Orpis al Senado: "El financiamiento de Corpesca no es ilícito ni una conducta no ética"

Jaime Orpis es abogado de la Universidad Católica. Y en calidad de tal redactó junto a su defensa un escrito que responde a un requerimiento de la Comisión de Ética del Senado, en el que detalló jurídicamente por qué, a su juicio, no ha cometido delito alguno.

En el documento enviado el viernes a esa instancia, el senador, investigado en el caso Corpesca y en proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía Nacional, considera que su relación con la pesquera del grupo Angelini no constituye ilícito ni una falta a la ética.

La primera de las dos preguntas realizadas por la Comisión de Ética -entidad que primero requirió un informe al senador UDI y luego le solicitó precisiones respecto a su relación con Corpesca-, buscaba conocer de puño y letra del parlamentario si él tiene  "reparos" respecto a la modalidad de financiamiento pactada con la empresa, incluyendo, además, la participación de personas contratadas por el Congreso.

En el documento de respuesta, Orpis planteó que "a mi juicio, el financiamiento privado realizado por Corpesca S.A. no es ilícito, así como tampoco resulta una conducta no ética".

En el escrito respaldó su afirmación en artículos de la Constitución. Así, sostuvo que la Carta Fundamental "garantiza el derecho de asociación (art 19 N° 15)". Y agregó: "Este debe comprender no sólo la libertad física de poder reunirse dos o más personas para hacer cualquier actividad lícita que requiera el esfuerzo conjunto y de interés común, sino también la libertad de poder dedicar recursos y reunir recursos a ese efecto".

En otros párrafos del texto, Orpis profundiza en su argumentación, manifestando que "las personas son libres de contratar en la forma que estimen pertinente y pueden disponer de sus bienes, salvo que las leyes lo prohíban o restrinjan, lo cual sólo puede ser dentro de un marco preciso, sino se vulneran los derechos individuales (propiedad, libertad de asociación, etc.)".

Las únicas restricciones en materia de financiamiento privado de la asociación política, plantea Orpis,  "están en el propio articulo 19 N°15 de la Constitución (los partidos no pueden financiarse con recursos del extranjero), y en las leyes 19.884 (gasto electoral) y 19.885 (donaciones a partidos políticos)".

"Se concluye entonces", asegura el parlamentario en el documento, "que incluso en el escenario legalmente más restringido, el financiamiento privado de gasto electoral efectuado, mediante el pago directo de dichos gastos (pagando una imprenta, por ejemplo) o bien indirectamente, proveyendo los recursos a terceros para que ellos realicen el pago, es algo permitido y regulado por la ley".

En su segunda consulta, la Comisión de Ética intentó llevar a Orpis hacia una reflexión respecto a su participación en la tramitación de la Ley de Pesca y a un posible cohecho. Así, se le consultó si es que "observó el debido cuidado al participar en el debate y en la votación de la iniciativa legal  sin haber advertido previamente el interés que pudiera haber tenido en el asunto".

Al igual como lo hizo frente a los fiscales Sabas Chahuán y Ximena Chong, en las cuatro jornadas de declaraciones que realizó en octubre pasado, Orpis desestimó en su respuesta al Senado haber incurrido en cohecho. "Es claro que en mi trabajo legislativo he seguido siempre una misma línea: defender los intereses de mis representados", se lee en el texto, junto con agregarse que "estimo que  actué en todo momento de acuerdo a un alto estándar de prudencia, cuidando en cada una de las etapas en que podía intervenir como senador que mi labor se desarrollase con total y plena libertad, decidiendo de acuerdo a mi personal criterio, incluso evitando la posibilidad de ser objeto de requerimientos en uno u otro sentido". Y finaliza: "Los dineros que me fueron aportados por la empresa Corpesca no tenían por objeto que yo realizara ninguna acción u omisión".

Su respuesta sobre asesora querellada por el SII

En su escrito a la Comisión de Ética, Orpis hace referencia a Carolina Gazitúa, su principal emisora de boletas a Corpesca, y quien, además, figura como asesora suya en el Congreso.

En el escrito, el senador precisa que cuando le pide boletas a Gazitúa -quien también reclutaba a contribuyentes para que facilitaran los documentos al parlamentario-, ella dejó de percibir ingresos desde el Congreso.

"Hago presente que ella se encontraba contratada por el Senado como asesora entre los meses de enero a diciembre de los años 2007, 2008, 2009; marzo a diciembre de 2013; y enero a diciembre 2014, no emitiendo durante ese período ninguna boleta a Corpesca SA", afirma en el texto. Y señala que Gazitúa  emitió boletas a la referida compañía en 2010 y 2011, y desde enero a marzo de 2012, lapso durante el cual -afirma- no estaba contratada por el Senado. "La situación que se me consulta sólo se produce en los meses de enero y febrero de 2013. Por ende, la referida dualidad se presenta sólo en dos de los 60 meses durante los cuales se encontraba prestando servicios como asesora del suscrito", se lee en su respuesta a la Comisión de Ética.

La fiscalía imputa fraude al fisco al senador e indaga si los asesores suyos efectivamente prestan servicios reales como para percibir remuneraciones vía asignaciones parlamentarias.