Parlamento uruguayo vota este martes controvertida ley de despenalización del aborto
El nuevo proyecto despenalizará el aborto hasta la semana doce de gestación, con un plazo mayor sin límite en caso de que haya riesgos para la salud de la madre. Este es el segundo intento legislativo tras una iniciativa similar fracasada en 2008.
Esta martes la Cámara de Diputados de Uruguay votará una ley de despenalización del aborto criticada por antiabortistas pero también por los proabortistas, que la consideran insuficiente, en el segundo intento legislativo de concretar la medida tras una iniciativa similar fracasada en 2008.
El nuevo proyecto despenalizará el aborto hasta la semana doce de gestación, con un plazo mayor sin límite, en caso de que haya riesgos para la salud de la madre.
El proyecto fue aprobado por el Senado en diciembre pasado con los votos a favor del oficialista Frente Amplio, que tiene mayoría en las dos Cámaras, y de un senador del opositor Partido Nacional, y deberá volver a la Cámara Alta para su ratificación definitiva si los diputados no realizan ningún cambio al texto legal.
El diputado frenteamplista Juan Carlos Souza explicó hoy que el gobierno afronta la votación con "expectativa" porque esta ley es "una larga y anhelada meta para el Frente Amplio" y "un paso significativo para el avance de la legislación sobre el aborto".
Sin embargo, admitió también que "no es el proyecto original" que el oficialismo deseaba aprobar y auguró, además, para este martes una jornada "larga y extensa" de debate en la Cámara Baja.
El proyecto, explicó, "no legaliza el aborto" de forma íntegra pero abre "una instancia para que las mujeres que libremente decidan abortar lo puedan hacer sin considerarse delito, dentro de un marco legal y médico adecuado".
En los últimos días, la Coordinadora por el Aborto Legal en Uruguay rechazó el proyecto de ley al considerar que no despenaliza realmente la interrupción del embarazo y desprotege a las mujeres.
Entre otras cosas, criticaron el hecho de que si la mujer no sigue el procedimiento legal, que pasa por acudir a las entidades médicas oficiales, puede ser igualmente penalizada y denunciada.
También que aún estando en "grave riesgo" la salud de la madre la normativa dice que se debe tratar de "salvar la vida del embrión o feto", lo que deja a la mujer en una "situación de gran indefensión".
El colectivo denuncia además la "humillación" a la que se somete a las mujeres al obligarlas a entrevistarse con un tribunal para explicar por qué quieren practicarse un aborto, otro de los requisitos contemplados en la ley.
"Ninguna de las propuestas realizadas por la Coordinadora fueron tomadas en cuenta en el proyecto, el Parlamento le ha dado la espalda a las mujeres y a la sociedad civil organizada", afirmó Lilian Abracinskas, integrante de la coordinadora.
Según Souza, "este proyecto de ley busca proteger a las mujeres con menor poder adquisitivo y asegurar su acceso a un proceso médico con todas las garantías y gratuito".
En el otro extremo, la organización Mesa Coordinada Nacional por la Vida realizará esta jornada una manifestación en el centro de Montevideo en rechazo también a la propuesta, que consideran un atentado contra el ser humano.
Sobre esa movilización y las convocadas para mañana por ambos bandos en los alrededores del Parlamento, Souza expresó hoy su "respeto por las opiniones y manifestaciones en un país democrático, siempre que se den en un clima pacífico y tolerante".
ENCUESTA
Una encuesta realizada por la consultora Cifra y difundida el viernes pasado señala que el 52 % de la población de Uruguay está a favor de despenalizar el aborto, mientras que el 34 % lo censura y el 14 % no se pronuncia.
A pesar de estar penado por ley, en Uruguay cada año se producen más de 30.000 abortos, según cifras oficiales, aunque la realidad podría doblar ese número, señalan organizaciones no gubernamentales.
En noviembre de 2008 se aprobó una ley similar, si bien no entró en vigor debido al veto impuesto por el entonces presidente, el oncólogo Tabaré Vázquez, en un gesto que causó una gran molestia en el seno del Frente Amplio y entre organizaciones feministas.
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