Presidente de Colbún: Esperamos que proyecto de carretera eléctrica permita consensuar una política energética
Además, Bernardo Larraín Matte dijo que <b> </b>"es fundamental que se cumplan los plazos establecidos en la ley para las tramitaciones ambientales y para las apelaciones ante el Comité de Ministros"<b>.<br></b>
El presidente de la generadora Colbún, Bernardo Larraín Matte, señaló este martes que espera que la discusión parlamentaria del proyecto que crea la carretera eléctrica pública "sea la instancia para generar un debate de cara a la ciudadanía y consensuar una política energética de largo plazo".
En el marco de la junta de accionista de la compañía el ejecutivo indicó respecto a la suspensión indefinida del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de transmisión de HidroAysén, que "consideramos que el desarrollo de proyectos de la magnitud y complejidad de un sistema de transmisión para transportar la energía desde centrales de generación en Aysén hasta el SIC (Sistema Interconectado Central) deben estar enmarcados en una política energética nacional".
Cabe recordar que en mayo del año pasado Colbún informó que decidió recomendar al directorio de HidroAysén suspender indefinidamente el ingreso del EIA para la línea de transmisión del proyecto que controla junto a Endesa.
La firma justificó su decisión señalando que en el país no "están dadas las condiciones para desarrollar proyectos de esta magnitud y complejidad, mientras no exista una política que cuente con amplio consenso y otorgue los lineamientos de la matriz energética que el país requiere".
Pero la suspensión del ingreso del EIA de la línea de transmisión no es el único escollo que enfrenta la iniciativa, la que lleva cerca de dos años a la espera de una definición del Consejo de Ministros, luego que el 9 de mayo de 2011 obtuviera su Resolución de Calificación Ambiental por parte de la Corema de Aysén, pero que fuera derivado a dicha instancia ante la presentación de una serie de reclamaciones.
Al respecto, Larraín indicó que "es fundamental que se cumplan los plazos establecidos en la ley para las tramitaciones ambientales y para las apelaciones ante el Comité de Ministros"
Asimismo, sostuvo que "es también esencial que la institucionalidad ambiental distingan entre las legítimas demandas ciudadanas cuyo propósito es que se informen claramente los impactos ambientales y en el medio humano, y que luego se mitiguen y compensen, de aquellas particulares o ideológicas presentadas por organizaciones que están lejos de velar por los intereses de todos los chilenos o de las comunidades que dicen representar".
No obstante, el máximo ejecutivo de la generadora enfatizó "tenemos la convicción que el desarrollo del potencial hidroeléctrico de Aysén es imprescindible para el equilibrio energético sustentable y de largo plazo del país. Específicamente respecto de nuestra inversión en HidroAysén, tenemos la convicción que representa una opción valiosa para participar de dicho desarrollo cuando se den las condiciones de viabilidad".
En ese sentido, recalcó en que esperan que al "ser éste un año electoral, ayude a poner el debate energético en la agenda con la urgencia que requiere, y no presente una excusa para postergarlo".
PROYECTOS
En la instancia, Bernardo Larraín también reveló que la firma tiene prevista una cartera de proyectos por cerca de US$3.000 millones para los próximos años, los cuales sumarían casi 1.000 MW de capacidad.
En particular, esta cartera contempla el proyecto hidroeléctrico San Pedro, que tendría una capacidad de 150 MW, donde se están consolidando los resultados de los estudios y prospecciones de terreno para definir si son necesarios análisis adicionales y posibles adecuaciones a las obras.
También considera una segunda unidad de carbón en el complejo Santa María, que tendría una capacidad de 350 MW. Este proyecto ya posee permiso ambiental y se está evaluando las eventuales modificaciones requeridas por la nueva norma de emisiones, promulgada en 2011.
Finalmente, está incorporada la central hidroeléctrica de pasada La Mina, con una capacidad de 34 MW, que también posee permiso ambiental y tiene en curso una declaración de impato ambiental para su optimización. Esta iniciativa forma parte de los derechos de agua que tiene Colbún para desarrollar proyectos hidroeléctricos por cerca de 500 MW.
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