Miembros de futura agencia podrán ser removidos

El proyecto de ley que busca cambiar el sistema de certificación de las instituciones de educación superior, y que reemplaza la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) por una Agencia Nacional de Acreditación, tiene entre sus detalles una precisión que la ley vigente no contenía.

En el articulado se precisa que los consejeros que no declaren una inhabilidad en el cargo, como el hecho de que se trate la acreditación de una universidad donde trabaja algún integrante de su familia, "serán removidos de sus cargos y quedarán impedidos de ejercerlos nuevamente". Además, propone el proyecto, "hace aplicables las inhabilidades y las incompatibilidades a todos los miembros de la agencia".

Precisar esta medida tiene que ver con un vacío de la legislación vigente, en la que no se puede retirar el cargo a ninguno de los actuales 15 comisionados de la CNA. De hecho, cuando estalló el escándalo por las millonarias asesorías de Luis Eugenio Díaz, ex presidente interino de la CNA, a la Universidad del Mar, este continuó en el cargo hasta que optó por renunciar.

El ministro de Educación, Harald Beyer, recuerda que "en el caso de Díaz, yo hice una declaración pidiendo que renunciara, pero no había un instrumento legal y no había mecanismo ni siquiera para retirar el nombramiento al presidente de la CNA, que era nombrado por el Presidente de la República".

En ese sentido, Beyer destaca que "el Estado tiene que reservarse el derecho de remover, si hay algún problema".

CUANDO SE PIERDE LA ACREDITACION

El proyecto también es más específico a la hora de definir qué ocurre con las instituciones si no logran su acreditación y deben ser cerradas. El proyecto indica que "la pérdida del reconocimiento oficial se hará efectiva a partir del año académico inmediatamente siguiente a aquel en el que la institución de educación superior hubiese perdido su acreditación".

Además, el proyecto postula que, una vez revocado el reconocimiento, la casa de estudios hasta por tres años "podrá otorgar títulos a quienes sean alumnos regulares o egresados de la institución al momento de perder el reconocimiento oficial".

En la situación actual de los alumnos de la Universidad del Mar, durante el cierre ha sido una complicación para los estudiantes recuperar sus papeles para postular a otras casas de estudio. En ese sentido, el proyecto también se encarga de advertir que, en caso de cierre, "la institución de educación superior deberá entregar gratuitamente a cada uno de sus estudiantes un certificado de avance académico que contemple las asignaturas cursadas y las notas obtenidas, copia del cual se enviará al Ministerio de Educación por vía electrónica".