Nueva Mayoría pide a La Moneda evaluar la continuidad de Undurraga en el gabinete

En Frutillar, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (DC), lanzó ayer el plan de borde costero para el lago Llanquihue. Al finalizar el anuncio, el ex candidato a senador -tal como ha sido recurrente en los últimos meses- debió enfrentar los cuestionamientos que lo vinculan al caso Penta.

Ayer, La Tercera dio a conocer las declaraciones de los dueños del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, ante el fiscal Carlos Gajardo, el 5 de enero.

Consultado por su vinculación con Undurraga y el pago de $ 4 millones a la Fundación Ciudad Justa                 -creada por el titular del MOP- por el estudio "Estadísticas comunales de empresas por tramos de la RM", Délano afirmó que "obviamente era una ayuda o apoyo para que pagara sus deudas" tras su fallida candidatura al Senado.

Lavín, en tanto, corroboró las palabras de Délano y agregó que "a cambio se vendía un informe que yo conocí recién. Es un informe que hasta ahora no hemos utilizado".

Evitando entregar mayores detalles sobre su vínculo con Penta o con sus controladores -apegándose al diseño trazado por su círculo cercano de reducir al mínimo las referencias al ca-so-, el ministro dijo que "esto reafirma lo que he dicho desde el primer día. Se trata de un estudio real, concreto, legal y correcto".

ESCENARIO COMPLEJO

La compleja situación del titular del MOP, que hasta ahora es el único dirigente de la Nueva Mayoría involucrado en la investigación de Gajardo, reactivó el debate sobre su permanencia en el gabinete.

Las declaraciones de Délano y Lavín, que se suman a los antecedentes previos aportados por Hugo Bravo, dejaron a Undurraga en un complejo escenario y provocaron una fisura en el acuerdo que, hasta ayer, existía en el oficialismo para blindar -ante todo evento- al ex alcalde de Maipú.

"En algún momento, quienes asumieron responsabilidades en este gobierno lo hicieron para contribuir a su éxito. Cuando su permanencia no contribuye a ese objetivo, es hora de dejar el gobierno, y muchas veces es mejor hacerlo de motu proprio a esperar que te lo pidan. Creo que Undurraga tiene que evaluar su condición", dijo el líder del MAS  y vocero de la Nueva Mayoría, Alejandro Navarro.

En las filas oficialistas se señaló ayer que luego de que Délano y Lavín admitieran el pago como un aporte de campaña, las explicaciones de Undurraga sobre el caso han quedado en entredicho. A ello se suma la confusa situación del domicilio legal de Ciudad Justa -que corresponde a una botillería llamada "Los Bananas", en Mai-pú-, que tampoco ha tenido una respuesta convincente de parte del ex alcalde.

En La Moneda, en tanto, hay voces que aseguran que el complejo escenario de Undurraga no sólo ha afectado su imagen, sino que también ha impactado negativamente en la gestión del MOP.

"Entiendo que la explicación de Undurraga es distinta a la de otros implicados en el caso, pero creo que hay que buscar una manera de ver cómo se cierra este capítulo, por el ministro, pero también por el ministerio", explicó el líder del PPD, Jaime Quintana, que en un comienzo fue el promotor del acuerdo en el oficialismo para blindar a Undurraga.

En esa colectividad creen que la ex ministra de Salud Helia Molina, debido a sus declaraciones sobre el aborto en clínicas  optó por dejar de inmediato el gabinete para no dañar al gobierno de Bachelet.

En tanto, el presidente del PS, Osvaldo Andrade, dijo que "aquí hay un producto concreto que fue comprado para un aporte de campaña. Si eso es así tendrá que aclararse esta situación", y agregó que la permanencia de Undurraga es una situación "que tiene que ponderar Bachelet".

A la preocupación de la Nueva Mayoría se comenzaron a sumar las primeras voces DC, como el diputado René Saffirio y el ex senador Ricardo Hormazábal, quienes sostienen que el ex alcalde debe renunciar.

El vocero de La Moneda, Alvaro Elizalde, en tanto, dijo que Undurraga cuenta con el respaldo del gobierno y reiteró que su situación es "distinta" a la que afecta al resto de los involucrados en prácticas de financiamiento irregular de campañas.  "Sobre eso no hay ningún antecedente nuevo respecto de los ya conocidos. Y como hemos señalado, se trata de situaciones distintas", señaló el ministro.