Los escenarios que abre la FNE ante la posible existencia de un cartel en el fútbol

Más allá del resultado que este domingo a las 16 horas obtenga Barnechea frente a San Marcos de Arica, en su redebut en la Primera B del fútbol chileno, la arista judicial que abrió ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en su afán de ser parte del fútbol profesional, podría terminar, en el peor de los casos, con la disolución de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), organismo que ayer guardó silencio respecto al caso.

Una medida prejudicial que solicitaba que no se les cobraran los casi US$ 2 millones para ser parte de la Primera B, luego de ser los campeones de la Segunda División Profesional, terminó haciendo pública una investigación de la unidad Anticarteles de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), por un eventual caso de barreras anticompetitivas que estaría imponiendo el Consejo de Presidentes de la ANFP para evitar que más actores se sumen a ese selecto club, y así evitar repartir las ganancias que les deja el Canal del Fútbol (CDF).

Los expertos consultados por La Tercera difieren respecto de la existencia de "un caso sólido" tras esta investigación de la FNE. Si bien algunos entienden que aquí podría configurarse una colusión, otros dicen que es discutible y que el caso no sería fácil de demostrar.

Fuentes consultadas confirmaron que varios clubes deportivos y hasta la propia ANFP estarían buscando a reputados abogados de libre competencia para que los asesoren.

Tomás Menchaca, ex presidente del TDLC y hoy parte de Menchaca y Compañía Abogados, dijo que "hay actividades legítimas y regladas por estatutos en diversas asociaciones. Sin embargo, nadie está por sobre la ley, y la libre competencia no es la excepción".

De hecho, recuerda que el Decreto Ley 211, que regla estas materias en el país, deja claro que "el que ejecute o celebre, individual o colectivamente cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será sancionado". Y en doctrina chilena, el concepto de "el que", ha sido interpretado como cualquier actor, sea este público, privado, persona, empresa, gremio o asociación.

"Claramente puede configurarse un caso en la medida que se pruebe que hay un acuerdo entre competidores para bloquear el acceso de uno nuevo con el fin de beneficiarse de un bien económico", dice Menchaca. En este caso, según dicen fuentes que conocen de la indagatoria, la investigación apuntaría a un acuerdo entre los presidentes de los clubes de fútbol para evitar el ingreso de nuevos actores a través de barreras como el cobrar US$ 2 millones. "Si hay un acuerdo de este tipo, eso es claramente una colusión o cartel", agrega.

En cuanto a las sanciones, éstas van desde multas por el 30% de las ventas o ingresos reportados con la actuación ilegal, hasta 60 mil UTA (más de US$ 50 millones). Incluso, según el artículo 26 del DL 211, puede incluir la disolución de una organización si se comprueba que en su interior se gestó una colusión, según explica Menchaca. Esto fue lo que ordenó el TDLC en el caso pollos respecto de la Asociación de Productores Avícolas (APA).

Por su parte, el abogado Mario Bravo, experto en libre competencia, dice que este no es un tema nuevo. "Siempre se ha hablado de un cartel en la ANFP, lo complejo es que ellos se amparan en que son parte de la FIFA y tienen sus normas aparte, pero nadie está por sobre la ley".

Apunta además que la FIFA es "un cartel de hecho, y que tiene el carácter de supranacional. Si se quiere comparar, esto es como la Opep, que fija unilateralmente el precio del petróleo". El experto ve que en el caso del Consejo de Presidentes, se vislumbra claramente un caso de práctica exclusoria para el ingreso de un nuevo competidor lo que es expresamente sancionado por la legislación de libre competencia.

Ayer se habló de la posibilidad de que Chile sea expulsado de la FIFA -y por ende no pueda jugar el Mundial de Rusia en el caso de clasificar- por ir a tribunales ordinarios y no arreglar sus problemas por la vía administrativa. Algo en lo que difiere el abogado Ciro Colombara, quien junto a su socio Aldo Díaz, del estudio Rivadeneira, Colombara, Zegers, representaron a Barnechea ante el TDLC.

"No hay ninguna posibilidad de sanción de la FIFA, porque no hay un conflicto deportivo, sino uno económico y de libre competencia entre Sociedades Anónimas Deportivas que compiten por el mercado de los derechos de retransmisión de los partidos de fútbol por parte del CDF. Eso no lo resuelve la justicia deportiva, sino la justicia ordinaria", afirma. "Este es un rumor falso y malintencionado que están haciendo circular los intereses económicos que están siendo dejados en evidencia", agrega.

"El inicio de un caso ante el TDLC por parte del Club Barnechea en contra de la ANFP es una pelea entre David y Goliat. Ha habido presiones y suponemos que se van a incrementar, porque los intereses económicos que se están afectando son poderosísimos", concluye Colombara.