Ministerio de Hacienda fija tope a sueldos de asesores de gobierno

El lunes pasado, el titular de Hacienda, Alberto Arenas, les envío un oficio a todos los ministros, subsecretarios, intendentes y jefes superiores de servicios del gobierno de Bachelet.

En medio del proceso de conformación de equipos que por estos días están realizando las distintas reparticiones gubernamentales, el encargado de las arcas fiscales instruyó a cada una de las autoridades de primer nivel jerárquico de los criterios con los que se deberán realizar las contrataciones de funcionarios.

El oficio de Hacienda establece que "los montos brutos mensuales de los honorarios de las personas naturales no podrán superar la remuneración bruta mensualizada del correspondiente subsecretario, intendente o jefe superior de servicio".

En el gobierno aseguran que la razón para enviar este oficio surgió luego del análisis que se ha realizado en Hacienda de los presupuestos de cada ministerio para trabajar este primer año.

Fue en este marco de revisión del estado en que la administración de Sebastián Piñera entregó el gobierno, que en Teatinos 120 observaron casos de cargos a honorarios, principalmente de asesores, cuyas remuneraciones brutas alcanzaban cifras que en algunas ocasiones superaban los sueldos, por ejemplo, de subsecretarios. Por ejemplo, al revisar las plataformas de Transparencia de las páginas web de los ministerios se encuentran situaciones como las de un asesor senior de Hacienda que percibían $ 7,8 millones brutos, monto similar al del subsecretario de la cartera.

Es el caso también de la ex jefa de asesores del gobierno del ex Presidente Piñera, que a inicios de 2013 recibía un sueldo de $ 8 millones brutos, mientras que el jefe del servicio correspondiente, es decir, el director administrativo de la Presidencia, obtenía de $ 6,8 millones bruto.

Algo similar se producía en el Ministerio de Salud, donde el subsecretario de Salud Pública percibía un ingreso bruto de $ 6,9 millones brutos y un asesor de la misma cartera recibía la misma cifra.

En el texto, Arenas plantea que el instructivo tiene el propósito de "mejorar y profundizar todas aquellas medidas que garanticen una administración del Estado sustentada en la observancia de los principios de responsabilidad, control, probidad, transparencia y publicidad administrativa".

En promedio y términos aproximados en los ministerios el personal a honorarios no podrá ganar más de $ 7,9 millones brutos. En un gobierno regional, el tope será $ 7,2 millones brutos, y en otros servicios públicos el límite de sueldo será de $ 6,8 millones brutos.

En esta misma línea, el oficio, además, establece como criterio para definir estos sueldos que se haga "de manera consistente con el nivel académico, los años de experiencia de la persona y la función encomendada que se contrate bajo dicha modalidad".

Esto, ya que de acuerdo a fuentes del gobierno, actualmente no existe un principio definido que determine y norme los sueldos de integrantes de los ministerios a honorarios, lo que no sucede en el caso de funcionarios de planta, cuyas remuneraciones están preestablecidas. En el caso de los ministros y subsecretarios sus remuneraciones mensuales están fijadas por ley a través de la escala única de sueldos, y son incrementadas anualmente de acuerdo al reajuste del sector público.

Además de fijar las normas de las remuneraciones, el oficio de Arenas informa a las autoridades que será la Dirección Nacional del Servicio Civil la encargada de monitorear el cumplimiento de esta instrucción. De esta forma, la institución tendrá la potestad de solicitar a ministros, subsecretarios y jefes de servicio los antecedentes para poder informar de manera periódica a Hacienda sobre el estado de las remuneraciones.

DESVINCULACIONES

El instructivo surge en medio de la polémica que hoy existe respecto de las desvinculaciones que se han realizado en las distintas reparticiones gubernamentales, tras la llegada de Michelle Bachelet al gobierno.

Desde el Ejecutivo aseguran que todos los despidos que se han producido responden al proceso natural de instalación de una nueva administración, donde cada autoridad debe definir sus equipos de trabajo.

El 14 de marzo pasado, el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, envió un oficio a intendentes y gobernadores con los lineamientos para desvincular funcionarios, aclarando que en sus casos "no existen trabajadores de confianza".

Respecto de lo anterior, ayer el vocero de gobierno, Alvaro Elizalde, dijo que el documento de Interior obedece a un procedimiento habitual, asegurando, además, que estos oficios se envían también para regular las compras públicas o las licitaciones, porque las nuevas autoridades deben tener conocimiento sobre estos procedimientos.

"Siempre se ha hecho así, cada vez que asume un gobierno para regular el cambio de mando y con dos objetivos centrales: que la instalación del nuevo gobierno esté en apego irrestricto a la ley y para que la función pública no se detenga", concluyó el vocero.