"Si nos quitan la coca, sigue la guerra en Colombia"

El lugar es humilde, como tantos otros en el campo colombiano. Una hilera de casas de madera -la ropa tendida en los improvisados cobertizos- desemboca como una cascada en la pequeña plaza central. Sobre unas mantas dispuestas en el suelo se seca cacao. Poco. Muy poco. En la Vereda Santa Rosa, profunda en las selvas del sur de Colombia, el cultivo estrella es la coca, y sus vecinos no están dispuestos a dejar de cultivarla.

"Estamos obligados porque no tenemos nada. Si terminan con esto no vamos a poder mantener a nuestra familia", explica José Ortiz mientras da la bienvenida a La Tercera. Es campesino cocalero, la primera y más desprotegida pieza del puzzle del narcotráfico. Lleva décadas trabajando el campo. Lo prueba cada una de las arrugas que el sol ha marcado en su rostro. Y lanza una advertencia: "Mientras que tenga mi comida no pasa nada. Pero yo con hambre, si veo a alguien mal parqueado con un paquete de plata, yo lo voy a atracar. Es la necesidad la que me obliga", dice mientras roza con sus dedos un tallo de la codiciada planta.

Las primeras semillas de coca llegaron a la zona con la entrada del nuevo siglo. Mucho ha cambiado desde entonces. La comunidad afrodescendiente de Santa Rosa se encuentra a una hora de viaje en lancha rápida de Tumaco, una violenta ciudad desde donde ahora se exporta el 60% de la cocaína que sale desde Colombia hacia EE.UU. En las selvas que rodean la urbe están plantadas el 18% de las matas de coca existentes en el país.

La coca ha sido señalada como uno de los principales retos y amenazas para el posconflicto en Colombia, una vez desarmadas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). No habrá paz mientras existan las grandes plantaciones y los narcos campen a sus anchas, generando violencia.

"Colombia ha sido el país que más ha sufrido y que ha pagado el mayor tributo en la guerra mundial contra el tráfico de cocaína", dijo el Presidente Juan Manuel Santos tras ser cuestionado por el crecimiento de los cultivos en los dos últimos años durante una reciente conferencia de prensa en Francia.

El mundo está en alerta: en Colombia habría ya 188.000 hectáreas de plantaciones ilegales, según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca. Un 42% más que en 2016.

Aunque el Estado sólo reconoce los estudios de la oficina de la ONU contra la Droga, al no estar basados en un muestreo, sino en un monitoreo exhaustivo, y que detecta 96.000 hectáreas plantadas, sí reconoce el crecimiento de las plantaciones. Bogotá ha iniciado un plan de sustitución de cultivos para dar respuesta al problema. Pretende convencer a los campesinos de cambiar el sembrado ilícito por plantaciones de cacao, banano o coco.

Las autoridades cuentan con el apoyo de los guerrilleros de las Farc, inmersos en su proceso de desmovilización, para llegar a las comunidades más alejadas del país. El proyecto planea la inversión de US$ 11.500 por familia.

Esos incentivos, admitió Santos, han generado, un efecto "perverso" que ha cristalizado en el aumento de los cultivos.

Los cocaleros de Santa Rosa no se fían. Quieren el dinero o la seguridad de que lo van a recibir. Dicen que la coca es lo que mantiene a sus hijos estudiando. Da tres cosechas al año. Los otros cultivos, sólo una.

"En la mente de nuestros mayores estaba que todos viviésemos en el campo. Nosotros hemos cambiado. Queremos que nuestros hijos salgan adelante y no se queden aquí. Que sean alguien en la vida. Les queremos dar estudios. Por medio de la mata de coca podemos conseguirlo", explica el cocalero Eladio Martínez. "Con los otros cultivos no se puede. Eso no le da a uno ni para comer", agrega.

Cada plantación familiar de dos hectáreas de coca puede arrojar unas ganancias de unos US$ 14.000 anuales. Algo impensable con el cacao o el banano, propensos además a catastróficas plagas por su mayor debilidad.

"Nosotros sabemos que es ilícito, pero no tenemos más remedio que plantarla", dice Manuel Quiñónez, otro de los cocaleros.

La comunidad está a la espera de mantener un encuentro cara a cara con las autoridades. "Cuando nos ofrezcan una cantidad estudiaremos si podemos aguantar con ese dinero. No estamos dispuestos a que vengan, erradiquen los cultivos y nos dejen a nosotros aguantando hambre".

En Santa Rosa abominan el programa de erradicación forzosa de cultivos llevada a cabo al mismo tiempo que se intenta negociar con los campesinos. "Vienen como 50 personas con guadañas. En 20 minutos acaban con este cultivo. Nos dicen guerrilleros porque reclamamos nuestros derechos. Si nos resistimos lo primero que hacen es dispararnos. Nos volean plomo que da miedo", critica Quiñónez.

La comunidad retuvo a un policía en el último intento de erradicación. Lo liberaron a cambio de que se marchasen los enviados gubernamentales.

El conflicto cocalero explotó entre mayo y abril. Un policía resultó muerto y 20 heridos. Las autoridades aseguraron estar actuando contra las mayores plantaciones de coca de la zona, las de "carácter industrial", según Jorge Hernando Nieto Rojas, director de la Policía Nacional Colombiana, y no contra cultivos más familiares como los de Santa Rosa.

"Respetamos los acuerdos que las comunidades tienen con el gobierno, pero aquí estamos hablando de que el dueño de estos cultivos es un narcotraficante que por supuesto no le interesa cambiar de actividad", puntualizó.

Existirían presiones de cárteles mexicanos para continuar la producción. Los cocaleros desconocen la identidad de las personas a quienes venden su producto. "Mejor no preguntar quiénes son", dicen en Santa Rosa los primeros eslabones del narcotráfico colombiano.