León Vial se suma a Julio Ponce y acude al TC por multa de SVS

Como el "peor de los mundos posibles para el fiscalizado" calificó Leonidas Vial la norma que utilizó la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) para multarlo en septiembre de 2014 con 500 mil UF (US$ 20 millones de la época) por su rol en el caso cascadas. Por eso, acudió al Tribunal Constitucional (TC) por lo que consideró la vulneración a sus derechos básicos que cometió el regulador, al sancionarlo como parte del supuesto "esquema" de operaciones para alterar artificialmente los precios de las sociedades.

El artículo que impugna Vial -hoy socio de LarrainVial y presidente de La Polar- es el número 29 de la ley orgánica de la SVS, que determinaba que el fiscalizador podrá "a su elección" multar por hasta el 30% del valor de la emisión u operación irregular sancionada.

"No define criterios, parámetros o principio alguno que permita graduar y aplicar una sanción legalmente determinada al caso concreto. Tampoco establece criterios que establezcan una base de cálculo real y cierta para la determinación del límite superior de dicha sanción, deviniendo ello en una multa totalmente indeterminada", indica el escrito presentado por los abogados Alfredo Alcaíno y Marcelo Giovanazzi.

Estos mismos argumentos ya han sido utilizados por Roberto Guzmán, a quien el TC le dio la razón en septiembre del año pasado, señalando que la SVS se excedió en sus atribuciones. Fue esa sentencia en la que se apoyaron, además, Julio Ponce y los ejecutivos de LarrainVial, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, quienes también acudieron a sede constitucional.

En el caso de Guzmán, el TC dictó el año pasado que la máxima multa que podía aplicar la SVS de manera objetiva eran los 75 mil UF que indica el mencionado artículo y sólo cuando el delito fuera de manera reiterada."La cuantía excede en más de 6 veces la multa máxima por reiteración que podría haber aplicado la SVS (...) lo que se comprueba mediante un simple cálculo aritmético", indica el escrito de Vial y agrega que "si bien la administración debe tener un cierto grado de discrecionalidad al momento de aplicar sanciones, esta no puede ser absoluta y devenir en arbitraria".

Fue justamente el fallo a favor de Guzmán el que obligó a Hacienda en octubre del año pasado a mejorar la fijación de multa, lo que incluyó en la nueva Comisión de Mercado Financiero, que reemplazará a la SVS.

"El propio legislador optó por modificar el artículo 29 (...) intentando generar mecanismos más objetivos de aplicación de sanciones y criterios obligatorios de ponderación de la sanción", dice Vial y ejemplifica con criterios como la gravedad de la conducta, daño o riesgo causado al mercado o a la fe pública y participación.

"Con ello, el legislador acoge en un buen grado el criterio del TC y devela con mayor claridad las debilidades de la norma que se impugna en este requerimiento", se lee en el escrito.

En el requerimiento, Vial también se presenta como un inversionista calificado que siempre tuvo como foco de inversión las acciones tanto de SQM como de sus sociedades controladoras (las cascadas). Ello, "por la racionalidad económica que se desprende del hecho de la buena proyección mundial de las actividades mineras de esas empresas -que las hacían muy atractivas para los inversionistas institucionales nacionales y extranjeros-, como por existir un relevante valor de descuento implícito en el activo subyacente", recalca.

Agrega, además, que "nunca en toda mi larga trayectoria como directivo e inversionista calificado he sido merecedor de una sanción por la SVS o por la Bolsa de Comercio de Santiago, teniendo siempre una irreprochable conducta bursátil".

Además, dice que el propio superintendente Carlos Pavez reconoció en el juicio de primera instancia que "carecía de prueba documental, testifical o de presunciones que le permitieran inferir que yo había participado en el supuesto esquema".