Proyecto propone que todo reo esté obligado a trabajar

"Todo interno tiene el derecho y el deber de trabajar durante su condena", cita el proyecto de ley que presentará este jueves al Congreso el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), y que pretende realizar 13 modificaciones al Código Penal, con el objetivo de regular las labores de la comunidad carcelaria. "Hoy, en nuestra legislación no existe una norma estable, sino un reglamento y una serie de decretos que regulan el trabajo de los presos. No hay claridad legislativa al respecto", señaló Fuenzalida.

De acuerdo a la iniciativa, los recintos penitenciarios deberán disponer de "áreas destinadas para el trabajo de los internos". Se contempla que estas zonas carcelarias puedan ser concesionadas a particulares, "bajo la vigilancia y control de las autoridades". Aunque establece que los trabajadores no podrán ser puestos a disposición de terceros ni retirados del penal para realizar sus labores. No obstante, el trabajo también podría ser en la construcción de obras públicas u "otros de mantención o mejoramiento que, desempeñadas por organismos públicos, vayan en directo beneficio del interés general".

Para el parlamentario, pese a no poseer la atribución para proponerlo en el proyecto, "lo lógico es que las empresas, además de utilizar a los reos como mano de obra, tengan beneficio tributario al generar estas áreas concesionadas de trabajo".

De acuerdo al proyecto, estos trabajos serán regidos por los derechos laborales y de seguridad social vigentes.

Las remuneraciones, según indica el texto, se dividirán en cuatro partes: un 20% a indemnizar a la administración penitenciaria los gastos que ocasione la permanencia en el recinto; un 30% para hacer efectiva la responsabilidad civil que se desprenda de un delito; un 30% a formar un fondo de reserva que se le entregará a su salida, y un 20% a pagar las pensiones alimenticias a las que estuviera obligado.

Según la moción, la ley será complementada por un reglamento que determinará las formas mediante las cuales se pagará a los reclusos, y respecto a cómo se administrarán e invertirán estos mismos, a fin de "evitar su depreciación monetaria". Incluso, contempla que la administración e inversión "podría licitarse, conjunta o separadamente".

"Lo que estamos buscando es que de acuerdo a los tratados internacionales, establezcamos principios constitucionales para que la pena tenga un efecto de reinserción social, junto con resarcir el mal causado", aseveró Fuenzalida.