Ley Antiterrorista: supremo pide ajustar norma y policía indaga a 80 sospechosos

Luego de conocer las conclusiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), que llamó a Chile a "reformar la Ley Antiterrorista y adoptar una definición clara y precisa de los delitos de terrorismo", jueces de la Corte Suprema reconocieron la necesidad de "ajustar" la normativa.

En medio de una actividad realizada ayer en un hotel de Las Condes, los magistrados manifestaron su preocupación por la seguidilla de ataques y la eventual comisión de delitos terroristas en la capital.

El presidente del máximo tribunal, Sergio Muñoz, si bien aseguró que los cambios recomendados por la ONU deben ser tratados por la autoridad política, dijo que "todas las visiones que se puedan dar por los organismos internacionales se deben tener en consideración". El magistrado agregó que para "la legislación chilena, en la oportunidad que sea invocada y que corresponda su aplicación, es procedente hacerlo por todos los tribunales".

En tanto, el ex presidente de la Corte Suprema Milton Juica aseguró que "las leyes naturalmente deben ser siempre revisadas cuando hay ciertas observaciones respecto de su funcionamiento. Esta es una ley que tiene una historia más o menos compleja, desde el punto de vista de su establecimiento, desde el punto de vista de su aplicación, en una época de dictadura, y que se han hecho modificaciones muy fuertes".

Juica añadió que la normativa "hay que ajustarla, porque tampoco podemos negar la existencia y el peligro que encierra el terrorismo. Chile no es un país que puede estar libre del terrorismo, y si hay la potencialidad de que ello ocurra, debemos tener una legislación moderna, eficiente, para poder satisfacer todos los problemas que provoca el terrorismo en todas partes del mundo".

El informe elaborado por el organismo internacional recomendó, entre otros puntos, "asegurar que las garantías procesales sean respetadas. El comité insta a abstenerse de aplicar la Ley Antiterrorista en contra de mapuches".

Según los registros del gobierno, entre 2005 y 2014 se han registrado 320 ataques explosivos. Sólo en los primeros seis meses del año, 26 ataques han afectado a entidades gubernamentales o comisarías. El hecho de mayor gravedad, y que obligó a La Moneda a invocar la Ley Antiterrorista, ocurrió en una estación del Metro, cuando una bomba detonó al interior de un vagón sin pasajeros.

ATRIBUCIONES DE LA LEY

Uno de los cambios a la ley solicitados por el Ministerio Público apunta a entregar mayores atribuciones y herramientas investigativas a los fiscales y policías. El fiscal nacional, Sabas Chahuán, sugirió emplear técnicas similares a las usadas en la Ley de Drogas.

Sobre este punto, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, recalcó que "no es necesario hacer cambios a la ley".

Según la autoridad, "si uno mira la legislación actual, hay posibilidades de intervención telefónica, existen todos los mecanismos necesarios para proceder a la investigación, hay agentes encubiertos. Están las posibilidades".

Agregó que se deben "usar los medios que hay para efectos de encontrar a los culpables (...), siempre hay que estar en este tema de los delitos terroristas, de narcotráfico, de organizaciones criminales, mejorando las condiciones, y ese es un trabajo permanente que hacemos, incluso en las conversaciones con la fiscalía".

De visita en Melipilla, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, se refirió a los últimos atentados. El jefe de gabinete dijo que "cualquier antecedente que nos permita identificar a los autores de las bombas es un dato que las policías y que la inteligencia tienen que investigar a fondo".

La autoridad agregó que "no vamos a permitir que ningún grupo o persona se sienta con la libertad de instalar bombas. Vamos a seguir con esto hasta el final".

Uno de los antecedentes que bajo estricta reserva maneja la policía es la identidad de, al menos, 80 personas vinculadas a condenados y ex acusados de atentados explosivos e incendiarios.

Entre los sospechosos se encuentran dos condenados por robo con intimidación y porte de arma, tras el robo a un banco en diciembre de 2013. Ambos, luego de llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, se encuentran cumpliendo una condena a cinco años en libertad.

Las policías indagan los nexos de estos sospechosos con grupos antisistémicos y su cercanía con Sebastián Oversluij, quien fue abatido el día del robo.

Según fuentes policiales, los últimos panfletos hallados en lugares donde ocurrieron atentados, y que aluden a la muerte de Oversluij, harían presumir eventuales vinculaciones con anarquistas cercanos al fallecido.