Organizaciones acusan al Minsal de discriminación en asignación de recursos contra el VIH

La Coordinadora Nacional de Atención en VIH-Sida presentó esta semana un oficio a la Contraloría General de la República en donde solicitaron investigar los 144 millones de pesos que el Ministerio de Salud entregó, sin licitación pública, a sólo una organización no gubernamental para la lucha contra el VIH en Chile.

En el oficio presentado al contralor Jorge Bermúdez, el secretario ejecutivo de la Coordinadora, Michael Díaz, aseguró que los fondos destinados a una sola organización "se han asignado de manera discrecional, sin cumplir con las obligaciones establecidas en las contrataciones públicas, vulnerando con ello el principio de participación, transparencia e igualdad de oportunidades entre las instituciones que forman parte de la respuesta al VIH-Sida en el país".

Además agrega que a su juicio "esta es una política discriminatoria, considerando que se trata de procesos administrativos de difícil conocimiento para el resto de las instituciones".

El monto habría sido asignado entre los años 2014 y 2017 a través de cinco convenios de colaboración que no contaron con licitación pública. A lo anterior se suman otros 120 millones de pesos que la Subsecretaría de Hacienda también traspasó a la misma organización no gubernamental usando subvención presidencial.

Miembros de otras organizaciones como la Red Nacional de Pueblos Indígenas (Renpo), Traves Chile y la Agrupación de Personas Viviendo con el Virus (Arpevih) también cuestionaron las altas cifras entregadas por el gobierno a la ONG Acción Gay, las que según ellos "distan mucho de la realidad del resto de las organizaciones no gubernamentales que luchan contra el VIH en el país".

Según información entregada por la misma Coordinadora Nacional, el Ministerio de Salud destina anualmente 142 millones para iniciativas lideradas por las Secretarias Ministeriales de Salud en las 15 regiones del país. Dichos fondos están destinados a la ejecución de iniciativas de prevención del VIH, implementadas por las propias ONGs en cada región, quienes deben acceder a dichos recursos mediante un proceso de licitación pública.

En el caso particular de la región Metropolitana, el presupuesto anual asignado al Programa de Prevención y Control del VIH-Sida corresponde a 34 millones, los que permiten financiar proyectos de 13 instituciones no gubernamentales. En el caso de las regiones las brechas en el acceso al financiamiento se acentúan. Por ejemplo, la región de Atacama cuenta con un financiamiento de 500 mil pesos para financiar su respuesta regional frente VIH y Sida.

Consultado por La Tercera, Marco Becerra, presidente de Acción Gay, comentó que si bien no estaban al tanto del oficio presentado a Contraloría "todo lo que hacemos, lo hacemos conforme al marco de la ley. Desde la creación de esta organización hace 30 años, tenemos un récord de excelencia en términos de ejecución de programas".