Procesan formalmente a Pizango y a otros líderes indígenas en el Perú
<p>Se les acusa de ser responsables de los hechos de violencia en la Amazonía, que dejaron 33 muertos, 200 heridos y un desaparecido.</p>
El Poder Judicial del Perú abrió hoy proceso formalmente contra cinco líderes indígenas, incluido el asilado en Nicaragua, Alberto Pizango, como presuntos autores de delito contra la tranquilidad pública, apología de sedición y motín en agravio del Estado.
La jueza Carmen Arauco dictó órdenes de detención contra Pizango y sus compañeros Marcial Mudarra, Teresita Antaza y los hermanos Saúl y Servando Puerta, como presuntos autores de delito contra la tranquilidad pública, apología de sedición y motín en agravio del Estado.
De Mudarra, Antaza y los Puerta se ignora su paradero desde poco después de los sucesos del 5 de junio en inmediaciones de la ciudad de Bagua. Arauco le pidió a la Policía establecer si alguno de ellos salió del país para activar la búsqueda y los eventuales procesos de extradición.
Del único que se tiene la certeza de dónde está es de Pizango, de quien la Justicia peruana no descarta iniciar un proceso de extradición ante Nicaragua a pesar de su condición de asilado.
La jueza acogió así el informe de la fiscal Silvia Sack, quien afirma que los dirigentes incurrieron en los delitos en reuniones previas a los hechos de Bagua, en las que supuestamente instaron al uso de la violencia en el marco de la huelga de nativos amazónicos contra decretos que consideraban nocivos.
Además de las órdenes de captura, Arauco dispuso embargos preventivos contra los acusados.
Pizango estuvo al frente de la huelga indígena, que se prolongó por 70 días, en su condición de presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, un colectivo de 1.350 comunidades. Sus coprocesados, son conocidos apus (jefes) de la Amazonía.
Contra Pizango ya estaban en marcha órdenes preventivas de captura, incluso desde antes de que se refugiera en la embajada de Nicaragua poco después de los hechos de Bagua.
La huelga, a la que se le puso fin días después con la decisión de gobierno de derogar los decretos a los que se oponían los nativos, tuvo su jornada negra ese 5 de junio, cuando 23 policías, cinco indígenas y cinco mestizos perdieron la vida en incidentes que se desataron después de que la Policía desbloqueara una carretera tomada por miles de manifestantes.
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