Primeras denuncias por falsos exonerados se conocieron en 2008

Entre 1994 y 2004, los gobiernos de la Concertación aprobaron un total de 157.000 carpetas de exonerados políticos, en el marco de la Ley 19.234 de 1993, que definió los requisitos para obtener esta calificación. Desde que esta condición era aprobada por el Ministerio del Interior, el ex INP (hoy Instituto de Previsión Social) revisaba los antecedentes para definir el monto y tipo de beneficio a entregar (pensión de gracia o abono de lagunas previsionales).

En sus postulaciones, las personas debían demostrar que habían perdido sus trabajos por razones políticas tras el 11 de septiembre de 1973, contexto en el cual varios parlamentarios emitieron certificados avalando lo que se denominó "el relato político".

Este punto ha sido muy cuestionado por la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, que ya el año 2003 comenzó a enviar cartas a las autoridades manifestando sus dudas sobre los procesos de calificación. Pero fue en el 2008 cuando sus denuncias generaron el primer escándalo público.

1 ESTALLA EL CASO

En noviembre de 2008, en una entrevista, el presidente de la Comisión Unitaria de Exonerados, Raúl Celpa, denunció que existían 100 mil casos falsos que percibían beneficios fiscales. Celpa -avalado por la diputada RN Karla Rubilar- también dijo que la legislación había sido instrumentalizada con fines electorales.

En medio de la polémica, el 23 de noviembre, el destacado abogado de DD.HH. José Zalaquett dijo que "hay una ley que se ha extendido varias veces, de indemnización a las personas que fueron expulsadas de la administración pública o de organismos públicos, y yo creo que eso no ha sido prolijo. (...) se han pasado muchos casos que son mucho más dudosos. (...) Lo que ocurre es que la ley permitía, incluso, que el secretario de los partidos políticos certificara la situación. Y fue muy laxa".

Tres días después, el entonces presidente del PS, Camilo Escalona, rechazó las críticas, señalando que "esto es un problema social bien profundo, porque se trataba de gente indigente que necesitaba una pensión".

En diciembre de ese año, el entonces subsecretario del Interior, Felipe Harboe, fue citado a la Comisión de DD.HH. de la Cámara Baja -que era presidida por Rubilar-. Allí explicó que "no hay ninguna persona a la cual se le haya concedido una pensión cuya resolución no haya sido previamente tomada de razón por la Contraloría". Aun así, el personero dijo que una de las deficiencias de la ley era que el conjunto de requisitos para calificar a los postulantes como exonerados -redefinidos en 1998- era amplio.

Marta Joignant, entonces jefa de la oficina a cargo de las calificaciones en Interior, descartó cualquier irregularidad y desestimó la explicación de Escalona: "No sé de dónde saca esa información". Según una auditoría interna de Interior, el 2006 ya se habían detectado graves falencias en el programa, sin que éstas fueran subsanadas.

2 COLETAZO DEL CASO VALECH

En agosto de 2010, la PDI informó al Ministerio del Interior que Julio Allendes Allendes -quien estaba siendo investigado por falsificar documentos para la obtención de becas Valech- habría emitido certificados fraudulentos para que personas obtuvieran la calificación de exonerados políticos. Junto con ello, la policía recomendó revisar cerca de 1.500 casos que podrían ser irregulares. Tras ello, Interior se querelló contra Allendes por falsificación de documento público y privado, y anunció una investigación. En diciembre de ese mismo año, Interior presentó una nueva querella contra quienes resultaran responsables, al detectar que en los 1.500 casos en cuestión existían exonerados aprobados con documentos irregulares.

3 SEGUNDA OFENSIVA

Entre octubre y noviembre de 2011, el escándalo vuelve a escalar. Tras un reportaje de Contacto de Canal 13, que revela las gestiones de diversos parlamentarios avalando postulaciones, Raúl Celpa revive los cuestionamientos a los procedimientos y señala que la ley se ha utilizado para "fines electorales". Además, reitera que serían 100.000 las posibles falsificaciones.

El oficialismo inicia una ofensiva que termina en una comisión investigadora que confirmó la existencia de irregularidades, pero no responsabilizó a ninguna autoridad en sus conclusiones.

En paralelo, Interior anuncia que ha revisado 4.000 carpetas, de las cuales 220 fueron remitidas al CDE, pues presentan anomalías. También se informa que auditará un total de 50.000 expedientes. Esa revisión terminó en abril de 2012, estableciendo que -en total- se recepcionaron 9.497 certificados de parlamentarios, de los cuales más de 6.000 son parte de expedientes irregulares (ver página 3).

Ese año, Zalaquett volvió a repetir sus críticas.

4 INFORME DE CONTRALORIA

El 9 de mayo de 2013, Contraloría emitió un informe realizado el año 2012 como parte de su plan de fiscalización, que revisó 9.145 expedientes, de entre las 74.423 personas que durante el año 2011 obtuvieron beneficios del IPS.

En su análisis, el ente fiscalizador analizó el rol de la Oficina de Exonerados Políticos y del Instituto de Previsión Social (IPS). Como conclusión, estableció que de los casos revisados, 2.951 personas no cuentan con los requisitos que establece la ley para ser calificados como exonerados y percibir beneficios. De entre ellos, 1.187 corresponden a ex empleados de partidos políticos: 627 del Partido Comunista, 499 del Partido Socialista, 28 del Partido Radical, 26 de la Democracia Cristiana, dos del Partido por la Democracia y otros cinco sin antecedentes.

El resto son 1.764 casos de personas calificadas como exoneradas por trabajar en empresas que, según la Contraloría, nunca fueron intervenidas, condición necesaria para obtener la aprobación (16 revalidados por el actual gobierno).

Junto con ello, la Contraloría objeta al IPS la entrega de pensiones vitalicias a 5.917 personas que no comprobaron haber prestado servicios a las empresas intervenidas, como lo pide la ley, lo que habría significado un daño fiscal de $ 29 mil millones entre 2005 y 2012. Estas pensiones se aprobaron en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet (2.839); y en el de Sebastián Piñera (3.078).

Esto dio pie para que el gobierno liderara una tercera ofensiva por el caso, responsabilizando a la Concertación y acusando que la ley de reparación para exonerados era una "máquina" para defraudar al Fisco.