Ministro de Economía: "La criminalización es necesaria para evitar la colusión"

Como "un cáncer para cualquier economía" califica el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, la colusión. Para reducir las probabilidades de padecerlo, afirma, el gobierno presentará hoy al Congreso -que iniciará su trámite en la Comisión de Economía de la Cámara- una iniciativa con multas disuasivas sobre conductas anticompetitivas, que reestablece la posibilidad de presidio y fortalece la delación compensada, valorada por el Ejecutivo como clave para desbaratar carteles. "En los últimos casos se ha visto que los montos de las multas han estado muy lejanas al beneficio obtenido por el infractor", critica.

¿Qué tanto incidió una coyuntura marcada por escándalos empresariales  en la decisión de reestablecer la pena de cárcel? 

Cada una de las materias que hemos propuesto en este proyecto de ley, responde a un análisis exhaustivo, profundo, de largo plazo. No responde a razones coyunturales, sino que al convencimiento de fortalecer adecuadamente la institucionalidad de libre competencia.

¿Fue un error del gobierno de Ricardo Lagos eliminar las sanciones penales?

La posibilidad de que la criminalización de la colusión se pueda implementar depende del marco institucional. Cuando uno tiene un contexto donde probar una determinada colusión es complejo, la criminalización no va a tener ningún efecto. Porque, para que se aplique la pena de cárcel, se tiene que probar la conducta más allá de toda duda razonable. Entonces, cuando la Fiscalía Nacional Económica no contaba con herramientas para probar la existencia de carteles, era muy difícil que esa medida se implementara.

¿Pudo esa decisión haberse transformado en un incentivo perverso, facilitando la formación de carteles?  

Es que en paralelo se avanzó en atribuciones a la FNE para llevar a cabo investigaciones. Eso ha sido clave  para desbatatar carteles, que es la acción más compleja que existe en materia de libre competencia. Ahora, una vez que se cuenta con el intrumental para generar las pruebas necesarias, tener dentrodel set potenciales penas de cárcel, se hace necesario. Así como alguien que vende productos pirateados o que estafa puede ir a la cárcel, que aquellos que se coluden para afectar a millones de consumidores, por ejemplo para subir los precios de productos esenciales, puedan ir a la cárcel, me parece del todo justo y razonable en una sociedad democrática.

Pero en seis años se han producido cerca de 10 carteles ¿Eso responde a una regulación muy débil o a un abuso empresarial? 

Hemos ido avanzando en institucionalidad que permita prevenir conductas anticompetitivas. El hecho de que hayamos sido capaces de detectar carteles indica que la institucionalidad está funcionando (...) Pero también hay que ser muy claro. Son casos puntuales que no comprometen el funcionamiento total de la economía. Tenemos una economía donde la mayoría de los empresarios trabajan en condiciones competitivas. Y lo que tenemos que asegurar es que esa competencia se dé en todos los ámbitos.

¿Cuándo esperan aprobar el proyecto? ¿Ven disposición en la oposición y el sector privado?

Este proyecto se diseñó recogiendo mociones de diversos sectores que buscaban reducir la posibilidad de prácticas anticompetitivas. Por eso esperamos tener una tramitación que considere la importancia de este tema. Esperamos avanzar lo más rápido posible en el Parlamento. Probablemente  vamos a partir con urgencia simple.

¿Qué umbrales establecerán por reglamento para el control preventivo de fusiones? 

Por el momento sólo puedo decir que en nuestra economía, desde 2003, hay 14 notificaciones. Cuando uno establece un régimen obligatorio para ciertos montos, esa cantidad aumenta. Estamos hablando del equivalente a cerca de  50 operaciones de fusión que se hubieran notificado desde esa fecha si hubiésemos aplicado los umbrales que estamos considerando.

¿Cuál es su diagnóstico sobre la concentración económica en el país?

Más que hacer un juicio ex ante, respecto de un determinado umbral de concentración, lo importante es generar una institucionalidad que vele por el adecuado funcionamiento de la libre competencia, y generar las modificaciones legales y reglamentarias para garantizarla.