¿Por qué baja la evaluación a fiscales y jueces?

El martes a las 11.00 la Fundación Paz Ciudadana en conjunto con GfK Adimark dieron a conocer el Indice de Victimización, el cual llegó a su máximo histórico en 14 años. "El 43,5% de los hogares declara haber sido víctima de un robo en los últimos seis meses", dijo ese día Catalina Mertz, directora de la fundación.

El gobierno no demoró reaccionar. Minutos tras la publicación de las cifras, calificaron los resultados como "preocupantes" y que pondrían "el pie en el acelerador" en su programa de seguridad.

Pero este estudio tenía otra vertiente que también causó críticas. Los fiscales y jueces alcanzaron la peores calificaciones desde que comenzaron a ser evaluados por la ciudadanía.

Mientras en 2005  el Ministerio Público registró su primera y única nota sobre 4 (4,1), durante los años siguientes su nivel de aprobación empezó a bajar considerablemente, hasta llegar en octubre de 2014 a su nivel más bajo en nueve años: un 3,3. Con una evaluación aún más baja calificaron a los jueces, alcanzando un 2,9. (ver infografía). Para los expertos en seguridad existe una razón concreta para estas malas notas y ésta tiene que ver con el tipo de vínculo que las víctimas de delito tienen con estas instituciones.

"No nos debe sorprender (las evaluaciones) dado que los roles que cumplen unas instituciones se determina el tipo de vínculo que tiene con la ciudadanía. La mayoría de los denunciantes no llega a tener nunca un contacto directo con un fiscal, entonces no sabe si el fiscal realmente se esforzó por hacer su trabajo", dice Alejandra Mohor, coordinadora del área del Centro de Estudios  de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile.

Una hipótesis parecida tiene el experto en seguridad de la Universidad de Santiago, Mauricio Olavarría, quien asegura que lo que ocurre es que las víctimas acuden en primera instancia a las policías, "pero no ven resultados concretos de la fiscalía y eso genera una percepción de inefectividad", dice.

Lo mismo, según Olvarría, sucede con la visión que la población tiene de los magistrados. "La gente piensa ¿Qué saca Carabineros con hacer su trabajo, si después en los tribunales (los delincuentes) quedan libres? y eso está relacionado con la baja percepción, no sólo de los tribunales de justicia, sino que hay una mala percepción sobre el sistema judicial y de persecución penal en su conjunto", dice el experto.

Para el fiscal nacional Sabas Chahuán estas calificaciones "nos empuja a una mayor preocupación y en ese sentido, el plan de fortalecimiento tiene medidas concretas para mejorar la atención a los usuarios".

Argumenta, además,  que no se puede endosar toda la responsabilidad a la fiscalía respecto al número importante de causas que terminan archivadas. "Hay un defecto en los robos, más del 90% de los partes llegan sin ningún antecedente o imputado desconocido. De manera tal, que es muy poco lo que puede hacer un fiscal con un parte de ese tipo", dice.

En ese sentido, Catalina Mertz, directora de Paz Ciudadana coincide con el fiscal nacional. "Gran parte de los delitos pesquisados son robos con imputados desconocido, lo que determina el derrotero de estas causas en el sistema, ya que normalmente son archivadas", sostiene.

En el caso de Carabineros y la PDI, en cambio, ambas policías están históricamente mejor evaluados que el Ministerio Público. Este año las dos instituciones de seguridad obtuvieron un 4,8 en su evaluación. En tanto, el año 2000, mientras la PDI fue calificada con un 4,7, Carabineros registró un 5,2.