Nueva ley argentina sobre mercado de capitales revive fantasma de YPF

Aprobada esta semana por los reguladores, la ley permite al regulador de títulos poner un auditor en los directorios de las empresas con capacidad para sacar a la dirección y vetar decisiones. Clarín, que viene oponiéndose a una división de la empresa por parte del gobierno desde 2009, obtuvo una medida cautelar de la justicia argentina el 12 de agosto y dijo que la nueva ley muestra que las autoridades "están utilizando excusas formales para justificar luego la intervención de las empresas de medios".

La ley aparece en momentos en que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner intensifica su control sobre la economía imponiendo controles cambiarios, confisca al productor petrolero YPF SA y publica cifras más bajas de precios al consumidor. Para los bonistas, los mayores inversores en empresas argentinas, significa que hay una mayor probabilidad de pérdidas en tanto el Estado ejerce un más amplio control sobre los mercados de capitales, dijo Jefferies Group LLC. Los rendimientos de los bonos corporativos argentinos treparon hasta un promedio de 12%, casi el doble de la media en los mercados emergentes.

"Parecería que está específicamente diseñada para intervenir sin ninguna repercusión política o legal", dijo en una entrevista telefónica desde Londres Richard Segal, responsable de estrategia internacional de crédito. "Los inversores tal vez deban pensar dos veces antes de volcarse a los bonos corporativos argentinos".

Standard  Poor's rebajó ayer la calificación crediticia de Argentina desde B- hasta CCC+, mencionando un fallo de la Corte  Suprema de los Estados Unidos que impide al país honrar su deuda sin pagar también a los tenedores de los bonos en cesación de pagos en su totalidad.

El gobierno también podría intensificar los controles cambiarios "al punto de que la capacidad del sector privado de cumplir con su deuda en moneda extranjera se vea disminuida", dijo S&P en el informe.

La Comisión Nacional de Valores, llamada CNV, aprobó la ley y publicó las regulaciones en la gaceta oficial el 9 de septiembre. La ley fue sancionada por el Congreso el 31 de julio.

El regulador de títulos y valores, cuyos presidente y directorio son designados por el presidente, ahora tiene el poder de investigar y designar a un veedor de empresas si decide que "resultan vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios", según el Artículo 20 de la ley.

La  CNV puede ordenar a un juez registrar oficinas privadas, iniciar acciones legales, exigir a entidades estatales que den información bajo apercibimiento de ley y hasta remover la administración por 180 días, una decisión que las empresas sólo pueden apelar ante el Ministerio de Economía, dice la ley.

El regulador de títulos y valores puede emprender estas acciones por sí mismo o a pedido de un accionista minoritario con una participación de al menos dos por ciento. A través de Anses, la agencia estatal de pensiones, el gobierno tiene una participación del dos por ciento o más en 37 empresas, 12 de éstas con bonos denominados en dólares.