Pensiones y derechos de la niñez marcan Informe Anual del INDH

Los dos grandes temas que marcaron la séptima entrega del Informe Anual "Situación de los Derechos Humanos en Chile 2016", elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, fueron las pensiones y los derechos de la niñez.

El informe actualiza su diagnóstico de 2012 en torno al sistema previsional, alertando sobre las diferencias en las pensiones según sexo y región, así como entre la población civil y uniformada. Los datos actuales revelan que el 50% de los jubilados recibe como pensión un tercio de lo que recibía como ingreso laboral.

Se estima que para el período 2025-2035, un 58% de las pensiones autofinanciadas se encontrará bajo la línea de la pobreza, y solo un 6% por sobre el salario mínimo. Para las mujeres, solo el 1% de las pensiones se encontrarán por sobre el salario mínimo.

En cuanto a la crisis vivida en el Servicio Nacional de Menores (Sename), el informe hace hincapié en que en el sistema de justicia juvenil, que tiene solo el 9% de los ingresos totales del Sename y el marco regulatorio más acorde a estándares, se llega a un porcentaje de muertes de 35% del total.

Al respecto el INDH aboga por la existencia de un sistema integral que garantice los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, no sólo de la infancia vulnerada. Así, apunta a la necesidad de conocer los avances de las investigaciones penales, y reestructurar las responsabilidades entre ministerios y servicios, así como sancionar las muertes y maltratos detectados.

En cuanto a la situación de la migración en Chile, se reporta el aumento en el flujo de migrantes, señalando la necesidad de que las políticas públicas en esta área estén acordes a estándares internacionales.

En esta línea, el informe se detiene en la situación ocurrida entre los años 1995 y 2014 en el país, cuando el Estado optó porque los hijos de padre o madre en situación irregular fueran inscritos como hijo de extranjero transeúnte, lo que en la práctica los dejaba sin nacionalidad (situación de apatridia).

Se estima, según cifras del Registro Civil, que serían 2.500 personas las que viven hoy en esta situación, algunas de ellas, hasta por más de 20 años.

En los temas de seguridad ciudadana, se constata un alza en la victimización, aun cuando la denuncia de delitos va a la baja.

Un apartado especial se dedicó al tema de la violencia obstétrica. Según una investigación en nueve maternidades públicas, un alto porcentaje de mujeres recibe atención inconsistente o contraria a lo que señala la OMS y el Ministerio de Salud, constatándose por ejemplo, procedimientos no consentidos o un exceso de medicalización.

En cuanto al derecho a la educación, se observa fundamentalmente el de aquellas personas privadas de libertad, quienes en un alto porcentaje no han finalizado sus estudios básicos o secundarios, poniendo énfasis en que la pertinencia de la oferta educativa no es la más adecuada en cantidad ni calidad.