Presunto autor de asesinato de carabinero cumplía condena en libertad

Rodrigo Uribe Monsalve no era un nombre desconocido para los efectivos de Carabineros que patrullan en el sector oeste de la capital. El joven de 21 años, que ayer quedó en prisión preventiva tras ser formalizado como presunto autor del letal disparo contra el cabo José Barría Pérez (27), registra una condena de noviembre de 2013 por un grave delito: el porte ilegal de armas.

Según la sentencia del juez Marcelo Doering, el 16 de agosto de 2013, la policía fiscalizó a un automóvil sospechoso que transitaba por Pudahuel. Al registrar a sus ocupantes descubrieron que Uribe ocultaba una pistola Browning calibre 7.65 con 13 cartuchos. Por ese ilícito  fue condenado a 71 días de pena remitida y la obligación de firmar en Gendarmería hasta el 23 de diciembre de 2014. Tras sólo cumplir seis meses de pena, la nueva fiscalización al vehículo en que se trasladaba Uribe terminó en el asesinato de un policía.

Las horas previas al crimen del cabo Barría estuvieron marcadas por los constantes llamados al 133 denunciando balaceras en el límite de las comunas de Pudahuel con Cerro Navia. Esto llevó a que personal de la 45º Comisaría desplegara equipos de civil en el sector para realizar patrullajes y controles de identidad a sospechosos.

En ese marco, cerca de las 3.00 de ayer, en la intersección de las calles San Francisco con Estados Unidos, en Cerro Navia, un vehículo con seis ocupantes y sus vidrios polarizados llamó la atención del equipo compuesto por los cabos Mauricio Ramírez y José Barría.

Tras pedir al conductor detener el vehículo, uno de los ocupantes que viajaba en la parte trasera disparó a quemarropa. El tiro, según la policía, ingresó por el hombro derecho del uniformado y se alojó en su pecho. Pese a ser derivado a un centro asistencial, Barría falleció cerca de las 4.00 de ayer.

El deceso del policía desplegó un amplio operativo con personal del Gope que allanó una casa de calle Las Arvejas, en Pudahuel. Tras la diligencia, seis personas fueron detenidas y una pistola marca Colt calibre 32 era recuperada.

Los detenidos -que participaban de carreras clandestinas- fueron identificados como Matías Venegas Buzeta (18), Raúl Araya Pizarro (20) y B.E.L.R. (15), quienes quedaron recluidos en tránsito a la espera que la Corte de Apelaciones resuelva su situación. En tanto, Jaime Navarro Rojas (23), Erick Briceño Pérez (25), y Rodrigo Uribe Monsalve (21) quedaron en prisión preventiva.

Todos fueron imputados por el delito de homicidio de carabinero en el cumplimiento de sus funciones. El autor del crimen arriesga penas que van desde los 15 años y un día hasta cadena perpetua. Un antecedente que ayer reveló el fiscal Centro Norte, Manuel Zúñiga, fue que Uribe habría reconocido que "recibió de parte del Jaime Navarro Rojas (…) un arma de fuego que el referido imputado llevaba en sus piernas y con la cual efectuó un disparo al cuerpo de la víctima".

Una de las dudas que giraba en torno al procedimiento era el uso de chaleco antibalas. Según la policía, el uniformado abatido no lo portaba al momento de realizar el control vehicular. El jefe de zona Oeste, general Ricardo Solar, dijo que existe una obligación de "usar y portar chaleco antibalas para todo el personal que realiza servicios (...) los casco balístico y chaleco antibalas son entregados para su uso permanente". Es por esto que se abrió una investigación interna por el procedimiento policial.

Durante la tarde de ayer, la familia del uniformado viajó desde Puerto Montt a Santiago para asistir al velorio realizado en la capilla San Francisco de Borja. Al lugar llegó la Presidenta Michelle Bachelet quien, horas antes, entregó a la familia del policía fallecido "todo mi apoyo en este difícil momento, y les pido que confíen en que la justicia hará su trabajo".

Tras la ceremonia, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, aseguró que el gobierno se querelló en la causa. "Lo más importante es que en cada caso se investigue con la celeridad necesaria. Que las personas involucradas reciban las máximas sanciones", dijo.

El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mauricio Silva, dijo que el porte de armamento en manos de imputados es un tema que preocupa. "Nos estamos enfrentando a un fenómeno que realmente complica la vida en sociedad".

El fiscal nacional Sabas Chahuán, en tanto, aseguró que el caso preocupa "por dos dimensiones: porque al parecer es gente que tiene antecedentes y, en segundo lugar, por la cobardía y crueldad con que se actúa".

El senador de RN Alberto Espina criticó la falta de sanciones para quienes agreden a policías. A su juicio, esto "genera un incentivo a perder el respeto a los carabineros".