Mayor operador del Transantiago se acoge a ex ley de quiebras

Luego de sucesivas críticas por lo que denominan "preferencias" del Ministerio de Transportes por algunas empresas del Transantiago, la mayor firma del sistema se acogió a la ex ley de Quiebras ayer, pues aseguran que se encuentran en una crisis financiera por millonarias deudas con sus acreedores.

Se trata de la segunda empresa en el transporte capitalino (anteriormente lo hizo Subus) que, en menos de un año, se acoge a la Ley 20.720, lo que implica abrir un proceso de reorganización en un juzgado civil para acordar cómo saldar los compromisos. Si no se llega a un consenso se liquidan sus bienes para poder pagar los montos comprometidos. Las deudas de la compañía alcanzan los US$ 360 millones.

Alsacia y Express, que movilizan a más de un millón de pasajeros diariamente, acusan que solicitó al ministerio de Transportes, adoptar medidas para volver a tener un equilibrio económico en los últimos años, pero que no recibió respuestas. Se añadió que incluso se le reasignaron servicios a otras empresas (un total de cinco) lo que lleva a que haya una merma de recursos.

"Esto se ha visto agravado, pues quitaron de manera ilegal varios servicios de ambas empresas, lo que agudizó el crítico estado", se informó a través de un comunicado.

El operador ya se había acogido a la misma norma en Estados Unidos, en 2014, pero se llegó a acuerdo con sus bonistas. Además, el año pasado realizaron una presentación al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones por su situación económica y a la Contraloría, para reclamar por la entrega de parte de sus recorridos a otros privados.

La empresa, que posee ocho mil choferes, dice que la crisis se debe, en parte, a que el gobierno les adjudicó a otros operadores un total de cinco servicios. Añaden que la autoridad no les ha permitido comprar buses para una mejor operación. El déficit de material rodante -que asciende a 1.100 máquinas, algunas de ellas en operación desde 2005-, lleva, según la empresa, a que no puedan cumplir con los recorridos y que eso redunde en descuentos por no cumplir.

También sostienen que las firmas tienen una evasión que alcanza sobre un 35% -el promedio del sistema-, pérdidas que se acentúan con el deterioro de los buses vandalizados en las calles.