un antecedente que involucra a dos de los imputados: haber recibido 950 Euros desde Italia para financiar las operaciones.

18 de agosto de 2010: Más de 17 horas duró la formalización de cargos por asociación ilícita terrorista en contra de los 15 imputados por el caso Bombas.

Ocho de los detenidos quedaron en prisión preventiva, mientras que los otros seis quedaron con medidas cautelares como arraigo nacional, firma semanal y prohibición de acercarse a las casas okupa. El otro sujeto ya cumple condena por otros cargos. Según Peña, la red anarquista comenzó a operar en 2005 y se le atribuyen al menos 23 atentados con bombas.

Tras la audiencia quedaron con arresto los ex lautaristas Rodolfo Retamales Leiva y Pablo Morales -a quienes la fiscalía sindica como líderes de la agrupación-  Andrea Urzúa, Francisco Solar, Mónica Caballero, Felipe Guerra, Mario Hermosilla y Vinisius Aguilera.

El Ministerio Público sindicó como colaboradores a Omar Hermosilla, Carlos Riveros, Camilo Pérez, Iván Goldenberg, Cristián Cancino, Andrea Urzúa, Vinicio Aguilera y Diego Morales Muñoz.

En tanto, imputó a Mónica Caballero, Felipe Guerra, Francisco Solar, Candelaria Cortés-Monroy y Gustavo Fuentes Aliaga (se encontraba cumpliendo condena por haber atacado a su ex pareja) como instaladores de artefactos explosivos.

18 de agosto de 2010: El ministro Rodrigo Hinzpeter calificó de "grave" la vinculación de una ex funcionaria de gobierno en una escucha telefónica, expuesta como prueba en la audiencia.

"Una investigación de esta naturaleza, compleja, pero muy importante, tiene que cubrir todas las aristas y si hubo personas que trabajaban en materias de seguridad ciudadana dentro del gobierno anterior, que tuvieron relaciones o ayudaron a quienes hoy son formalizados por asociación ilícita terrorista, eso es un tema muy grave que tiene que ser investigado", dijo el ministro.

18 de agosto de 2010:  La Municipalidad de La Florida informó este miércoles que la ex coordinadora de Seguridad Pública de la Región Metropolitana y actual funcionaria del municipio capitalino, María Carolina Lizárraga Guerrero, solicitó un permiso para "resolver su situación personal", tras difundirse un contacto telefónico que realizó con uno de los formalizados por el llamado caso bombas.

26 de agosto de 2010: La Corte de Apelaciones de San Miguel ratificó este jueves la prisión preventiva para los imputados en la investigación del denominado caso bombas por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad. Se trata de Pablo Morales Fuhriman y Rodolfo Retamales Leiva, sindicados por la fiscalía como los cabecillas del grupo, su compañero Omar Hermosilla Marín y de los imputados Vinicio Aguilera Mery, Francisco Solar Domínguez, Felipe Guerra Guajardo, Mónica Caballero Sepúlveda y Andrea Urzúa Cid.

Además la corte sanmiguelina revocó las libertades que se habían otorgado a los imputados Carlos Riveros Luttge y Camilo Pérez Tamayo, las que habían sido impugnadas por el fiscal jefe de la zona sur Alejandro Peña y por la querellante de la Iglesia Parroquia Inmaculada Concepción de Vitacura, Francisca Franzani.

La medida dejó en libertad pero con medidas cautelares Candelaria Cortés-Monroy, Diego Morales Muñoz, Iván Goldenberg González y Cristián Cancino Carrasco.

07 de septiembre de 2010: El juez Juan Escobar declaró que Octavo Juzgado de Garantía de Santiago es competente para conocer las actuaciones que realizará el Ministerio Público, rechazando las pretensiones de la Fiscalía Sur que había solicitado acumular todos los hechos relativos a esta causa en el Undécimo Juzgado de Garantía, que tiene competencia en la zona sur de la capital.

08 de octubre de 2010: Una querella por delito de colocación de artefactos explosivos contra dos imputados en el denominado caso bombas interpuso el Consejo de Defensa del Estado (CDE), ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago. La acción judicial está dirigida contra Francisco Solar Domínguez y contra Gustavo Fuentes Aliaga.

17 de diciembre de 2010: Pablo Morales denunció que, tanto a él como a todos los detenidos en la causa, les tomaron muestras de sangre a la fuerza para obtener su perfil genético.

04 de noviembre de 2010: La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones decidió traspasar la investigación del Caso Bombas del 11° al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

14 de diciembre de 2010: La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la libertad provisional de Andrea Urzúa Cid, quien el lunes pasado obtuvo este beneficio por parte del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, señalando que no habían antecedentes suficientes para su formalización como parte de la asociación ilícita terrorista para la colocación de explosivos en el marco del llamado Caso Bombas, por la cual fue detenida en agosto pasado.

27 de diciembre de 2010: "Esta investigación y lo que ha hecho el fiscal Peña responde básicamente a satisfacer una necesidad política que se generó en algún momento para los efectos de que se estaba haciendo algo en materia de seguridad ciudadana", señaló desde Tribunales el abogado de Pablo Morales, Mauricio Daza.

03 de febrero de 2011: El Octavo Juzgado de Garantía resolvió este jueves levantar el secreto del sumario del denominado Caso Bombas, tras una audiencia en que se discutieron las medidas cautelares que pesan en contra de los imputados del proceso. El tribunal determinó que los abogados de los presos tienen el derecho de tener acceso al expediente investigativo, hasta ahora mantenido bajo cautela por el fiscal regional de la Zona Sur, Alejandro Peña.

04 de febrero de 2011: Abogados de los imputados en el denominado Caso Bombas, denunciaron a la Fiscalía Metropolitana Sur de escuchas telefónicas ilegales. El abogado Alberto Espinoza aseguró que "aquí hay un caso de ilegalidad extrema que es preocupante y que nos permite sostener que esta investigación ha sido muy irregular y que ha caído en situaciones de ilegalidad muy flagrantes. Hay que tener todas las pistas a la vista para poder tomar una decisión consecuente con esa revisión que se haga con los antecedentes".

16 de febrero de 2011: La Fiscalía evalúa solicitar la detención con fines de extradición de dos europeos que serían financistas de anarquistas chilenos involucrados en el denominado Caso Bombas.  El italiano Simone Telaro y la francesa Alexandra Rai Nora serían los financistas de los anarquistas durante una audiencia de revisión de medidas cautelares de dos de los 14 procesados. Omar Hermosilla y Vinicio Aguilera quedaron con arraigo nacional y arresto domiciliario, mientras que se mantuvo la prisión preventiva para Andrea Urzúa.

Además, la Segunda Sala de Verano de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la prisión preventiva de uno de los imputados en el Caso Bombas, que había obtenido la libertad provisional la semana pasada por parte del Octavo Juzgado de Garantía. Carlos Rivera había solicitado este beneficio que fue otorgado previamente por el juez Fernando Valderrama. En tanto, el Tribunal ratificó la prisión preventiva de Felipe Guerra.

21 de febrero de 2011: Nueve detenidos que se mantienen  en prisión preventiva iniciaron una huelga de hambre líquida la cual mantienen vigente por considerarse "presos políticos".

18 de marzo de 2011: Suspenden audiencia de reformalización de 15 imputados por caso Bombas hasta el 24 de marzo. Esto, luego de que las defensas de los presuntos subversivos acusaran al Ministerio Público de faltar a la verdad.

24 de marzo de 2011: El Octavo Juzgado de Garantía cerró, luego de casi cinco años de investigación, la indatagoria del llamado caso Bombas.

04 de abril de 2011: La Fiscalía Sur pidió al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago cadena perpetua simple para los presuntos líderes anarquistas Rodolfo Retamales y Pablo Morales.

06 de abril de 2011: El fiscal jefe de la zona metropolitana Sur,  a cargo del caso Bombas, Alejandro Peña, dejó el Ministerio Público para asumir un cargo en la Subsecretaría del Interior.

25 de abril de 2011: Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sergio Aguiló, Tucapel Jiménez y Hugo Gutiérrez y además monseñor Alfonso Baeza, comenzaron una mesa de diálogo permanente, que busca apoyar a los imputados por el caso Bombas, que se encuentran en huelga de hambre.

Los internos acusan que todo el caso ha sido un montaje por parte del otrora fiscal jefe de la zona Sur, Alejandro Peña.

25 de abril de 2011: La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones revocó hoy la prisión preventiva de Pablo Morales, sindicado por la fiscalía como el líder dentro del caso Bombas, quedando con arresto domiciliario.

Además, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, revocó la prisión preventiva de Vinicius Aguilera, el presunto financista de los atentados. El tribunal consideró que no existe un peligro de fuga, por lo que quedó con arresto domiciliario.

26 de abril de 2011: Tras 65 días, los ocho imputados que mantenían una huelga de hambre, depusieron la medida tras reunirse con el diputado Tucapel Jiménez y el sacerdote Alfonso Baeza.

27 de abril de 2011: Alfonso Baeza, ex vicario de la Pastoral Social, se refirió en ADN Radio, a las condiciones de los detenidos por el caso bombas y las acusaciones de supuesto montaje para inculparlos. "Según todas las apreciaciones que han hecho abogados muy respetables (la persona detrás del presunto montaje) se trataría del famoso fiscal Peña y del ministerio público", sentencio.

27 de abril de 2011: La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones revocó la prisión preventiva a Rodolfo Retamales Leiva, sindicado como uno de los líderes de la presunta asociación ilícita.

28 de abril de 2011: El sacerdote Alfonso Baeza reiteró la acusación de montaje por parte del gobierno. El caso "se presta para pensar con bastante exactitud la idea de un montaje", dijo en radio Cooperativa.

29 de abril de 2011: En una audiencia de revisión de medidas cautelares, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago revocó la prisión preventiva para Carlos Riveros y Camilo Pérez. Esta medida se suma a los cambios en las medidas cautelares de los considerados líderes del caso Rodolfo Retamales Leiva, Pablo Morales, y el supuesto financista Vinicius Aguilera. Para Francisco Solar y Felipe Guerra se mantuvo la medida de prisión preventiva.

02 de mayo de 2011: Tras la reunión que sostuvo hoy la mesa de diálogo formada para analizar y apoyar a los jóvenes implicados en el Caso Bombas, los miembros de la instancia anunciaron la presentación de un oficio de fiscalización al Ministerio Público por la posible pérdida de evidencia en la investigación.

02 de mayo de 2011: Comienza la audiencia de preparación de juicio oral por el denominado Caso Bombas en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

05 de mayo de 2010: Luego de la resolución de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde decidió revocar la prisión preventiva otorgada como medida cautelar a los dos últimos imputados que permanecían en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, no quedan acusados en prisión preventiva en el caso Bombas.  Francisco Solar y Felipe Guerra quedaron con arresto domiciliario.

5 de mayo de 2011: El integrante de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Gustavo Hasbún, anunció que citarán al Fiscal Nacional Sabas Chahuán para que entregue explicaciones tras la denuncia de que se habrían eliminado y perdido una serie de pruebas en el llamado caso Bombas.

En tanto, durante los primeros cuatro días de preparación de juicio oral, casi dos mil evidencias han sido retiradas por la Fiscalía Sur.

06 de mayo de 2011: En el quinto día de preparación de juicio oral del caso Bombas, la Fiscalía presentó los argumentos complementarios a las pruebas de la acusación. Se espera que la preparación de juicio oral dure al menos dos semanas.