Los recursos, viajes e irregularidades del caso Arica

La supuesta protección de un chileno prófugo oculto en Bolivia, el presunto uso de dinero estatal para financiar a narcotraficantes que internarían más de una tonelada de marihuana al país, y la eventual adulteración de partes policiales, son algunos de los antecedentes que llevaron a la Fiscalía de Arica a pedir, el lunes de esta semana, la detención del jefe antidrogas de Carabineros de la zona y otros tres uniformados, por presunta asociación ilícita y tráfico de drogas.

Una de las aristas que indaga la fiscal regional, Javiera López, busca conocer los recursos que habrían gastado los uniformados en el pago de los informantes. Alimentación, traslado, hospedaje y protección son los principales puntos que están siendo abordados por la justicia, quien inició esta investigación el 29 de octubre.

De acuerdo con la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de los policías, el 9 de septiembre, Francisco Almonacid, condenado a cinco años por delitos de tráfico de estupefacientes, fue llevado hasta el Hotel del Valle. Los uniformados, señala la querella, le habrían cancelado el alojamiento y lo mantuvieron oculto durante varios días. Posteriormente, se le habría arrendado un departamento en la capital de la XV Región. El prófugo (en ese entonces) habría colaborado para internar dos cargamentos con 299 y 814 kilos de marihuana. Toda la droga fue recuperada en los operativos.

Según fuentes ligadas al caso, los peritajes y análisis financieros realizados por la PDI, arrojaron, de manera preliminar, que "los gastos ascenderían, a al menos, tres millones de pesos, pero pueden aumentar".

Si bien el uso de dinero del Estado para el pago de informantes está regulado por la Ley de Drogas, la representante del Ministerio Público, fue enfática."Quiero ser sumamente categórica: ninguna de estas personas era informantes autorizado por la fiscalía", aseguró la fiscal López.

Almonacid fue detenido y permanece recluido en el penal de Alto Hospicio. La audiencia de formalización está programada para el 20 de diciembre por el delito de tráfico de drogas.

La querella presentada por el CDE, señala que habría sido el capitán L.V.S. quien habría mantenido los contactos con Almonacid, quien fue sentenciado en 2011. Asimismo, indica que el oficial habría sido quien "conduce a Almonacid al Hotel del Valle" y quien habría pagado la estadía en el departamento, según el documento.

El Ministerio Público tampoco quedó libre de los alcances de la indagatoria, al suspender e iniciar una investigación sumaria contra el fiscal Manuel González, especialista en delitos de drogas, para determinar su eventual participación en los hechos. En medio de la investigación penal, el Ministerio Público continúa la revisión de "más de 100 casos" que fueron dirigidos por el fiscal González entre 2012 y este año, según señaló la jefa de Arica, Javiera López.

Desde Carabineros, el jefe zonal de Arica y Parinacota, general Norberto Abarca, asegura que los policías detenidos "no se quedaron con dinero ni drogas" y que se "dispuso un sumario administrativo para establecer presuntas responsabilidades".

Sin embargo, desde el alto mando, barajan dos hipótesis para responder al actuar de los oficiales detenidos: la primera, la obtención de "un reconocimiento por la eficacia policial", y la segunda, "tantear el terreno para continuar realizando este tipo de actos y, posteriormente, obtener algún tipo de beneficio, lo cual se está investigando", aseguran las mismas fuentes.

El caso Arica estalla en el marco del aumento de los decomisos de marihuana en Arica, entre 2012 y 2013. De acuerdo con estadísticas entregadas por la policía uniformada, en 2012 se incautaron 117 kilos. Durante 2013, hasta el 4 de noviembre, estas incautaciones alcanzaban los 1.164 kilos. La cifra si bien era alentadora, generó una investigación sobre la forma en que se realizaban los procedimientos, que finalizó con la detención de los funcionarios el pasado lunes.

Durante la semana, La Moneda defendió el plan Frontera Norte, el cual fue cuestionado a raíz de los operativos. La medida fue creada para combatir el narcotráfico en los más de 1.400 kilómetros de desierto que separan a Chile de Perú y Bolivia. "De ninguna manera este hecho puntual, ejecutado por personas específicas, menoscaba el trabajo que hemos realizado en materia de combate al narcotráfico con este programa", señaló el intendente de la XV Región, José Durana.