Oposición presenta oficialmente acusación constitucional contra Van Rysselberghe

Los jefes de las bancadas de diputados de la Concertación y del Partido Comunista presentaron hoy, de manera oficial, la acusación constitucional contra la intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe.

Esto, tras la polémica que estalló durante febrero, cuando el senador del MAS Alejandro Navarro difundió un video en donde la intendenta afirmaba a los habitantes de la población Aurora de Chile de Concepción que había "inventado una historia" para incluir entre los beneficiados por los subsidios tras el terremoto a personas que no habían resultado damnificadas por el sismo.

La acusación incluye argumentos relativos a la "vulneración del principio de probidad administrativa, mediante la entrega de informaciones deliberadamente erróneas a los pobladores, a la opinión pública y a las autoridades superiores del Estado".

Tras la difusión del video, el caso generó dos semanas de tensiones dentro del oficialismo, puesto que desde Renovación Nacional optaron por no brindar su apoyo a la intendenta. Esto, ante una cerrada defensa por parte de la UDI, desde donde criticaron al gobierno por no apoyar a Van Rysselberghe desde un principio, acusando una "operación política" por parte de Navarro.

Finalmente, cuando La Moneda decidió mantenerla en su cargo, RN dijo que no compartía, pero acataba la decisión de La Moneda.

Hoy, ante la presentación de la acusación, la mesa directiva de Renovación Nacional dio "libertad de acción" a sus parlamentarios, para que decidan, según los méritos, si apoyar o no el libelo contra la intendenta.

Si bien La Moneda ha reiterado que "no existen fundamentos" para la acusación, varios parlamentarios de la Alianza se han abierto a estudiar la posibilidad de entregar su apoyo a la acusación. Entre ellos, Karla Rubilar, Marcela Sabat, Roberto Delmastro y Frank Sauerbaum.

De ser aprobada la acusación, la intendenta no sólo sería destituida de su cargo, sino que también podría quedar inhabilitada a ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años.