Presidente de la Suprema por Bocamina: "Estamos confiando en la autoridad administrativa para que ejerza sus funciones"

El dictamen dice que las operaciones del complejo estarán suspendidas hasta que la Superintendencia del Medio Ambiente no verifique que su funcionamiento no daña a especies y recursos hidrobiológicos y cumpla estrictamente con su Resolución de Calificación Ambiental.<br>




El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, se refirió al fallo que acogió las denuncias por daño ambiental contra la central termoléctrica Bocamina I y II de Endesa.

El dictamen dice que las operaciones del complejo estarán suspendidas hasta que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no verifique que su funcionamiento no daña a especies y recursos hidrobiológicos a partir de la succión de éstos por los ductos de aducción y cumpla estrictamente con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

En ese sentido, el titular de la Suprema e integrante de la Tercera Sala constitucional se refirió a los alcances del dictamen.

"En los temas ambientales y de inversión relacionados con energía, hemos dado muestra, precisamente en este caso de Bocamina, que estamos confiando en la autoridad administrativa para que ella ejerza sus funciones. Le hemos encomendado a la autoridad administrativa que ella inspeccione y supervigile los proyectos. Entonces, de esa manera, creemos que hay una mayor responsabilidad de la autoridad administrativa en que ella tiene que desarrollar sus labores", precisó.

Este viernes, la Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por organizaciones ambientales, de pescadores y ciudadanas en contra de la operación de la central termoeléctrica Bocamina I y II de Endesa ubicada en la bahía de Coronel, Región del Bío Bío, acusando que sus funcionamiento está dañando a recursos hidrobiológicos de la zona a raíz de la succión de éstos por los ductos de aducción del complejo y su posterior evacuación generando el varamiento de toneladas de especies marinas.

El fallo del máximo tribunal revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción que había rechazado la acción cautelar de paralización del complejo.

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