Pensiones: hablar con la verdad

Si queremos avanzar en esta materia es necesario hablar con la verdad, reconocer hechos irrefutables y dejar de lado las posiciones puramente doctrinarias. Sólo si estamos dispuestos a tener una conversación seria durante la próxima campaña electoral lograremos solucionar este importante problema.

Lo primero que hay que aceptar es que para una cantidad enorme de chilenos las pensiones son extraordinariamente bajas. Curiosamente, este hecho tan simple y fácil de verificar es algunas veces negado por los defensores acérrimos del sistema. La verdad es esta: al menos un 30% de los jubilados recibe pensiones que pueden ser calificadas como "indignas".

Pero también es necesario reconocer que la razón principal de estas bajas pensiones es la enorme cantidad de "lagunas" contributivas en la historia pensional de estos ciudadanos. La verdad es esta: una persona que haya contribuido regularmente durante 35 años -período implícitamente considerado como "normal" por los arquitectos del sistema- obtiene hoy en día una pensión equivalente a casi el 60% de su salario promedio en los últimos 10 años. Esta es una tasa de reemplazo más elevada que la obtenida por trabajadores con un perfil similar en muchos de los países de la Ocde. Como expresé en una columna anterior, en mi caso personal, después de haber contribuido durante 40 años al sistema de Seguridad Social de los Estados Unidos, obtendré una pensión de tan sólo 28% de mi salario. Si hubiera trabajado en Chile y hecho las mismas contribuciones, mi pensión sería el doble.

Lo anterior nos lleva a otra verdad irrefutable: un elemento central de cualquier reforma es implementar inmediatamente, y sin excepciones de ningún tipo, la obligatoriedad de hacer contribuciones pensionales por parte de todos los trabajadores chilenos. Este punto ya fue planteado hace 10 años por la Comisión Marcel. Sin embargo, nuestros políticos decidieron hacer vista gorda, y hasta el día de hoy no han sido capaces de implementar un sistema contributivo obligatorio, como el que tienen todos los países avanzados en el mundo. Desde luego, estoy consciente de que esto es enormemente controversial, y que más de alguien reaccionará en forma airada. Pero mi objetivo no es caerle bien a todo el mundo; mi objetivo es hablar con la verdad.

El punto anterior -la obligatoriedad absoluta de las contribuciones- es válido para cualquier sistema de pensiones, ya sea de ahorro individual o de reparto. Por ejemplo, si se reemplazara el sistema de capitalización por uno de reparto puro, manteniendo el número de personas que contribuyen hoy en día, las pensiones promedio en este hipotético nuevo sistema serían más bajas que las recibidas por los pensionados chilenos en la actualidad. Una de las razones: no todos contribuyen.

Otra verdad irrefutable, casi siempre ignorada en el debate, es que en prácticamente todos los sistemas de reparto en los países avanzados, quien tenga muchas lagunas no recibirá absolutamente ninguna pensión. Por ejemplo, en Canadá, país al cual el ministro de Hacienda se refirió con gran admiración al presentar la propuesta del gobierno, si usted tiene menos de 10 años de contribuciones, no recibirá pensión alguna. Sus años de contribuciones -sean estos nueve, ocho o lo que sea- van a pérdida; son un impuesto puro a su ingreso.

Las distintas propuestas de reforma que circulan en Chile -incluyendo la de la Fundación Sol- nada dicen sobre el hecho de que los sistemas de reparto exigen un mínimo número de años de contribuciones. En el sistema chileno actual este no es el caso: una persona que ha contribuido tan solo un año recibe una pensión; es una pensión baja, pero distinta de cero. Y si esa persona tiene un ingreso por debajo del 60% más pobre, recibe un suplemento solidario. Una reforma obvia -apoyada por 23 de los 24 comisionados de la Comisión Bravo- es aumentar la cobertura del suplemento al 80% más bajo de la distribución.

Más verdades sobre el sistema de Canadá: su costo de administración es algo más alto que en Chile. Además, en Canadá la administradora estatal de pensiones (CPP) paga comisiones a las firmas especialistas que manejan portafolios. Vale decir, en este sistema justamente admirado también existen las llamadas "comisiones fantasmas", que no son otra cosa que la remuneración pagada a compañías altamente especializadas para que inviertan de una manera eficiente y profesional alguno de estos fondos. Además, Canadá acaba de aumentar la edad de jubilación a los 67 años.

Otra verdad: si las contribuciones no están directamente asociadas a un beneficio palpable y fácil de identificar por parte de los trabajadores, ellas actúan como un impuesto al trabajo. El punto es el siguiente: ¿Considerará un trabajador su aporte al nuevo fondo común propuesto por el ministro de Hacienda como una remuneración diferida en el tiempo? Si la respuesta es negativa -y lo más probable es que lo sea-, la contribución no es otra cosa que un impuesto a la nómina, y como tal tiene un efecto negativo sobre el empleo.

Muchas personas se confunden ante la aseveración de que Chile necesita un "verdadero sistema de seguridad social". ¿Qué significa esto exactamente? La respuesta es la siguiente: lo que los críticos del sistema de ahorro individual llaman "seguridad social" no es otra cosa que un sistema de reparto en los que los trabajadores activos financian las pensiones de los trabajadores jubilados. La alternativa a que sean los trabajadores quienes financian las jubilaciones de otros trabajadores es que estas pensiones sean financiadas, como en el caso del APS en la actualidad, tanto por trabajadores como por empresas; vale decir, por impuestos generales a través del Presupuesto de la Nación.

Aquí es necesario resaltar otra verdad: la diferencia entre estas dos modalidades de financiamiento -sólo trabajadores o todos los contribuyentes- es una diferencia doctrinaria. Para algunas personas es esencial que se desarrolle un espíritu de cuerpo, una actitud "solidaria entre trabajadores", y es por ello que favorecen un sistema en el que sólo los asalariados contribuyen a las pensiones de otros asalariados, aun cuando ello sea más oneroso, justamente, para la clase trabajadora.

Pero quizás la mayor verdad de todas es que el público ha desarrollado un alto grado de rechazo por las AFP. Esto es así a pesar de que estas instituciones han hecho relativamente bien su trabajo y han tenido éxito en el manejo de los fondos de los pensionados.

Esta verdad política no puede ignorarse en el momento de plantear una reforma al sistema. El gran desafío, por tanto, es enmendar el modelo actual de una manera que, al mismo tiempo, mantenga sus virtudes y permita a los trabajadores canalizar sus ahorros a instituciones que no sean AFP, si así lo desean (bancos, administradoras de fondos, compañías de seguro).

Esto generaría mayor competencia, reduciría los costos de intermediación y al mismo tiempo permitiría preservar un sistema de ahorro individual que ha sido alabado en todas partes del mundo. Esta idea ha sido considerada, de una manera u otra, por una serie de especialistas, incluyendo Rolf Lüders, José Ramón Valente, Andrés Velasco y Jorge Errázuriz.

El sistema de Ahorro Previsional Voluntario (APV) ya permite la participación de otras instituciones en la administración de ahorros. Habría que considerar seriamente ampliar este sistema a los fondos normales. Naturalmente que esto requeriría desarrollar un sistema regulatorio seguro, dinámico, eficiente y moderno.